Para llegar a fin de año, el Gobierno manoteó más de U$S 45.000 millones de organismos descentralizado. Mediante un decreto, el Ejecutivo fuerza a todas las dependencia a entregarles todos los fondos disponibles al Ministerio de Hacienda para el pago de la deuda que generó Cambiemos. A cambio del desfinanciamiento, les coloca Letras, con el objetivo de no devolver los préstamos y entregarle el problema al siguiente gobierno, de Alberto Fernández.
El titular del palacio económico, Hernán Lacunza, recaudó hoy dentro del Estado $ 2,4 billones (equivalentes a U$S 39.666 millones), U$S 5.030 millones y 340 millones de euros contra Letras. Lo hizo mediante la Resolución 766, que destina todos los pesos transferidos al pago de los servicios de la deuda y gastos no operativos.
Al Ministerio de Transporte le reasignó U$S 280 millones para la adquisición de equipos de tren EMUS para el tren Roca, U$S 225 millones para la compra de material rodante y el desarrollo de infraestructura del ferrocarril Belgrano Sur; U$S700 millones para el nuevo tramo del Belgrano Cargas; y U$S 1.700 millones para la rehabilitación del San Martín Cargas.
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A Hacienda le dio U$S 1.500 millones a tres años para el Fondo Capital de Trabajo. Para el Ministerio del Interior se destinaron U$S 50 millones para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal; U$S 80 millones para la ampliación, rehabilitación y optimización de plantas de tratamiento y extensión de redes de AYSA; y U$S 300 millones para el Parque Fotovoltaico Caucharí en la provincia de Jujuy. Por último, para Defensa son U$S 340 millones a tres años para el proyecto de adquisición de patrulleros oceánicos; y U$S 195 millones para la compra de un Buque Logístico Polar.
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El peligro de estos bonos que colocó el ministro corre por partida doble: por un lado, desfinancia a sectores que ya habían tenido su presupuesto aprobado por el Congreso; y, además, planea no devolver la deuda intra-estatal y generar un descuaje en las finanzas del sector público que heredará el Frente de Todos si gana las elecciones.
Para entregar los papelitos de colores, Lacunza se respaldó en la resolución conjunta 66 que firmaron las secretarías de Hacienda y Finanzas el 11 de octubre, que a su vez es la reglamentación del decreto 668, del 27 de septiembre. En concreto, el DNU fuerza a todos los organismos descentralizados a entregar sus sobrantes de billetes al ministro o al Banco Nación.
El Tesoro sufre la agonía de la profunda crisis y la disparada inflacionaria, que este año cerrará cercana al 60%. De acuerdo al decreto, toda liquidez superior a $ 300 millones o a U$S 5 millones deberán hasta el 30 de abril suscribir de Letras del Tesoro precancelables en pesos o dólares. Según el ministerio, los organismos sólo podrán exceptuar la directiva si depositan los fondos en el Banco Nación o en el fondo común de inversión Pellegrini SA (que pertenece a esa entidad bancaria). Además, les prohíbe poseer fondos en bancos privados o banco públicos distintos al BNA y al BICE.
Si necesitan dinero para la atención de los gastos operativos, deberán seguir un proceso largo y burocrático, sujeto a la aprobación posterior del Ejecutivo. “En el caso de que el organismo alcanzado tenga una necesidad financiera en los próximos treinta 30 días que no pueda cubrir con sus ingresos corrientes, deberá proceder de la siguiente manera: primero, deberá utilizar su liquidez en cuentas a la vista; luego, pedir el rescate de sus cuotapartes en fondos comunes de inversión; después de esto, utilizar la cobranza de depósitos a plazo fijo u otras inversiones; y, por último, afectar los fondos provenientes de la cancelación anticipada de las Letras del Tesoro.
El viernes, el Gobierno también emitió Letras del Tesoro por $ 5.000 millones y U$S 1.000 millones. Antes, el 8 de octubre, Lacunza le sacó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES el equivalente a $ 15.500 millones.
Cambiemos llenó el FGS de papelitos de colores
El 7 de octubre, los secretarios de Finanzas, Santiago Bausilli, y de Hacienda, Rodrigo Pena, le entregaron una nota al FGS donde le requirieron dos préstamos, por $ 12.000 millones y U$S 500 millones.
De acuerdo a los documentos a los que accedió El Destape, tan solo 45 minutos después, el titular del fondo de los jubilados, Alejo Maxit, dio la orden dentro de ANSES de que giren el dinero sin opinión de las áreas técnicas.
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