Tres días después de la masiva represión policial de las manifestaciones en Jujuy en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada, el conflicto político y social en esa provincia del Norte no para de escalar. No se repitieron las avanzadas de la Infantería de la Policía en las últimas 48 horas y este lunes los últimos detenidos del sábado fueron finalmente liberados, tras la visita de un funcionario nacional, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Horas después, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que, según su análisis, "no se encuentra garantizado el derecho a la protesta" en Jujuy y que "hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose". Por eso, presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.
Las protestas continúan y se multiplican dado que el problema de fondo se mantiene: el Gobierno dio una conferencia el lunes a la noche y, aunque dio de bajo dos artículos de su reforma, ratificó el resto del texto, incluido el artículo que más resistencia provoca y que tajantemente prohibe -y por ende criminaliza- los cortes de ruta. Múltiples sectores y gremios de Jujuy denuncian que el Gobierno provincial quiere cercenar su derecho a protestar y, por eso, los cortes de ruta a lo largo y ancho del territorio se mantienen intacto y, además, se sumaron nuevas movilizaciones en la capital provincial y un paro de varias centrales obreras para el miércoles, el primer día hábil tras el fin de semana largo.
Pietragalla contó que pidió una reunión con el Gobierno de Jujuy, pero no recibió respuesta. Morales tampoco convocó a las organizaciones y gremios movilizados durante el proceso de aprobación de la reforma constitucional y, ahora, la Iglesia Católica a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz pidió que "se convoque a los jujeños y jujeñas a participar de un diálogo paciente y ordenado sobre la reforma de la Constitución en Jujuy y que el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante", según un comunicado emitido por la comisión que depende de la Conferencia Episcopal Argentina. Por ahora no obtuvieron respuesta.
Este miércoles, en tanto, la atención estará puesta en la ceremonia de jura del nuevo texto constitucional en el teatro Mitre, en la capital. Hasta ese lugar convocaron a marchar organizaciones sociales, centrales obreras y comunidades indígenas para, otra vez, demostrar que la reforma se aprobó a espaldas de la calle, que hace tiempo se moviliza en contra de esta iniciativa de Morales.
La principal diferencia ahora es que el ojo de todo el país está puesto en la crisis en Jujuy, como demuestra el cruce de apoyos y denuncias de dirigentes nacionales al Gobierno de Morales. Mientras los dos precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se solidarizaron con su aliado -al igual que todos los dirigentes de Juntos por el Cambio que se expresaron hasta ahora públicamente sobre el tema-, desde el oficialismo las voces que denuncian la represión y en muchos casos también la reforma constitucional se multiplicaron: Pietragalla, los miembros del gabinete nacional Agustín Rossi, Gabriel Katopodis y Eduardo Wade Pedro, solo por nombrar algunos.