En medio de la crisis política jujeña, el gobernador Gerardo Morales ofreció una conferencia de prensa para reconocer el rechazo de las comunidades originarias a la reforma constitucional que él había impulsado y la Convención Constituyente aprobado, a espaldas de las protestas en la calle. En ella dijo haber escuchado los reclamos y anunció que daba marcha atrás con dos artículos, el 36 y el 50, para abrir un diálogo posterior y generar "consenso". Pero este miércoles referentes de esas mismas comunidades originarias hicieron saber a El Destape que están en alerta por un artículo que sí dejó en pie el mandatario provincial en la nueva Carta Magna ya jurada y publicada en el Boletín Oficial: el que se refiere al uso de las tierras fiscales y su futura reglamentación.
En la Constitución anterior de 1986, el texto incluía un largo listado de salvaguardias o límites constitucionales para la ley que reglamentara el uso de estas tierras, muchas reclamadas u ocupadas por las comunidades originarias. En el texto reformado y ya aprobado, casi todas estas salvaguardas desaparecieron y las únicas dos que sobrevivieron son imprecisas. Por eso, la futura ley que se apruebe -en una Legislatura de mayoría oficialista- podrá regular este punto clave y sensible para este sector social como quiera.
La marcha atrás a medias de Morales
“Tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”, había sostenido Morales en la conferencia un día previo a la jura y en referencia a los puntos 50 y 36 que volvieron a su antigua redacción, la de la Constitución de 1986. Sin embargo no se refirió al artículo sobre tierras fiscales y la transformación que sufrió en el nuevo texto.
En la vieja Carta Magna este artículo era el número 74 y tenía diez incisos que delimitaban el uso de las tierras fiscales y garantizaba que el manejo sea ajustado a un "interés social". La ley que regulaba en la antigua Constitución este punto establecía que debía hacerse "con sujeción a las siguientes bases" y entre ellas destacaba distribución de unidades económicas; concesión de créditos oficiales con destino a la producción; asesoramiento permanente por los organismos oficiales.
A diferencia de las diez "salvaguardas" que preveía la Constitución del '86 para el uso de las tierras fiscales, en el nuevo texto hay solo dos incisos y muy poco precisos. En la nueva redacción el artículo es el 94 y en su inciso número 1 establece que "la tierra es un bien de trabajo y producción"; mientras que en el número 2 establece que la ley regulará "la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo (...)"
Varias comunidades originarias alertan que la nueva redacción es ambigua y perdió los condicionamientos que sí tenía la anterior para delimitar el uso de las tierras fiscales. Además, creen que la alusión a una ley especifica encubre la intención de repetir el texto en su espíritu y sus formas pero en una ley que sea propuesta por Morales y aprobada gracias a la mayoría que tiene en la Legislatura.
Esta semana, en diálogo con El Destape Radio, la diputada de Unión por la Patria, Carolina Moisés, aseguró que la marcha atrás de los dos artículos que dio el gobernador es "una cortina de humo". "Es una pantalla para que hoy en los diarios Morales parezca como un moderado donde cede ante las comunidades aborígenes, cuando ellas han respondido que claramente rechazan esa posición del gobernador", afirmó Moisés. La diputada nacional contó que el 90 por ciento de las tierras de las comunidades originarias figura como tierras fiscales, de manera que Morales no va prescindir de la facultad de decidir sobre esas tierras.
"La trampa está en que las comunidades figuran como tierras fiscales, y el régimen que plantea Morales los faculta para poder decidir sobre todos los emprendimientos productivos en esas tierras", denunció la diputada jujeña.
Cerrar sesión