Armas a Bolivia: declaró el testigo que vio la entrega de municiones en el aeropuerto

El jefe de Seguridad de la embajada argentina en Bolivia, Jorge Bernardo Salinas Berrios, es un testigo clave en el caso del envío de armas al país vecino por parte del gobierno de Mauricio Macri. Hace más de 20 años que trabaja en la sede diplomática y la madrugada que llegaron las municiones para los golpistas en un avión de la Fuerza Aérea argentina, Salinas Berrios se encontraba en el aeropuerto de La Paz. Vio cómo se bajó el armamento en cajas y se distribuyó entre la Policía local y la Fuerza Aérea Boliviana. La semana pasada declaró como testigo en la causa por tráfico ilegal de armas que tramita en la Justicia de Bolivia y dio detalles de todo lo que observó.

El 30 de marzo pasado, a las 11 de la mañana, Salinas Berrios prestó declaración testimonial ante la fiscal de Bolivia, Magaly Bustamante Herbas, y dio precisiones de lo que vio la madrugada del 13 de noviembre de 2019, cuando arribó el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con un escuadrón del grupo especial de la Gendarmería, el Grupo Alacrán, que llegaba para reforzar la custodia de la embajada argentina dado la convulsión social que había en Bolivia por esos días. Evo Morales había sido derrocado el 10 de noviembre y el 12 había asumido como presidenta de facto Jeanine Áñez. Junto al Grupo Alacrán, en el avión de la F.A argentina, el gobierno de Macri envió cajas con 70.000 balas antitumulto y más de 50 granadas para nutrir de armamento a los golpistas, que se estaban quedando sin municiones. Según relató el empleado de la embajada en su testimonial, una parte de las municiones se cargaron en una camioneta de la Policía y otra parte se dejó en el hangar de la Fuerza Aérea local.

Un testimonio clave

“Ya en vísperas a la llegada del avión yo ya tenía conocimiento de que iban a llegar efectivos de gendarmería para la seguridad de la embajada. Es por eso que coordinaba el arribo de los mismos con el agregado de Gendarmería”, explicó Salinas Berrios en su declaración testimonial a la que accedió El Destape. El agregado de la Gendarmería era Héctor Caliba, imputado en la investigación de estos hechos que tramita en los tribunales argentinos. De acuerdo al caudal probatorio que consta en el expediente, Caliba fue quien coordinó la entrega de parte del armamento a la Policía Boliviana. No debe sorprender. Las relaciones con la policía local las entablaba el agregado de Gendarmería. Por su parte, el agregado militar en la embajada era quien mantenía relación con las Fuerzas Armadas.

Salinas Berrios relató todo lo que vio en el aeropuerto de La Paz. “Cuando llegamos en caravana a la plataforma de los Diablos Negros ya estaba el Hércules estacionado”. Eran aproximadamente las 5.30 de la mañana. De acuerdo a su relato, Caliba fue a saludar a sus camaradas que llegaban y él los acompañó. “Vi que bajaban su pertenencias y después un montecargas se acercó para bajar unas cajas”, indicó. Cuando preguntó que había en esas cajas le respondieron: "municiones". 

La fiscal le pidió que recuerde todo lo que pasó aquella noche cuando “militares y policías bolivianos recibieron armas y agentes químicos de regalo y por lo que incluso existen cartas de agradecimiento”. Acto seguido, el empleado de la embajada argentina narró que se encontró a las 5 de la mañana en la puerta del ex Hotel Radisson con otros funcionarios de la embajada “más algunos familiares de los mismos” para “ir al aeropuerto a recibir a un contingente de gendarmes que estarían llegando para la seguridad de la embajada”. El avión que traía a los alacranes se iba a aprovechar “para que evacúe a los familiares que estaban allí presentes”.

El testigo explicó que coordinó con “el comandante de Gendarmería” cómo “armar la caravana y de qué manera iríamos al aeropuerto”. En principio, tenían pensado ir en caravana con los vehículos de la embajada. Pero hubo un cambio de último momento. “Cuando llegó la Policía Boliviana, indicaron que no iríamos en ningún vehículo de la embajada sino en un bus de la Policía” que estaba escoltado por otros móviles policiales. “Es decir, que la seguridad ya estaba en manos de la Policía Boliviana”, explicó. Cuando arribaron al aeropuerto se dirigieron directo al sector de los Diablos Negros.

“Cuando llegamos, todos entramos en una sala de espera de los Diablos Negros. Y pude ver que ya estaba estacionado un Hércules en la plataforma. El Comandante de la Gendarmería Argentina salió a la plataforma para tomar contacto con los gendarmes que llegaron en el Hércules. Yo lo seguí para saludar y darles la bienvenida”, narró el testigo. Y agregó: Fue en ese momento que vi que estaban bajando unas cajas con un montecargas. Las mismas fueron llevadas a la entrada de la plataforma donde se procedió a cargar del montecargas a una camioneta de la Policía”.

“Me llamó la atención que varias personas, 4 o 6, alzaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente, pregunté qué es lo que hay adentro para que pesen tanto. Me dijeron los policías que estaban cargando que ‘los gases y municiones son pesadas’”, continuó Salinas Berrios con su relato.      

Cuando terminaron con esa carga, “el resto de cajas el montecargas lo metió al hangar de la Fuerza Aérea Boliviana donde guardan el avión Hércules”. Acto seguido, los familiares subieron al avión y partieron.

De esta forma, tal como da cuenta el testigo, una parte del armamento se depositó en una camioneta de la policía y otra se dejó en el hangar de la Fuerza Aérea. Esta información se complementa con los diversos hallazgos que se dieron en el marco de esta investigación.  

Por ejemplo, en depósitos de la policía local se encontraron municiones argentinas. Un archivo de esa fuerza de seguridad titulado “Inventario de agentes químicos en depósito” está fechado el 13 de noviembre de 2019 en La Paz, es decir, el mismo día que llegó el armamento argentino, y detalla que se almacenaron aquel día en depósitos policiales distintas municiones entre las que se destacan 26.900 cartuchos con perdigón de goma 12/70. De acuerdo al informe policial estaban embalados en caja de fábrica y cerrados. También había distintos tipos de granadas y gas aerosol. En los cartuchos anti tumulto se puede ver la leyenda “Fabricaciones Militares”.

A su vez, se encontró una nota dirigida al entonces embajador argentino en Bolivia,  Normando Álvarez García, firmada el 13 de noviembre de 2019 por el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara –hoy detenido-, en la que se agradece “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. Terceros Lara detalló que recibió por parte del gobierno argentino 40.000 cartuchos AT12/70, gases lacrimógenos y distintos tipos de grandas.

Entre el material encontrado en la Policía de Bolivia y la información suministrada por Terceros Lara hay 66.900 municiones de las 70.000 enviadas por la Argentina (la cantidad enviada por el gobierno de Macri surge de documentos de la propia Gendarmería). En Bolivia están investigando qué pasó con el material restante.

Por la recepción del armamento, la fiscal Bustamante Herbas ya imputó al exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, y al exjefe de la Policía local, Vladimir Yuri Calderón, por tráfico ilegal de armas con el gobierno de Macri. La imputación alcanza también al exdirector de Ceremonial del Estado, Álvaro Tapia Solares.

“Conforme los datos y elementos de convicción que se tiene en la investigación, se emite imputación formal fundamentada en contra de Jorge Gonzalo Terceros Lara, Vladimir Yuri Calderón Mariscal y Álvaro Guillermo Tapia Solares por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, sostuvo la fiscal Bustamante Herbas en una resolución fechada el 25 de febrero pasado y que publicó El Destape. Se trata de un delito que tiene una pena de hasta 30 años de prisión.

De acuerdo a la documentación hallada en Bolivia y en la Argentina tanto Terceros Lara como Calderón fueron quienes gestionaron las 70 mil balas antitumulto y más de 500 granadas que envió el gobierno de Macri en noviembre de 2019 para apoyar al régimen de Áñez.

Mientras en Bolivia se avanza en esta investigación, en el fuero Penal Económico de los tribunales argentinos también progresa –lentamente- una pesquisa por los mismos hechos. El juez Alejandro Catania investiga el contrabando de armamento. En esa causa están imputados el expresidente Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García e integrantes de la Gendarmería, como el exjefe de la fuerza, Gerardo Otero.