La Junta Ejecutiva de CTERA convocó a un paro nacional docente para exigir "el cese inmediato de la represión por parte de las fuerzas de seguridad al mando del gobernador jujeño Gerardo Morales" en el marco de las protestas que condenan la reforma Constitucional aprobada el viernes.
El gremio denunció que el pueblo jujeño está atravesando "una situación grave de vulneración de sus derechos fundamentales" y se refirió puntualmente al reclamo del sector docente en esa provincia, donde se cumplen ya dos semanas de paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales.
Veinticinco personas permanecían detenidas hoy en unidades penales del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, tras haber sido detenidas durante la represión.
"Rechazamos contundentemente el intento del gobernador radical Morales de disciplinar al pueblo jujeño y coartar su derecho a manifestarse de manera pacífica. Es inaceptable que se utilicen métodos represivos para acallar la valiente lucha que el pueblo de Jujuy ha venido llevando a cabo junto a organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios", puntualizaron en un comunicado,
El corte realizado ayer en la ruta nacional 9 y la intersección con la ruta nacional 52, en la entrada a esa localidad, se mantenía en pie esta mañana con manifestantes de varias comunidades de la Puna y la Quebrada de Humahuaca que protestan contra la reforma constitucional, y que permitían la habilitación al tránsito cada hora.
Cómo se votó el decreto
La Convención Constituyente de Jujuy, que quedó conformada sólo por los representantes del oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista -menos dos de sus integrantes que se retiraron junto a seis de la izquierda-, sesionó durante dos jornadas y terminó de aprobar en particular la reforma durante esta madrugada.
El debate en comisiones se venía desarrollando en un contexto de movilizaciones permanentes por parte de varias organizaciones, en particular del sector docente que encabezó la reedición de una multitudinaria marcha de antorchas bajo la consigna: "Arriba los salarios, abajo la reforma".
Más repudios a Morales
El presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Premio Nobel de la Paz 1984, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó ayer su "preocupación" por el hechos represivos ocurridos en Jujuy y rechazó "la forma y el proceso" en el cual se produjo la reforma parcial de la Carta Magna provincial.
"Manifestamos suma preocupación por los hechos de represión" ocurridos en Jujuy "en los que se está reprimiendo a integrantes de las diferentes comunidades indígenas de la Provincia", indicó una misiva difundida por el Serjap.
En ese sentido, sostuvo que los manifestantes en Jujuy "se encuentran ejerciendo su derecho a la libre manifestación y protesta social, tal como es garantizado" en varios artículos de la Constitución Nacional.
"Tal como como lo han expresado en las manifestaciones que se vienen llevando adelante, la población está en contra de la sanción de la Constitución provincial que ha sido votada el día vienes 16 de junio por la noche. De acuerdo con quienes hemos conversado, lo que se cuestiona.
En esa misma línea, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval advirtió en un comunicado que la disposición del gobierno jujeño penaliza la manifestación popular y agrede la libertad sindical. "Se pretende imponer la falsa idea de que la protesta social es enemiga de la convivencia democrática", advirtieron y reforzaron: "lo que rompe la armonía y la paz social es la política de la precarización y el sometimiento".
La titular del INADI, Greta Pena, también repudió la represión en Jujuy y exigió que "el derecho a la protesta debe ser garantizado en un sistema democrático". Afirmó que "la violencia es inadmisible" y "es urgente la libertad de lxs detenidxs y que se retome la vía del diálogo*".
A su vez, Pena se comunicó con el Comité contra la Tortura, con el objetivo de colaborar y proteger a las víctimas. El organismo publicó un documento junto al Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura que ratifica que "el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la protesta social" y "las fuerzas de seguridad deben actuar con estricto apego a los principios internacionales y constitucionales en materia de respeto a los derechos humanos para las personas manifestantes".
En tanto, exigió que "se garantice la integridad física y atención médica tanto de las personas detenidas como de todas aquellas que fueron reprimidas durante la protesta". También que "se realice una investigación expedita, eficaz, adecuada e independiente para establecer las responsabilidades que pudieran devenir de la actuación de las fuerzas de seguridad provinciales".
"Respalda el accionar del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de la Pcia. de Jujuy y de todos los integrantes del sistema provincial de prevención, tales como los integrantes de su Consejo Consultivo y organizaciones sociales habilitadas a monitorear los lugares de encierro y ratifica la plena disposición de todos los actores del Sistema Nacional de Prevención a cooperar con su tarea", completa el comunicado firmado por Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires; Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Chaco; y de todas las provincias.
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