La decisión de tres provincias -por ahora- de cobrar, o amenazar con hacerlo, un tributo a quienes ingresaron al blanqueo generó una tensión inesperada en la relación con el Gobierno, que en los últimos días había comenzado a recibir a los gobernadores por tandas, prometiéndoles compensar de alguna manera las deudas que mantiene con ellos y reactivar la obra pública. En las últimas horas, además, se agregó una nueva tirantez por la sesión especial convocada para el martes próximo, en la que las bancadas opositoras buscarán reformar la ley que regula los DNU y derogar el decreto 846 por el cual el Ejecutivo autoflexibilizó las condiciones para canjear deuda, la especialidad de la casa que atiende el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Desde la Rosada enviaron advertencias a las provincias que si seguían adelante se podían caer todas las negociaciones por el Presupuesto 2025.
Cuando entendió que la relación de fuerzas en el Congreso se le había complicado demasiado, al nivel de quedar al borde de una oposición de dos tercios que lo ponía a tiro del juicio político, Milei decidió finalmente empezar a recibir a los gobernadores -en algún momento parte de "la casta" y calificados en los peores términos- en la Casa Rosada de a tandas. Comenzó con un grupo de provinciales y peronistas dialoguistas, le siguieron los del PRO, más recientemente, los radicales. Pero un dato llamativo fue que casi al mismo tiempo que pasaba por el salón presidencial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentaba un proyecto de ley para que se creara un impuesto especial sobre el blanqueo, generando un crédito fiscal, a cuenta de Ingresos Brutos, para destinar a emprendimientos productivos y construcción de viviendas.
El proyecto santafesino se sumó así al tributo ya aprobado en Neuquén y Salta, que al momento de adherir al blanqueo nacional incluyeron que los ciudadanos de esas provincias debían abonar una tasa similar a la establecida por Nación cuando el blanqueo excediera los 100 mil dólares. En el caso de Pullaro, el proyecto recién fue enviado a la Legislatura y se especulaba con que podría formar parte de un tira y afloje para negociar con la Casa Rosada la letra del Presupuesto 2025. Porque si bien los mandatarios provinciales salieron de la Casa Rosada asegurando que el encuentro con el Presidente y sus funcionarios había sido bueno, también reconocieron que no habían avanzado en ningún punto en concreto sino que simplemente habían coincidido en los lineamientos generales.
En caso de que sus demandas fueran de nuevo pasadas por alto, otros gobernadores podrían ir también en busca de recursos en las cuentas de quienes entraron en el generoso blanqueo ofrecido por el gobierno de Milei. "Esta medida busca equilibrio: dar seguridad a quienes regularicen y premiar a los que cumplen, impulsando a su vez el crecimiento y la inversión en nuestra provincia", justificó el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, el envío del proyecto a la Legislatura provincial.
Pero la posibilidad de que se generalice un tributo a quienes ingresaron al blanqueo no era por estas horas la única preocupación del Ejecutivo. Es que se confirmó el pedido de sesión especial para el martes firmado por diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre con dos puntos en el temario de extrema importancia. Por un lado, la reforma de la ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Por el otro, la derogación del DNU 846 que flexibiliza las condiciones del canje de deuda y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Desde la Casa Rosada le bajaron el mensaje a los gobernadores que si permitían que se avanzara con estas dos propuestas se caerían sus acuerdos, empezando por la reactivación de la obra pública en las provincias.
La ley de DNU data de 2006 y la flamante presidenta del PJ, Cristina Kirchner, fue su principal impulsora. Claro que era para darle un uso lógico a los decretos y no para la firma a repetición que pretenderle hacer Milei para legislar eludiendo al Congreso. Pero, dado que se trata de una ley de CFK, la iniciativa para modificarla no la lleva adelante Unión por la Patria sino en bloque de Miguel Angel Pichetto, que emitió dictamen en base a un proyecto propio.Con el cambio, la ley le otorga solo 90 días de vigencia a un DNU, período en el que debe tratarlo el Congreso, de lo contrario se cae. Además, se puede rechazar con la decisión de una de las Cámaras y no de las dos, como es actualmente. El Gobierno sabe que los gobernadores -como el cordobés Martín Llaryora el chubutense Ignacio Torres- tienen mucha influencia sobre esta bancada. La apuesta, una vez más, es presionar a los gobernadores, con las cuentas provinciales necesitades del auxilio oficial.
Unión por la Patria y Cristina vienen impulsando con fuerza el otro punto pautado para el martes: la derogación del decreto que modifica las condiciones para realizar un nuevo canje de deuda, un ítem que aparece en la agenda a corto plazo del ministro Caputo. El cambio que el Gobierno hizo por decreto elimina la obligatoriedad de que el canje pase por el Congreso y también la exigencia que mejore al menos dos de tres condiciones: capital, plazo o intereses. Si el Ejecutivo decidió quitar esa condición, sospechan los legisladores de la oposición, es porque tiene en carpeta un canje que no mejore sino que empeore esas condiciones.
Entre los 99 diputados de UP, los 16 Encuentro Federal y los 12 radicales rebeldes de Democracia por Siempre alcanzarían 127 legisladores. A ellos podrían sumarse los 6 de la Coalición Cívica y los 5 del Frente de Izquierda, con lo que llegarían a 138, un número más que suficiente para avanzar en las dos propuestas y asestarle un duro golpe al Gobierno. La Rosada apunta a evitar el quórum con la ausencia de los diputados que responden a los gobernadores, bajo amenaza de dejarlos sin presupuesto. Pero la lentitud con la que avanza el debate en las comisiones de la Cámara baja hacen pensar a la oposición que la jugada oficial es llegar al cierre de las sesiones ordinarias -el próximo 30 de noviembre- sin la norma aprobada y que Milei gestione en 2025 de nuevo con un presupuesto prorrogado, de manera de mover las partidas a su gusto.
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