El Gobierno Nacional arrancó el 2025 apretando el acelerador de la motosierra en los gastos del Estado. La primera semana de enero, a través del Decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo anunció la disolución de tres fondos fiduciarios a los que definen como “cajas de la política” y del gasto público difíciles de controlar. Uno de ellos el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), fondo que desde su creación en 2013 “apoyó la incorporación de nuevas tecnologías y ofreció asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial”, según indica la web oficial.
La eliminación del Prodaf es una medida altamente perjudicial para los pequeños productores y la agricultura familiar en todo el país, pero sobre todo para el consumo interno teniendo en cuenta que se trata del área productiva que genera entre el 60% y 70% de los alimentos frescos que consumen las y los argentinos, y necesita del Estado para subsistir ante los grandes exportadores.
Ya en marzo de 2023 había sufrido un primer embate luego del cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e indígena (INAFCI) que era la única política pública vigente en Argentina dedicada a desarrollar y profesionalizar a un sector hiper vulnerabilizado y poco capitalizado como es el rural y campesino.
El PRODAF contaba con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$22.676.041, y el fondeo local parte del Gobierno Nacional y de las provincias por US$2.008.319. Se aplicaba para la adopción de mejoras tecnológicas que aumenten la productividad, e incrementen la eficiencia y la calidad de los productos; facilitando el acceso al crédito para cofinanciar sus inversiones; también fortaleciendo el asociativismo entre los productores, lo que se traducía en el mejoramiento en el uso de los recursos naturales, la producción y la comercialización. El acompañamiento del estado permitía que lo producido llegue a las góndolas, a mejor precio para los consumidores y que pueda competir con las grandes firmas o marcas alimenticias.
Se calcula que llegaba a 2375 productores agropecuarios, que representan a unos 8000 pobladores rurales que tuvieron un incremento en el ingreso agrícola, bajo un paradigma que tiene en cuenta el cambio climático y marcada mirada de genero por lo que fomentaba la participación activa de jóvenes y mujeres.
El decreto del Ejecutivo justifica la medida adjudicando la identificación, por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de irregularidades y anomalías en el desarrollo del programa. Desde la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, informaron que “el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”.
Sin embargo, referentes del el sector denuncian que se trata de una medida orientada a destruir la agricultura familiar y quebrar los lazos de asociativismo, con el objetivo de concentrar la producción de alimento en pocas manos. Aníbal Duarte, representante de Productores Bonaerenses de Alimentos e integrante de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Ltda (FECAAL), cuestiona la decisión de disolver el Programa y advierte que, además de generar el desmejoramiento de la producción dejando a cientos de trabajadores y trabajadoras en la calle, el Gobierno tiene la “intención de desfinanciar todo tipo de política social y productiva que esté relacionado con el bienestar del pueblo argentino”.
No casualmente, señala Duarte, “la eliminación de este fondo se suma a otros que perjudican la pequeña y mediana producción campesina, como el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familia, Campesina e Indígena, la baja del programa ProHuerta que fomentaba las huertas urbanas, también el cierre del programa de cambio rural que fomentaba el asociativismo, el mejoramiento productivo, el arraigo y despido de personal y ventas de edificios y tierras del INTA”.
Asimismo, en este contexto de abandono y desmantelamiento del sector, el productor explica que son los pequeños productores periurbanos, que rodean las grandes ciudades, los que quedan más indefensos ante el retiro del estado: “Les entran a robar todos los días, les roban alimentos . Obviamente eso no impacta en los barrios cerrados, sino que impacta en los barrios comunes, en los espacios donde están los pequeños productores, que son espacios abiertos, donde entran de noche, se llevan la lechuga, se llevan el tomate, destruyen parte de la producción, le roban los cables para vender el cobre”.
“Estamos comenzando a vivir un estallido social que está siendo invisibilizado, pero se evidencia en los resultados de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional que han agrandado la brecha entre lo que más tienen y lo que menos tienen – denuncia Duarte - Estas medidas van sumando cientos de miles de trabajadoras y trabajadores a las filas de los desocupados, que tienen que comer y necesitan obviamente el alimento diario. Y por esto se empiezan a producir hechos de vandalismo y termina siendo una guerra entre pobres”.
Cerrar sesión