La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continúa su política de retaceo de alimentos a comedores comunitarios. Luego de que el juez Enrique Lavié Pico habilitara la feria judicial para tratar un reclamo del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y la UTEP que demandaron a Capital Humano a que cumpla una medida cautelar y entregue comida a al menos 63 comedores vinculados a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (FACCyR), desde la cartera que conduce Pettovello respondieron con evasivas.
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El gobierno respondió que “no ha podido determinar cuáles son los 63 espacios comunitarios a los que se alude en la presentación en traslado”. “Ello no ha sido especificado por la contraria en la pieza que aquí se contesta”, escribió el 10 de enero el abogado Alejandro Migdalek, quien trabaja para Capital Humano. Y añadió, invirtiendo las responsabilidades: “En atención a lo expuesto, y al solo efecto de analizar la petición en traslado, sin que ello implique un pronunciamiento concreto de mi representada sobre la misma, se exora a V.S. emplace a la contraria a que detalle cuáles son los 63 espacios comunitarios a los que hace mención en su presentación que corre a fs. 1426/1443, con expresa indicación de su ubicación geográfica y domicilio. Fecho, se confiera un nuevo traslado a mi mandante con la información proporcionada”. La contestación fue al límite de la fecha que tenía el ministerio responder y no incurrir en una falta.
Desde el CELS, que responderá al planteo del gobierno, explicaron a El Destape: “Después de toda la presión y de un año de juicio recién ahora reactivan los procedimientos administrativos para darle continuidad a la política. Esto lo tuvieron que haber solicitado a principio de 2024. Así, ya ese año se le daba continuidad a la política alimentaria pero no lo hicieron, intencionalmente. Y ponen bajo sospecha los espacios. Es lo que decimos en las presentaciones, son las vías de hecho ilegales que denunciamos desde el primer momento. Dentro de eso está que quieren confirmar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) pero nunca terminan de hacer todas las visitas territoriales que eso demanda. El juez ya les dijo que en la sentencia que esto no lo hicieron en más de 8 meses de litigio”.
Diego Morales, director de litigio y defensa legal del CELS, explicó: “El juez Walter Lara Correa aclaró en su resolución de fines de octubre que el RENACOM es una propuesta de actualización que hizo el Poder Ejecutivo en febrero y en mayo dijo que lo terminaría y no lo terminó. En la sentencia que emitió el juez en octubre señaló que no estaba terminado ese registro”. “El RENACOM funciona como excusa”, concluyó Morales.
El mismo magistrado también ya le exigió al Ejecutivo que resuelva los expedientes administrativos con celeridad porque lo que está en juego es el hambre de un sector vulnerable de la población. No obstante, el gobierno hace oídos sordos a los reclamos.
“El gobierno tiene la información sobre los comedores porque está presentada en el expediente. Es el Estado el que tiene que confirmar los datos que está pidiendo. Pero trasladan la responsabilidad de cuestiones que puede resolver el propio Estado como justificación de la demora o como explicación de la demora. Con ello generan estas condiciones de sospecha permanentes sobre las organizaciones”, añadió Morales.
El pedido de comida para 63 comedores
El CELS y la UTEP hicieron un planteo el 26 de diciembre pasado en la Justicia para que el ministerio de Capital Humano cumpla la medida cautelar dictada el 12 de julio de 2024 y entregue alimentos a 63 comedores vinculados a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (FACCyR). El escrito retoma la intimación de Lavié Pico que obligó a la cartera al mando de Pettovello, a finales de noviembre pasado, a inscribir a 66 comedores del Amanecer de los Cartoneros al programa “Alimentar Comunidad”. Es que la mecánica para retacear la entrega de comida fue la misma: el gobierno de Milei apenas asumió suspendió los programas que se venían aplicando, creó un nuevo programa para canalizar los alimentos y allí trabó la inscripción a esos programas de muchas organizaciones a cargo de decenas de comedores.
En la presentación de finales de diciembre, se resaltó que “los 63 espacios comunitarios nucleados en dicha Federación dejaron de recibir las prestaciones alimentarias en diciembre de 2023, se encuentran registrados en el RENACOM y aunque presentaron toda la documentación requerida y solicitaron la renovación del Convenio para dar continuidad a las prestaciones alimentarias que venían recibiendo a lo largo de los años (RESOL-2023-230-APN#MDS), no tuvieron respuesta de parte del demandado (adjuntamos como documentación adjunta el intercambio de correos con el demandado)”. Ante este cuadro, “ en el marco del cumplimiento de la medida cautelar firme dictada en autos el pasado 12 de julio, solicitamos se intime al Ministerio de Capital Humano de la Nación a la adopción de las medidas administrativas necesarias para la inscripción de la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada en el programa ‘Alimentar Comunidad’ (o en el programa que el gobierno considere para continuar con las prestaciones alimentarias que venían recibiendo la entidad en cuestión) y la reanudación de la distribución de la prestación alimentaria suspendida, en el plazo perentorio de 72 horas y bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias diarias en cabeza de las autoridades demandadas”, reclamaron el CELS y la UTEP.
El juez Lavié Pico habilitó la feria para tratar este planteo y el último viernes el gobierno respondió diciendo que no sabía de qué 63 comedores se está hablando.
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Habilitación de la feria
Lavié Pico, quien está a cargo del juzgado en los Contencioso Administrativo Federal Nº 7, hizo lugar el pasado 6 de enero a un planteo del CELS y la UTEP, que pidieron al magistrado que habilite la feria por dos cuestiones: para hacer un seguimiento de la entrega de alimentos a 66 comedores del Amanecer de los Cartoneros, vinculados a la UTEP, a los que Capital Humano no estaba abasteciendo y a los que la Justicia ordenó que les suministre comida; y para que se reanude la distribución de alimentos a al menos 63 comedores comunitarios gestionados por Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (FACCyR). Esto comedores, como los del Amanecer de los Cartoneros, dejaron de recibir comida por parte del Estado desde que asumió Javier Milei.
“Los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida, por cuanto debe considerarse a la petición efectuada como comprendida entre las diligencias urgentes a la que se hace referencia en el artículo 153 del Código Procesal y que, en consecuencia, torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”, escribió Lavié Pico el primer lunes de enero.
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La habilitación de la feria es central porque lo que está en juego es el hambre de sectores muy vulnerables de la población. La decisión de Lavié Pico implicó que se reestablezcan los plazos para que el ministerio de Capital Humano responda al reclamo de abastecimiento de comida a 63 comedores de la FACCyR que se realizó el 26 de diciembre. Por eso la cartera que conduce Pettovello no tuvo más remedio que contestar. Buscó responder con evasivas, para seguir ganando tiempo.
Ahora se espera un nuevo planteo del CELS y la UTEP y el magistrado deberá resolver. Está habilitado a intimar al gobierno u ordenarle que inscriba a los comedores en los programas del Estado, tal como hizo con los comedores del Amanecer de los Cartoneros.
La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que tenía diversos convenios alimenticios firmados con lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, se presentó en este expediente el 12 de abril del año pasado y aún aguarda una respuesta judicial para abastecer a sus comedores.
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El caso Alimentos
Apenas asumió la presidencia de la Nación, Javier Milei decidió librar una batalla política contra las organizaciones sociales. Uno de sus ataques fue suspender la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. Esto motivó a que en febrero distintas organizaciones que tenían comedores empezaran a reclamarle en la Justicia al ministerio de Capital Humano la falta de entrega de comida. Así se abrió una causa en la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
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“Junto a la UTEP presentamos un amparo - indicó Morales del CELS a El Destape en diciembre pasado cuando explicó la génesis de esta causa emblemática-. En mayo, la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente. El Amanecer de los Cartoneros se presentó para reclamar por sus 66 comedores y merenderos que no recibían las comidas por decisión del ministerio de Capital Humano. La Justicia en julio ordenó al ministerio que entregue los alimentos. En octubre, la justicia condenó al ministerio que encabeza Sandra Pettovello por la falta de entrega de la comida. Pero el gobierno se negó a entregar la comida que había ordenado la justicia a través de la cautelar de julio”. Este cuadro derivó en una nueva presentación del CELS que tuvo acogida por parte del juez Enrique Lavié Pico, quien el 27 de noviembre pasado intimó al gobierno a que cumpla con la entrega de comida a los 66 comedores del Amanecer de los Cartoneros: "Habida cuenta del derecho alimentario en juego, el tiempo transcurrido y a fin de evitar dilaciones innecesarias, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a fin de que, en el plazo de tres días hábiles, incorpore de forma efectiva los 66 comedores de la Asociación Civil 'El Amanecer de los Cartoneros' bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias", afirmó el magistrado. En el último mes del año pasado, al estar presionada por la Justicia, Pettovello decidió ceder. En ese marco se conoció la resolución firmada por el secretario de Niñez que alcanzó a 66 comedores del Amanecer de los Cartoneros que reclamaron en sede judicial. Pero son muchos más los comedores que no están recibiendo comida. Por eso, a finales de diciembre, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada se hizo eco de lo resuelto con los comedores vinculados a la UTEP y pidió que también se entregue alimentos a al menos 63 comedores que administra.
El gobierno, con una nueva maniobra dilatoria, se hace el desentendido con el reclamo. ¿Qué hará la Justicia?
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