"Me ofrecieron 360 mil pesos para trabajar 54 horas semanales" contó una chica en un video en Instagram. El testimonio se viralizó impulsado por comentarios que narraban experiencias similares. En la Argentina de Javier Milei, el salario de miseria avanza como verdadero cepo a la inflación. Y la explotación laboral es la contracara de la misma moneda: desempleados y pauperizados, trabajadores y trabajadoras son arrojados desvalidos a la leonera de patrones empoderados por la narrativa y la política oficial.
"Adaptarse o morir" advirtió el presidente. Nadie puede achacarle que no avisó.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 se destruyeron 215.981 puestos de trabajo registrados, especialmente en sectores como construcción (-85.233 trabajadores) y comercio. La cantidad de empleadores también se redujo en 11.931 casos, afectando principalmente a empresas pequeñas y medianas.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) atribuye esta pérdida a una combinación de factores: una devaluación inicial que licuó salarios y jubilaciones, techos estrictos en las paritarias y la motosierra en la inversión social. En el sector público, los salarios cayeron un 19,2% en un año, mientras que en el sector informal la baja fue del 25%.
Los datos oficiales muestran que el empleo formal tuvo un leve crecimiento, pero las cifras más amplias exponen que la calidad de los empleos está en declive. Los sectores más afectados, como la construcción y la industria, no sólo registraron caídas en los puestos de trabajo, sino que también reflejan un aumento en la precarización laboral.
Los techos en las paritarias impidieron que los ingresos se ajustaran al ritmo de la inflación, que, aunque desacelerada, cerró el año con un alza acumulada del 106,6%. Según el IPyPP, esta combinación de factores impactó negativamente en la pobreza, que se mantiene alta pese a la desaceleración de los precios.
La caída del poder adquisitivo tiene un efecto dominó sobre la economía. La Confederación Federal Pyme señaló que la falta de consumo interno genera un círculo vicioso: menos ventas, cierre de empresas, aumento del desempleo y más caída en el consumo. Este fenómeno afecta no solo a las pequeñas empresas, sino también a grandes industrias, que durante 2024 redujeron su dotación de personal en 123.534 trabajadores.
La destrucción del tejido productivo es intrínseco al plan de gobierno, no un daño colateral. El propio Milei dijo cada vez que pudo que ambiciona un país proveedor de "servicios", no productivo, y menos que agregue valor a las materias primas que sus sponsors extranjeros explotarán y exportarán a discreción. La destrucción del empleo fabril -el de mayor "calidad" en condiciones y salarios, por tradición y expansión de la representación sindical- es parte fundamental de la batalla cultural que se propone el gobierno. Partirle la espalda al trabajador sindicalizado es el sueño del núcleo más ideologizado de la élite económica argentina, siempre proclive a dispararse en el pie: ¿Quién va a comprar lo que producen si destruyen la capacidad de consumo de sus trabajadores? Es la pregunta que ausente en los foros de lujo donde los empresarios locales, sin distinción de género, se miden su virilidad.
La destrucción de empleo es reflejo del derrumbe de la economía real. Según el Frente Productivo Nacional, en 2024 cerraron 16.500 pymes, impulsadas por la caída del consumo interno (-13,2% en ventas de comercios), el aumento de costos y dificultades para exportar. Entre julio y octubre, otras 6.500 empresas dejaron de operar, sumándose a las 10.000 que cerraron en el primer semestre del año.
La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) reportó una caída del 12,3% en las ventas de carne vacuna, alcanzando el nivel más bajo en 26 años. Para Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), esta situación podría empeorar en 2025 si no se implementa una estrategia para fortalecer la producción nacional frente a la apertura de importaciones y la eliminación del cepo cambiario.
“Si se profundizan los beneficios para la importación de productos terminados, podrían cerrar 25.000 pymes y perderse 300.000 empleos en sectores como textil, calzado y metalurgia”, advirtió Rosato.
En diciembre, una familia tipo necesitó $1.024.435 para cubrir la Canasta Básica de un mes. El valor fue un 2,3% más alto que en noviembre y 106,6% mayor al que se registraba a principios de año. Los hogares que reúnen menos de esa cantidad son considerados pobres en la estadística por ingresos.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el total de gastos que debe hacer una familia tipo para cubrir sus necesidades alimenticias, también avanzó un 2,3% en el último mes de 2024 y cerró el año con un alza del 86,7%. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la CBA llegó a un valor de $449.314. Con menos de eso, una familia es considerada indigente.
El 10 de diciembre pasado, al celebrar su primer aniversario por cadena nacional, Milei afirmó que “El salario básico promedio creció de US$ 300 a US$ 1.100”. Pocos días más tarde, en un frontón con Radio Mitre, el presidente reconoció la falacia: "El salario promedio de la economía es de $400 mil y pico". La afirmación pretendió raspar a su vice, Victoria Villarruel, quien consideró que gana "dos chirolas" en relación a los 3,7 millones de pesos sin descuentos que cobra por mes. Pero la respuesta expuso la realidad que el propio Milei pretendió tergiversar: los argentinos que trabajan juntan unos 400 dólares por mes. Y del 25% que más gana percibe desde 500 mil pesos, apenas por encima de lo que una familia necesita para no caer en la indigencia.
La situación es aún más dramática si se toma como referencia el salario mínimo. A mediados de 2024, un informe de Statista ubicó a la Argentina en el anteúltimo lugar del ranking de ingreso básico, sólo por encima de Venezuela. Medido en dólares, el salario mínimo de la administración Milei en ese momento del año era de 163 dólares, frente a los 675 de Costa Rica, que se ubicaba con el salario mínimo más elevado en América Latina.
No hay razones para suponer una evolución positiva en la estadística. Para marzo de 2025, el gobierno definió que el salario mínimo llegue a $296.832. El vocero Manuel Adorni defendió la posición oficial, que laudó a la baja en línea con el deseo que las empresas manifestaron en el Consejo del Salario. "Es el Salario Mínimo que el Gobierno cree acorde", afirmó, y fue por más: dijo que, a su modo de ver, el salario mínimo no debería existir porque limita la libre negociación entre empleado y empleador para fijar remuneraciones. De miseria, claro, como quedó en evidencia con el testimonio de la joven que se hizo viral.
Tiene lógica: Adorni es vocero de un presidente que admira a la Argentina de "la generación del '80", una oligarquía que tiraba manteca al techo mientras la población moría de hambre y pobreza. De aquellos abusos surgieron las revueltas populares que alumbraron al peronismo y a la Unión Cívica Radical, dos partidos que hoy se debaten entre el culposo silencio tacticista, el seguidismo ubicuo al "viento de época" que representa Milei y las sonoras internas para liderar una oposición con sordina.
Es de suponer que las urgencias del año electoral ordenarán las refriegas de palacio y alumbrarán liderazgos que señalen un camino de salida a la desolación en curso.
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