No alcanza que el futuro esté embargado por décadas, de la mano del mayor endeudamiento que permitió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un país y que tomó el macrismo; de los que no se pagó en términos netos a la fecha ni un solo dólar. El gobierno de Javier Milei busca ahora ampliar ese empréstito récord para que se pueda avanzar en la flexibilización total del mercado cambiario. El organismo pide para extender el monto del préstamo –se estima en algo menos de 10.000 millones de dólares—una devaluación del peso, eliminar el cepo y establecer un esquema de libre flotación del tipo de cambio.
Las exigencias del FMI son el principal germen del fracaso de los planes de estabilización a los que someten los países para refinanciar sus deudas y de las crisis socioeconómicas que sobrevienen a los períodos de ajuste permanente. Un relevamiento de la consultora Synthesis da cuenta que, de un total de 24 países que acudieron a esta alternativa de liquidez desde 1978, solo cuatro completaron los pagos, uno lo hizo de manera anticipada y otros cuatro lo hicieron después de caer en cesación y renegociar el acuerdo. El resto tuvo que interrumpir los desembolsos.
Las necesidades de financiamiento, mientras se mantienen vedados los principales accesos del mercado, reavivaron las negociaciones del Gobierno con el Fondo para conseguir dólares frescos para las reservas y para afrontar los próximos compromisos de deuda. Durante este año el total de vencimientos en moneda extranjera suma unos 21.506 millones de dólares, de los cuales unos 5.313 millones corresponden a los bonos internacionales emitidos en el marco de la reestructuración deuda de 2020 y unos 3.393 millones corresponden a bonos también emitidos en esa reestructuración pero bajo legislación local.
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Los pagos a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, entre otros) totalizan unos 7.924 millones de dólares en tanto que el servicio de la deuda en moneda extranjera contraída por las Provincias suma unos 2.534 millones. “Sin acceso a los mercados voluntarios de deuda internacional y local en moneda extranjera, se asume que el Gobierno utiliza parte del superávit fiscal primario para adquirir del Banco Central los fondos remanentes de los 8.706 millones de pesos de vencimientos de capital e interés de los bonos locales e internacionales”, según un informe especial de Suramericana dirigido por los economistas Martín Guzmán, Guillermo Hang y Ramiro Tosi.
Diagnóstico y experiencias previas
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer el sábado pasado la Evaluación Ex Post del acuerdo firmado en 2022 por Guzmán, para refinanciar el préstamo Stand-By que dejó el macrismo por 45.000 millones de dólares. El organismo solo cuenta con dos tipos de programas, el STB para créditos de corto plazo y el de Facilidades Extendidas, que se otorga con condicionamientos.
Los acuerdos Stand-By buscan una rápida reversión de los desajustes momentáneos en la balanza de pagos. Los desajustes que generó el macrismo ya dejaron de ser momentáneos. “El EFF fue creado para brindar asistencia a los países: (i) que están experimentando graves desequilibrios en sus balanzas de pagos debido a impedimentos estructurales; o (ii) aquellos caracterizados por un crecimiento lento y una balanza de pagos inherentemente débil”, señala la página Web del organismo.
El plazo mínimo entre un Stand-By y un EFF pasa de un año a cuatro, en tanto el reembolso se duplica a diez años. Los montos pasan del 145 por ciento de la cuota anual del FMI para cada país al 435 por ciento y se exige mayor flexibilidad en la frecuencia de las revisiones que realiza el organismo en cada país. Sin embargo, el Directorio de FMI aprobó un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Stand-By de tres años por 50.000 millones de dólares (equivalente a DEG 35.379 millones, o alrededor de 1.110 por ciento de la cuota de Argentina en el FMI).
Los EFF fueron creados con la Crisis del Petróleo como contexto, en 1974. Fue la primera de una serie de reformas del Fondo destinadas a ampliar de manera significativa el acceso de los miembros al crédito y dirigido especialmente a los países en desarrollo. “Sin embargo, hacia mediados de la década del ‘80, el propio FMI optó por desestimar los EFF, dado que la implementación sólo se había completado de acuerdo a lo previsto en un número muy reducido de casos”, recuerda el informe del Fondo.
“Los casos de éxito fueron ejecutados en su mayoría por gobiernos dictatoriales”, señala el informe de Synthesis. El primero, aplicado en Kenya (1978), fue interrumpido por incumplimiento. Lo mismo sucedió con Egipto (1981), Haití (1981), Jamaica (renegociado en 1984), Sri Lanka (1981), Guyana (1982), Honduras (1982), Sudán (1982), Bangladesh (1983), Marruecos (1983), Pakistan (1981), Costa Rica (1984), República Dominicana (1984), Costa Rica (1984), India (el país se rehúsa a retirar nuevos fondos), Sierra Leona (1984), Zaire y Zambia (cancelado por incumplimiento), Perú (1985) y Brasil (1986). En los casos de México (1979), Filipinas (1982), Costa de Marfil (1982) y Gabón (1984) se completó el programa.
Sin embargo, el listado de países que quitaron los pies del plato servido por el Fondo es más que abultado. El Convenio Constitutivo del FMI fue aprobado en 1944 y permaneció inalterado durante dos décadas para luego modificarse en seis ocasiones. La primera enmienda data de 1969 y la última de 2011.
En más de casi ocho décadas de vida el FMI registra 32 casos de default con el organismo de los cuales 28 países incurrieron en esa situación entre principios de los 80 y los 90, según cifras del organismo que conduce Kristalina Georgieva. También hubo países, como Portugal, que no siguieron las recetas propuestas y logró un crecimiento del PIB y redujo su déficit fiscal a la mitad. Milei se jacta de sobre-cumplir el ajuste y, con esa carta, espera conseguir apoyo para obtener nuevos desembolsos del Fondo y mantener andando la bicicleta financiera.
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