Visita a genocidas: el polémico fiscal Sergio Mola seguirá al frente de la causa

El juez federal Ernesto Kreplak rechazó este miércoles apartar al polémico fiscal Sergio Mola de la investigación sobre la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. La solicitud de desplazamiento había sido realizada por la diputada Lourdes Arrieta por “enemistad manifiesta”. 

Arrieta, a través de su abogado Yamil Castro Bianchi, había reclamado que la pesquisa pase a manos del juez Kreplak y que hasta eso suceda intervengan unidades del Ministerio Público Fiscal especializadas en Derechos Humanos y Género. Tal como informó El Destape, el requerimiento ocurrió luego de que Mola planteara la desestimación de la denuncia penal realizada por Arrieta, que apuntaba a una variada gama de delitos y comprometía a sus excompañeros de bancada en la Cámara baja. El pedido de desestimación que hizo Mola fue controvertido por la querella y el juez Kreplak lo elevó para que el fiscal federal ante la Cámara de La Plata ratifique o deje sin efecto aquel dictamen donde se pretende circunscribir la investigación únicamente en el accionar del Servicio Penitenciario Federal.

Tras el pedido de apartamiento, Mola solicitó al juez que rechace la recusación en su contra porque, dijo, “no existe motivo legal alguno para apartarse de la intervención en este proceso”. El magistrado que está al frente de la causa coincidió: “Conforme surge de las constancias del expediente, no existe causal alguna de recusación toda vez que el Fiscal interviniente actuó conforme a la norma legal”.

“El principio de objetividad, entendido como la obligación del Fiscal de ser neutral y de ‘descubrir la verdad’ no ha sido conmovido, ya que como se viene sosteniendo en el presente considerando, el Sr. Fiscal interviniente ha ajustado su actuación a la ley, no debiéndose perder de vista que la misma no se encuentra sujeta a la exigencia de imparcialidad en el sentido y alcance en el que se concibe a la actuación del juez como garantía judicial, toda vez que, el representante del ministerio Público Fiscal constituye una parte” acusadora, agregó Kreplak.

Como publicó El Destape, seis días antes del dictamen desestimatorio del fiscal Mola, Arrieta fue convocada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su despacho. Se reunieron el 15 de agosto al mediodía durante aproximadamente una hora. Bullrich está cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo comprometido en el expediente. Como la denuncia Arrieta apunta al servicio, Bullirch le pidió que “cuidara” al personal del SPF. En ese encuentro, del que El Destape dio cuenta la semana pasada, la ministra resaltó que tiene vínculo con Mola y se mostró “preocupada” por la intervención en la causa de Kreplak, tal como reconstruyó este medio. El magistrado no responde a los intereses del macrismo, de allí las dudas de la ministra.

Bullrich tiene un especial interés en la causa. Según se desprende de la denuncia de Arrieta que Mola pidió desestimar, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura progenocidas Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”.

Mola es un fiscal formado en la justicia de Morón, que contó durante el macrismo con encuentros con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y hasta con ingresos a la embajada de Estados Unidos. Fue junto a Diego Luciani quien pidió se condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Vialidad. También participó en la causa del G-20 que impulsó y utilizó la AFI cambiemita para cubrirse del espionaje ilegal a CFK. Nombrado Fiscal General Adjunto por Mauricio Macri en diciembre de 2018, la fotografía de su jura del 15 de febrero de 2019 refleja el respaldo político que supo cosechar. En primera fila lo aplaudieron la entonces ministra de Seguridad –etapa macrista- Patricia Bullrich; el ministro de Seguridad bonaerense de entonces, Cristian Ritondo; y el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien fuera secretario de Legal y Técnica de la gobernadora María Eugenia Vida; entre otros. 

La Corte y un fallo “tiempista” sobre el genocida Olivera

El último martes, en la reunión semanal de acuerdo, la Corte Suprema de Justicia hizo uso de su tiempismo político-judicial y emitió un fallo que salpica al caso de las visitas a genocidas. Los ministros cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti decidieron tratar un planteo que involucra al genocida Jorge Olivera, padre del cura que organizó con diputados libertarios las visitas a represores e impulsó iniciativas en pos de lograr su libertad.

“En atención a que lo relacionado con el arresto domiciliario concedido a Jorge Antonio Olivera se debate en el expediente FMZ 41001077/2011/TO1/TO1/1/2/CS3, y de acuerdo a conocida doctrina de esta Corte, según la cual, sus fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal- (Fallos: 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177, entre otros), corresponde declarar abstracta la cuestión planteada en el presente caso”, firmaron los supremos este martes. De esa forma decidieron no expedirse sobre el tema. La Corte no tiene plazo para abordar los casos y decidió tratar este planteo que tiene a Olivera por protagonista justo en medio del escándalo que involucra a su hijo sacerdote.

El represor Jorge Olivera fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en diversos juicios. El Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Juan, por ejemplo, lo condenó en 2013 a prisión perpetua por considerarlo responsable de más de 40 secuestros, la aplicación de tormentos en más de 50 hechos y homicidios doblemente agravados. Entre esos casos se le adjudica la desaparición de la modelo franco argentina Marie Anne Erize, a quien Olivera se jactaba de haber violado mientras estaba en cautiverio, tal como relataron sobrevivientes. Este represor logró fugarse en dos ocasiones y fue recapturado. Es tal su impunidad, que tal como informó Luciana Bertoia en Página 12, estando con prisión domiciliaria hizo una gran fiesta por sus 50 años de casado a la que concurrió Cecilia Pando y el represor Gustavo de Marchi que no estaba en una cárcel común porque había aducido problemas de salud. El fiestón contó con la animación de Palito Ortega. El cura de aquella ceremonia fue el segundo de sus cinco hijos: el mentado sacerdote Javier Olivera Ravasi.

Las sociedades en EEUU de la familia Olivera Ravasi

El fallo de la Corte se dio una serie de hora después de la difusión que hizo Arrieta de dos sociedades radicadas en Estados Unidos vinculadas a la familia Olivera Ravasi. La diputada puso el foco en un posible financiamiento de los genocidas.

En la madrugada del último martes, la diputada tuiteó sobre 2 sociedades radicadas en EE.UU vinculadas al cura Javier Olivera Ravasi, el hijo del genocida Jorge Olivera. Arrieta también presentó un proyecto en el Congreso donde pidió que se investigue el entramado que rodea esas sociedades vinculadas al sacerdote. En el Parlamento se empieza a configurar la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre la visita.

Este cura y abogado es quien organizó distintos grupos de chats donde diputados libertarios, abogados de genocidas y el excamarista de Casación Eduardo Riggi coordinaron la visita a represores e impulsaron iniciativas para intentar sacar de la cárcel a los condenados de lesa humanidad.

La sociedades que mencionó Arrieta –adjuntó documentos- son “Order of Saint Elijah”, radicada en el estado de Georgia en junio de 2020; y Palupa Properties LLC, creada en el estado de Florida. El Destape constató la existencia de ambas.

“Order of Saint Elijah” es el espejo de la Orden de San Elías creada por Olivera Ravasi y Federico Highton. San Elías está inscripta como fundación en la Argentina y así la difunde el cura progenocidas en su canal de YouTube “Que no te la cuenten”. Para darle ruedo a esa nueva orden, Olivera Ravasi contó con el apoyo de influencers de la ultraderecha como el exagente de la AFI macrista Manuel Gorostiaga (“Dannan” en redes sociales) y el escritor negacionista Agustín Laje, quienes, tal como se observa en la cuenta de X (exTwitter) del cura negacionista, grabaron videos para pedir donaciones “a una causa tan fundamental como lo es la batalla cultural y la lucha espiritual”. En la sede de la Fundación San Elías en la Ciudad de Buenos Aires se realizó al menos una de las reuniones que llevó adelante el grupo que se creó con diputados libertarios y abogados de represores para intentar sacar de la cárcel a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

En el proyecto que presentó en el Congreso, Arrieta afirmó que respecto a la firma Palupa “también existe una sociedad homónima o espejo en Argentina”. “Esta sociedad en Argentina fue creada como PALUPA S.A.y entre sus integrantes se encuentran varios ‘Olivera Ravasi’”, agregó. Mientras que a Palupa Properties LLC figuran vinculados el médico Martín Olivera Ravasi -también hijo del genocida- y el sacerdote, en Palupa S.A aparecen, al menos en sus inicios, otros hermanos del cura progenocidas.

Palupa S.A se conformó en la Argentina el 3 de abril de 2006 y en su creación participaron Mariano Ángel Olivera Ravasi, Sebastián Jorge Olivera Ravasi (hermanos del sacerdote) y el genocida Jorge Antonio Olivera Ravasi. De acuerdo al documento de la Inspección General de Justicia (IGJ) que da cuenta de la gestación de esta empresa, el represor Olivera intervino “en nombre y representación y en carácter de apoderado de Javier Pablo Olivera Ravasi”. La sociedad fue creada para realizar actividades inmobiliarias e inversiones tanto del rubro inmobiliario como automotor y de maquinaria agrícola-ganadera. Como presidente de la firma, en sus orígenes, estuvo Mariano y como vice Sebastián Olivera Ravasi. El cura figuraba como director suplente.

En este escenario, el 22 de agosto el cura Javier Olivera Ravasi tuiteó desde su cuenta de X que estaba en Atlanta, EE.UU, por partir hacia California. Este último martes, el sacerdote que organizó la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza con diputados libertarios, volvió a tuitear desde EE.UU: “Terminando primera tanda de Ejercicios Espirituales en 🇺🇸 con amigos latinos. Una experiencia que todo católico debería hacer al menos una vez en su vida”. ¿Una nueva provocación de este cura que en la víspera del último 24 de marzo difundió desde su canal de YouTube una “entrevista inédita” con el dictadora Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido?

Estas firmas de la familia Olivera Ravasi, sobre todo las radicadas en el exterior, y los viajes del sacerdote progenocidas vuelven a poner en escena un interrogante: ¿Cómo se financian los represores? Como mencionó Arrieta en el proyecto que presentó en el Congreso para pedir que se investigue esta trama financiera es relevante destacar que el represor Jorge Olivera estuvo prófugo de la Justicia. Y en dos ocasiones.