El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello continúan sin contestar lo que se les pide en tribunales en la causa sobre el incumplimiento de los planes y programas alimenticios, la comida no llega a los comedores y la situación social se agrava a lo largo y ancho del país. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal lejos de tomar medidas ante el incumplimiento estatal de la medida cautelar y resolver de manera urgente el fondo de la demanda que impulsan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la UTEP, le da al gobierno más tiempo. En un escrito del último 30 de agosto, por ejemplo, el juez Walter Lara Correa otorgó a la cartera que conduce Pettovello otros 10 días hábiles para brindar la información que está retaceando. A la par, el gobierno se queda sin respuestas ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU que está evaluando la situación de las infancias en la Argentina y hace hincapié en la falta de acceso a la comida.
“A pesar de haberse comprobado el incumplimiento por parte del Ministerio de Capital Humano, el juez Walter Lara Correa sigue jugando con el hambre de la gente”, denunciaron este lunes desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La referencia es al magistrado que está a cargo de la investigación judicial en el fuero contencioso administrativo sobre el incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la ejecución de planes y programas alimenticios como el Plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nicolás Caropresi del MTE/UTEP, señaló a El Destape: “En febrero pasado hicimos la denuncia en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se avance con el cumplimiento de los convenios de alimentos que teníamos con el ex ministerio de Desarrollo Social, ahora ministerio de Capital Humano. La verdad que entendemos que el accionar del juez es demasiado considerado con la ministra Pettovello. A los comedores nos solicita pruebas de que no recibimos alimentos. Estamos pidiendo donaciones para hacerlos funcionar. Buscan dilatar las resoluciones judiciales. No podemos entender por qué. Si es porque en la Justicia le tienen miedo a la ministra o si es que hubo un diálogo con el ministerio y llegaron a un acuerdo que desconocemos. El juez debería haber avanzado con varias resoluciones. Se va dilatando una situación cada vez más grave en los barrios populares. Este lunes, en la olla de la Plaza de Congreso, donde con una olla de 50 litros le dábamos de comer a los asistentes hoy tuvimos que llevar tres ollas y no alcanzó. Eso se repite en cada barrio y plaza en todo el país y el ministerio sigue sin entregar 1 gramo de arroz”.
Los cuestionamientos se dan en una causa paralela a la penal que tramita ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7, a cargo del mentado juez Walter Lara Correa, quien antes de la feria judicial de invierno aceptó al CELS como representante de una acción colectiva e hizo lugar a una medida cautelar que dispuso que el Ministerio de Capital Humano “no innove respecto de los planes y programas” alimenticios que “deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”. Durante la feria, su colega Martín Cormick habilitó la interrupción del receso para hacer lugar a la cautelar. Pero nunca se terminó de ejecutar. Tras un pedido de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros y del CELS para que se cumpla la medida, la Justicia se enredó en una calesita de extensiones de plazos para que el gobierno responda requerimientos que hicieron que todo siga como antes. La última resolución que renovó los plazos al gobierno para que responda a los planteos que se le están haciendo aconteció el 30 de agosto. Lara Correa dio plazos de entre 5 y 10 días según los pedidos que se realizaron. En el medio, lo que está en juego, es el hambre de los sectores populares.
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La abogada Lucía de la Vega, del CELS, explicó a El Destape: “Llevamos transcurridos 6 meses y medio de presentada la acción de amparo con medida cautelar. Nos encontramos con que hemos presentado escritos aportando información no solo sobre los comedores y espacios comunitarios de la UTEP sino de otras organizaciones como el FOL y La Poderosa, donde tampoco les ha llegado nada de planes y programas alimentarios por parte del Estado y sin embargo nos vuelven a correr traslado de la información aportada por el Estado que es información repetida, incompleta y falaz”. El organismo de DD.HH demostró que al menos 110 comedores no están recibiendo alimentos.
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Respecto al escrito del último 30 de agosto, De la Vega precisó: “Se dice que la fundación Isla Maciel está pidiendo alimentos para un comedor que fue incendiado cuando sabemos, y se ha informado al ministerio de Capital Humano que la sede donde funciona hoy el comedor es la sede de Las Heras; inclusive el ministerio de Capital Humano fue tres veces a verificar la sede y no ha aportado nada de alimentación aún. A pesar de que la situación se agrava no se ha dispuesto nada vinculado al incumplimiento por parte del ministerio de la medida cautelar”. “Entendemos que es imperioso resolver no solo la medida cautelar sino también el fondo de la pretensión de la acción de amparo obligando al Estado a asegurar el derecho a las personas que asisten a los comedores y espacios comunitarios. No es casualidad que en este momento se esté revisando la situación del Estado argentino en el informe periódico ante el Comité de los Derechos del Niño y una de las preocupaciones fuertes sea la falta de alimentos para niños y niñas”, añadió.
Este lunes y martes el Estado argentino está siendo evaluado por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un examen periódico que se realiza para determinar si se cumple con la Convención de los del Niño, es decir, se evalúa la situación de las infancias. El gobierno dejó mucho que desear en sus respuestas durante la primera jornada. Por ejemplo, desde la cuenta de X (exTwitter) de Amnistía Internacional Argentina resaltaron: “Finalizó el primer día de examen de Argentina ante el Comité de los Derechos del Niño de la @ONU_es: las comisionadas Ayoubi Idrissi y Otani advirtieron que quedaron ‘muchas preguntas que no han recibido respuesta’. Asimismo, el Comité en general manifestó en reiteradas oportunidades su descontento por la ausencia del embajador argentino en Ginebra. Mañana tendrá lugar la segunda jornada. Esperamos que el Estado esté a la altura que requiere esta instancia internacional de rendición de cuentas”. El gobierno no envió un representante sino que respondió a las preguntas –las que logró contestar- de manera virtual.
Una de las consultas que el gobierno no logró responder está a tono con el incumplimiento en la ejecución de los planes y programas alimenticios que se discute en la causa del fuero contencioso administrativo federal. La realizó Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, quien tras señalar que en la Argentina “7 de cada 10 niños es pobre", que "el presupuesto de infancia cayó un 75%" y que "un millón de niños se acuesta sin la última comida del día", interrogó: “¿Qué medidas toman para atender esta emergencia en la vida de los niños?”. No hubo respuesta, tal como lo resaltó la cuenta de la “International Disability Alliance, united for the rights & inclusion of all persons with disabilities #CRPDNow” (la Alianza Internacional de Discapacidad).
El CELS se hizo eco de esta situación en sus redes sociales: “Sin la participación presencial de representantes del gobierno, el Estado argentino comenzó a ser evaluado por el Comité de los Derechos del Niño de @ONU_es. Todavía no respondió algunas preguntas, como estas que le hizo Pedernera, miembro del Comité, sobre pobreza infantil”.
Este martes continuará la segunda jornada de ese evento, que se da en el contexto de ajuste y retaceo de entrega de comida a los sectores vulnerables por parte del gobierno de Milei.
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