Armas a Bolivia: el gobierno de Arce pidió la detención de dos altos mandos golpistas

El gobierno de Luis Arce le solicitó a la Justicia de su país la detención del exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, y del exjefe de la Policía local Vladimir Yuri Calderón, por “tráfico ilegal de armas” con la Argentina, un delito que tiene una pena de hasta 30 años de prisión. Se trata de los jefes de las dos fuerzas que recibieron las 70 mil municiones de parte de la gestión macrista en pleno derrocamiento de Evo Morales. En el escrito que presentaron los abogados del ministerio de Gobierno de Bolivia, al que accedió El Destape, se remarca que los golpistas “recurrieron mediante una articulación transnacional regional al estilo de las dictaduras de los 70 y 80 del ‘Plan Cóndor’  al tráfico ilegal de armamento”. En ese marco se pidió a la Justicia que se le requiera información a la Argentina, donde también avanza una investigación por el envío ilegal de armas, en noviembre de 2019.

En un escrito firmado por los abogados del Ministerio de Gobierno que conduce Carlos Eduardo del Castillo Carpio, se solicitó a la fiscal Magaly Bustamente Herbas que impute Terceros Lara y a Yuri Calderón por “el delito de tráfico ilegal de armas”. De acuerdo a la documentación hallada en Bolivia y en la Argentina ambos fueron quienes gestionaron las 70 mil balas antitumulto y más de 500 granadas que envió el gobierno de Macri entre el 12 y el 13 de noviembre de 2019 para apoyar al régimen de Jeanine Áñez. Las municiones viajaron camufladas con un grupo de elite de la Gendarmería que fue a proteger la embajada argentina en el país vecino.

El envío de armas se pudo revelar luego del hallazgo de una nota de agradecimiento dirigida al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, firmada por Terceros Lara el 13 de noviembre de 2019. Allí, el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana agradece “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. Terceros Lara detalló allí que recibió por parte del gobierno argentino 40.000 cartuchos AT12/70, gases lacrimógenos y distintos tipos de granadas. Con ese documento, que Terceros Lara intentó presentar como falso pero se demostró que no lo era, comenzó la búsqueda de información sobre este episodio. Las pruebas se multiplicaron al poco tiempo.

En julio del año pasado se hallaron en depósitos de la Policía Boliviana –que estaba cargo de Calderón- 26.900 balas antitumulto argentinas. A la par, se encontró en esa fuerza de seguridad un “Inventario de agentes químicos en depósito” fechado el 13 de noviembre de 2019 en La Paz, el mismo día que llegó el armamento argentino en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. En el inventario se detalla que se almacenaron aquel día en la Policía local distintas municiones entre las que se destacan 26.900 cartuchos con perdigón de goma 12/70. De acuerdo al informe policial estaban embalados en caja de fábrica y cerrados. También había distintos tipos de granadas y gas aerosol. En los cartuchos anti tumulto se puede ver la leyenda “Fabricaciones Militares”. A esto se suma el relato de los policías bolivianos que recibieron el material en el Aeropuerto el 13 de noviembre que dan cuenta de que recibieron una orden telefónica de Calderón para participar del operativo.

Entre el material encontrado en la Policía de Bolivia y la información suministrada por Terceros Lara hay 66.900 municiones de las 70.000 enviadas por la Argentina. En Bolivia están investigando qué pasó con el material restante. Y dónde se utilizaron estos cartuchos antitumulto.

En la presentación que hizo este 21 de febrero el gobierno de Arce se afirma que “se ha llegado a verificar un alineamiento y cooperación al estilo ‘Plan Cóndor’ de las dictaduras de los años 70, para el envío a Bolivia de armamento y pertrechos para colaborar a consolidar un gobierno inconstitucional, para reprimir la protesta social” y “la clara y nítida participación y autoría directa de los señores Valdimir Yuri Calderón Mariscal (ex comandante de la policía boliviana) y de Jorge Gonzalo Terceros Lara (ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana) en este tráfico de armas (…)”.

Entre otras cosas, en la denuncia se hace referencia a la carta de Alberto Fernández en la que pide disculpas al gobierno boliviano y a su pueblo.  

Para los denunciantes existió “un plan perfectamente articulado y sincronizado” entre el gobierno de Macri y los golpistas bolivianos. Entre otras cosas, se enumera que el 11 de noviembre de 2019, el embajador argentino Álvarez García pidió la autorización al gobierno boliviano para el ingreso del avión argentino con el sello de "muy urgente" pero esa habilitación “tiene sello de recepción de ventanilla única del Ministerio de Relaciones Exteriores  de Bolivia ‘Cancillería’ el 15 de noviembre de 2019”, es decir, dos días después de que arribara la aeronave. “¿Cómo obtuvieron al alegada autorización legal?”, se preguntan desde el gobierno de Arce. Además, el ingreso de armas de fuego, municiones y explosivos a Bolivia debe tener una autorización especial que no existió.

Colaboración con la Justicia argentina

En el mismo escrito, el gobierno de Arce le requiere a la Justicia de su país que compruebe la existencia de la carta de disculpas de Alberto Fernández y “se active el convenio entre Ministerios Públicos de Bolivia y la Argentina” para que se solicite copia “de todo lo que curse en la investigación Argentina”.

En los tribunales en lo penal económico argentinos tramita una causa por contrabando de armas en la que están imputados Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (la Gendarmería estaba bajo su órbita), al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al excanciller Jorge Faurie, al exSecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, al exembajador en Bolivia Normando Álvarez García e integrantes de la Gendarmería, como el exjefe de la fuerza, Gerardo Otero. En esa causa comenzaron a declarar esta semana como testigos gendarmes que estuvieron en Bolivia protegiendo la embajada y la residencia del embajador.