La Justicia de Bolivia imputó por tráfico ilegal de armas con Argentina a dos altos mandos golpistas

La fiscal de Bolivia Magaly Bustamante Herbas imputó al exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, y al exjefe de la Policía local Vladimir Yuri Calderón por tráfico ilegal de armas con el gobierno de Mauricio Macri. La imputación alcanza también al exdirector de Ceremonial del Estado, Álvaro Tapia Solares, como cómplice de la maniobra. La fiscal solicitó su detención preventiva. Según las pruebas recolectadas en la investigación, la gestión macrista envió las municiones el 12 de noviembre de 2019 para respaldar a la presidenta de facto Jeanine Áñez que recién había asumido. En la Argentina se instruye una causa por los mismos hechos pero se investiga el delito de contrabando.

“Conforme los datos y elementos de convicción que se tiene en la investigación, se emite imputación formal fundamentada en contra de Jorge Gonzalo Terceros Lara, Vladimir Yuri Calderón Mariscal y Álvaro Guillermo Tapia Solares por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, sostuvo la fiscal Bustamante Herbas en una resolución de 13 páginas a la que accedió El Destape. La imputación está fechada el 25 de febrero. Se trata de un delito que tiene una pena de hasta 30 años de prisión.

De acuerdo a la documentación hallada en Bolivia y en la Argentina tanto Terceros Lara como Calderón fueron quienes gestionaron las 70 mil balas antitumulto y más de 500 granadas que envió el gobierno de Macri el 12 de  noviembre de 2019 por la noche para apoyar al régimen de Áñez. Las municiones viajaron camufladas con un grupo de elite de la Gendarmería que fue a proteger la embajada argentina en el país vecino.

“De la denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la que posteriormente se adhieren el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, se asume conocimiento de la nota de agradecimiento que suscribe el entonces General de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, por el armamento recibido de la República de Argentina, hito a partir del cual se indaga y se asume conocimiento de irregular acto administrativo que mereció una nota de la Embajada Argentina que posibilitó el arribo del Grupo ‘Alacrán’ a territorio nacional boliviano que trajo consigo materiales relacionados a armas  de fuego, municiones y explosivos”, se lee en el dictamen fiscal. A Terceros Lara se le adjudica “autorizar el arribo y desembarque de las municiones, gases lacrimógenos y material antidisturbios procedentes de la República Argentina al Hangar de los Diablos Negros” por su rol de Comandante General de la Fuerza Aérea.

A Yuri Calderón, como Comandante General de la Policía, se le imputa que el 13 de noviembre de 2019 “dio la orden para que la Policía escolte al Grupo Alacrán proveniente de la Argentina” hasta la embajada “trayendo consigo los gases lacrimógenos que carecían de autorización para su internación, además de ordenar su entrega a los policías sin ningún tipo de respaldo documental”.  

A Tapia Solares, por su rol de Director General de Ceremonial del Estado, se le achaca suscribir el oficio del 11 de noviembre de 2019 por el cual se habilita la continuidad “de la tramitación de la solicitud de internación y porte temporal de armas del Grupo Alacrán realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, autorización que fue aprovechada para hacer ingresar de forma ilegal los gases, municiones y otros pertrechos de los cuales una cantidad se dejó en el Hangar de los Diablos Negros para los militares, otra cantidad se dejó en la camioneta de la Policía Boliviana para los policías y otra importante cantidad se descargó en instalaciones de la Embajada Argentina (…) sin haberse cumplidos los procedimiento y formalidades previstas por la ley 400”.   

La fiscal resaltó que “según actas de recepción de gases lacrimógenos y material antidisturbios se tiene que en fecha 13 de noviembre de 2019 los funcionarios  militares y policiales ‘por instrucciones superiores’ recepcionaron parte del material antidisturbios, sin ningún tipo de documentación o inventario de descargo, mucho menos las firmas de sus responsables, debido a que su ingreso a territorio boliviano fue ilegal al no contar con una autorización expresa para su internación emitida por autoridad competente”.  Y pidió la detención de los tres imputados.

El 21 de febrero pasado, tal como publicó El Destape, el gobierno de Luis Arce le solicitó a la Justicia la detención de Terceros Lara y Yuri Calderón por estos hechos. En aquella presentación se remarcó que los golpistas “recurrieron mediante una articulación transnacional regional al estilo de las dictaduras de los 70 y 80 del ‘Plan Cóndor’ al tráfico ilegal de armamento”.

El envío de armas se pudo revelar luego del hallazgo de una nota de agradecimiento dirigida al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, firmada por Terceros Lara el 13 de noviembre de 2019. Allí, el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana agradece “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. Terceros Lara detalló allí que recibió por parte del gobierno argentino 40.000 cartuchos AT12/70, gases lacrimógenos y distintos tipos de granadas. Terceros Lara intentó presentar aquella carta como falsa pero se demostró que no lo era.

A su vez, en julio del año pasado se hallaron en depósitos de la Policía Boliviana –que estaba cargo de Calderón- 26.900 balas antitumulto argentinas. A la par, se encontró en esa fuerza de seguridad un “Inventario de agentes químicos en depósito” fechado el 13 de noviembre de 2019 en La Paz, el mismo día que llegó el armamento argentino camuflado con los gendarmes en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. En el inventario se detalla que se almacenaron aquel día en la Policía local distintas municiones entre las que se destacan justamente 26.900 cartuchos con perdigón de goma 12/70. A esto se suma el relato de los policías bolivianos que recibieron el material en el Aeropuerto el 13 de noviembre que dan cuenta de que recibieron una orden telefónica de Calderón para participar del operativo.

Mientras en Bolivia se avanza en esta investigación, en el fuero Penal Económico de los tribunales argentinos también progresa –lentamente- una pesquisa por los mismos hechos. El juez Alejandro Catania investiga el contrabando de armamento. En esa causa están imputados el expresidente Mauricio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exSecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García e integrantes de la Gendarmería, como el exjefe de la fuerza, Gerardo Otero.