El ministerio de Capital Humano incumple las órdenes judiciales y no entrega comida a más de 120 comedores

El ministerio de Capital Humano continúa incumpliendo órdenes judiciales y no entrega comida a, al menos, 120 comedores comunitarios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la UTEP reclamaron a la Justicia este lunes que haga cumplir una medida cautelar y sancione a la ministra Sandra Pettovello por no entregar alimentos a 66 comedores del Amanecer de los Cartoneros, a 54 de la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y a otro del Padre Paco en Isla Maciel. Los denunciantes reclaman una intervención judicial urgente por las incesantes maniobras dilatorias del gobierno.

En un escrito de 11 páginas al que tuvo acceso El Destape, el CELS y la UTEP reclamaron a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal –donde tramita el “caso Alimentos”-  que “a los fines de evitar nuevas dilaciones” tome cartas en el asunto y:

• “En relación a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, se intime al Ministerio de Capital Humano a que en el plazo que V.S. disponga incorpore de forma efectiva los 54 comedores y merenderos gestionados por esta organización en las políticas alimentarias vigentes, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias diarias. Ello sin perjuicio de las potestades que tiene el PEN de auditar todo lo que considere necesario”.
   
• “En cuanto a la Asociación Civil ‘Amanecer de los Cartoneros’, que se hagan efectivas las sanciones conminatorias en forma retroactiva, en cabeza de la Ministra Sandra Pettovello, hasta el estricto cumplimiento de la intimación formulada a fs. 1420” ya que desde la cartera de Capital Humano se incumple una orden judicial y no se está entregando comida a 66 comedores vinculados a esa asociación.
   
• “En relación a la Fundación ‘Isla Maciel’, se ordene la inclusión en la política y la transferencia efectiva de los fondos previstos por el programa ‘Alimentar Comunidad’ al comedor ‘Mártires Populares’ en plazo perentorio, también bajo apercibimiento de sanciones conminatorias diaria”. Esto se debe a que “aunque se encuentra registrado en el RENACOM, presentó toda la documentación requerida, solicitó la renovación del convenio para seguir recibiendo las prestaciones alimentarias por medio de la política ‘Alimentar Comunidad’ y fue relevado por el MCH en tres oportunidades, no tuvo respuesta alguna del Ministerio. A la fecha, si bien se les entregó la tarjeta para recibir los fondos, aún no se han transferido los recursos solicitados para atender a las familias que asisten al comedor”, se precisó en la presentación de este lunes.

El requerimiento judicial lleva las firmas del director de Litigios del CELS, Diego Morales, de la Coordinadora de la agenda transversal feminista y co-coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS Lucía de la Vega, y de Walter Gramajo, secretario general de la UTEP. Los reclamos pueden tener consecuencias penales. El juez a cargo de la causa podría denunciar a las autoridades de Capital Humano por el incumplimiento de los deberes de funcionario o el incumplimiento de una orden judicial.

Exigen al gobierno que incorpore 54 comedores al plan alimentario

El CELS y la UTEP hicieron un planteo el 26 de diciembre pasado en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 para que el ministerio de Capital Humano cumpla una medida cautelar dictada el 12 de julio de 2024 y entregue alimentos a 63 comedores vinculados a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (FACCyR). El escrito retoma la intimación judicial que obligó a la cartera al mando de Pettovello, a finales de noviembre pasado, a inscribir a 66 comedores del Amanecer de los Cartoneros al programa “Alimentar Comunidad”. Es que la mecánica para retacear la entrega de comida fue la misma: el gobierno de Milei apenas asumió suspendió los programas que se venían aplicando, creó un nuevo programa para canalizar los alimentos y allí trabó la inscripción a esos programas de muchas organizaciones a cargo de decenas de comedores.

Este lunes, desde el CELS y la UTEP respondieron a otro planteo evasivo de Capital Humano, que el 10 de enero había desconocido los comedores de FACCyR a los que se hizo referencia el 26 de diciembre. Entonces, la cartera al mando de Pettovello pidió a los denunciantes “que detalle(n) cuáles son los 63 espacios comunitarios a los que hace mención en su presentación que corre a fs. 1426/1443, con expresa indicación de su ubicación geográfica y domicilio”. Se trató de una nueva argucia para ganar tiempo.

Tras narrar el racconto de presentaciones que vienen realizando desde el año pasado para poder acceder a la entrega de comida, el CELS y la UTEP señalaron: “Queremos poner de manifiesto la falta de buena fe por parte de la demandada, quien sólo prosigue con los trámites administrativos correspondientes a pedido expreso de autoridad judicial en post de evitar una sentencia judicial que la haga incurrir en responsabilidades que puedan ser tipificadas penalmente y no en pos de garantizar el derecho a la alimentación, sin respetar los principios básicos del derecho administrativo y vulnerando así no solo el derecho al debido procedimiento a esta entidad, si no que dilatando el cumplimiento de la medida cautelar dictada y entorpeciendo el derecho a la alimentación de los beneficiarios de la presente acción”. Acto seguido reclamaron que la justicia intime a Capital Humano a incorporar con urgencia a 54 comedores de FACCyR a los programas alimenticios para que puedan recibir comida bajo apercibimiento de recibir sanciones.

Diego Morales, Director de Litigios del CELS, explicó a El Destape: "Esta cooperativa presentó la rendición de cuentas que le reclamaba el Ministerio de Capital Humano. Se explicó que esta rendición de cuentas se había presentado en 2023 y 2024. Por lo tanto no es cierto como planteaba el ministerio que estos comedores y merenderos no habían rendido las cuentas sobre la entrega de alimentos del 2023. Por eso, le reclamamos al juez que le orden al Ministerio de Capital Humano cumplir con sus compromisos con relación a estos comedores".

Piden sanciones a Pettovello por no ejecutar la entrega de comida a otros 66 comedores

El 28 de noviembre pasado, la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal intimó a Pettovello a que “en el plazo de tres días hábiles, incorpore de forma efectiva los 66 comedores de la Asociación Civil ‘El Amanecer de los Cartoneros’ bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias” en el Programa Alimentar Comunidad. ¿Qué hizo el ministerio? Inscribió a un grupo de comedores de El Amanecer de los Cartoneros -no a todos ni a los que habían sido solicitados- en el mentado programa pero no les entregó alimentos al día de hoy. “A partir de ese momento comenzaron las habituales maniobras dilatorias por parte de la demandada (lo de siempre), imponiendo requisitos nuevos, correos electrónicos que no son contestados y demás vías de hecho que nos llevan a manifestar que al día de la fecha y habiendo pasado casi dos meses de la intimación no hay ningún comedor de la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros que haya sido incluido y/o recibido la tarjeta del programa Alimentar Comunidad”, indicaron el CELS y la UTEP en el planteo del lunes.

“De más está decir que la obligación impuesta por este juzgado no se agota con la mera publicación de una resolución, sino que dicha resolución debe tener cumplimiento efectivo, cuestión que hasta el momento no está sucediendo”, afirmaron los denunciantes en clara alusión a quienes están a cargo del expediente, los jueces Walter Lara Correa y Enrique Lavié Pico.

La cronología de los planteos que se vienen haciendo desde que se libró la intimación y las respuestas de Capital Humano evidencia las maniobras dilatorias del gobierno:

• El pasado 13 de diciembre, días después de la intimación, el ministerio solicitó nuevamente la documentación de todos los comedores comunitarios así como de los potenciales responsables de las tarjetas.
   
• El 20 de diciembre, el CELS y la UTEP enviaron la documentación requerida de 95 comedores comunitarios que se encontraban en el pedido de alta de subsidio que habían remitido en julio de 2024 y de los que el gobierno dijo que se encontraban validados.
   
• El 30 de diciembre, agregaron documentación de 5 comedores comunitarios más y solicitaron que se les indique si habían recibido correctamente la documentación y si requerían alguna documentación extra.
   
• El 2 de enero Capital Humano dijo que la documentación debía estar separada por comedor y no todo en un único documento. También aseguraron que sólo tomarían lo correspondiente al listado informado en la medida judicial, nónina que no había sido remitida por la asociación civil y que incluía varios espacios que ya se había informado por escrito al Ministerio de Capital Humano que dejaban de formar parte de la misma e incluía uno que siempre correspondió a otra organización.
   
• El 10 de Enero el CELS y UTEP enviaron la documentación tal como fuera solicitada a un correo del ministerio. “Desde allí nunca más ese correo recibió documentación, no sabemos si fue dado de baja, si está llena su casilla o cuál es la razón, pero hace 10 días que rebotan sistemáticamente los correos electrónicos”, se resaltó en la presentación de este lunes.

Ante este cuadro de situación, los denunciantes enviaron mails a autoridades del ministerio con el fin de recibir confirmación de recepción pero tampoco recibieron respuesta.

“Los hechos narrados reflejan una conducta sistemática de incumplimiento por parte del Ministerio de Capital Humano, caracterizada por maniobras dilatorias, imposición de requisitos innecesarios y falta de respuestas concretas. Esta actitud no solo vulnera los principios básicos del derecho administrativo y la buena fe procesal, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a la alimentación”, señalaron el CELS y la UTEP este lunes. “Ante el evidente perjuicio causado a los comedores comunitarios y los beneficiarios finales de estas políticas, se torna imperativo que se adopten medidas sancionatorias inmediatas para instar al cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y el respeto a las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en el marco de sus programas sociales”, añadieron.

El caso del comedor del Padre Paco

En esta causa que tramita en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 se denunció la situación de los comedores “Monseñor Angelelli”, que funciona en la localidad bonaerense de Merlo, y “Mártires Populares”, que funciona en la Isla Maciel, ambos gestionados por la “Fundación Isla Maciel”, vinculada al Padre Francisco "Paco" Olveira.

Tal como da cuenta el escrito de este lunes, “se informó que no reciben los fondos necesarios para sostener las prestaciones alimentarias que ofrecían de forma diaria a un total de 653 personas, de las cuales 390 son niños y niñas. Durante el año 2023, la Fundación repartía 4064 raciones semanales de comida entre almuerzos y cenas, y 1304 desayunos y meriendas. La fundación es parte del Programa Alimentar Comunidad - una prueba piloto - que incorporaba a 20 comedores”.

“Si bien desde el Ministerio se han realizado tres inspecciones a estos comedores y se ha solicitado nuevamente la firma del convenio, hasta el momento el comedor ‘Mártires Populares’ no ha recibido las prestaciones alimentarias adeudadas. Esta suspensión de la política alimentaria se sostiene desde diciembre de 2023 a la actualidad, en incumplimiento de la medida cautelar dictada en autos”, mencionaron el CELS y la UTEP en el escrito de este lunes.

La última visita que hicieron desde el ministerio al comedor Mártires Populares, que sufrió un incendio e igual mantuvo el servicio de asistencia alimentaria, fue hace dos semanas, el pasado 7 de enero. Los enviados por Capital Humano realizaron un relevamiento óptico de los espacios físicos, una entrevista con el equipo técnico de la Fundación, tomó registros fotográficos y completó un formulario “en línea” mediante una aplicación celular (diseñada por el Banco Mundial) de la que no se dejó copia a la Fundación.

“Al día de hoy, después de las tres inspecciones realizadas por el demandado en los comedores, y pese a lo informado en la causa, sólo el comedor ‘Monseñor Angelell’ fue incluido y recibe las prestaciones correspondientes a la política ‘Alimentar Comunidad’, pero no sucede lo mismo con el comedor ‘Mártires Populares’”, se resaltó en el escrito presentado en la Justicia este lunes. “Si bien este último comedor ya cuenta con la tarjeta para percibir los fondos, todavía no recibe las prestaciones alimentarias reclamadas a través del Programa Alimentar Comunidad y las prestaciones que recibió a través del Programa de Naciones Unidas ‘Abordaje Comunitario’ fueron sólo por tres meses, que finalizaron el 27 de diciembre de 2024. Ello a pesar de que fue constatado por el propio demandado, en las visitas realizadas, que ya se encuentra en pleno funcionamiento dicho comedor”, se destacó.

Por esta razón, el CELS y la UTEP reclamaron a la Justicia que “intime al demandado al cumplimiento de la cautelar y a la transferencia efectiva de los fondos”.

¿Qué hará la Justicia? ¿Le seguirá dando margen de maniobra a Pettovello para repetir sus maniobras dilatorias o hará cumplir la medida cautelar del año pasado? Lo que está en juego es, ni más ni menos, que el hambre de los sectores vulnerables de la población.