Visita a genocidas: el fiscal pide desestimar la denuncia de Arrieta y que sólo se investigue al personal penitenciario

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, pidió este miércoles que se desestime la denuncia que realizó la diputada Lourdes Arrieta por "inexistencia de delito" y requirió al juez Ernesto Kreplak que la causa judicial abierta para investigar la visita de legisladores libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza se circunscriba únicamente a determinar si personal penitenciario cometió algún delito. Seis días antes de este dictamen fiscal, Arrieta se reunió con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su despacho. Bullrich está cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En un dictamen de 16 páginas al que accedió El Destape, Mola planteó la desestimación de la denuncia de Arrieta –a quien criticó en duros términos- y afirmó: “El objeto de esta pesquisa debe quedar, en principio, limitado a establecer cómo se realizó esa visita, si se cumplió o no con los requisitos legales y, en definitiva, establecer -en caso de haberse realizado por fuera de los mismos- si existió algún incumplimiento de los deberes de funcionario público penalmente relevante por parte del personal penitenciario”. Explicó que el “secuestro de los libros de visitas e ingreso al establecimiento penitenciario y de resguardo del material fílmico que pudiera obrar en el establecimiento, se encuentra en consonancia con este objeto”.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal –que junto a Diego Luciani fue quien impulsó la acusación de CFK en la causa Vialidad- cuestionó la presentación judicial de Arrieta porque “está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista”, es decir, de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, el 11 de julio pasado. “Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”, la fustigó Mola.

Arrieta fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. La diputada dijo que no sabía con quienes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fu engañada a la vista.

Para el fiscal “en ese afán de tomar distancia de una actividad propia, de la que evidentemente se arrepintió con posterioridad, expone distintas circunstancias que hacen al funcionamiento del bloque de diputados de su partido (del que forma parte), a la que le asigna una connotación conspirativa, o extorsiva que ni por asomo se advierte”. Para el fiscal la acción de Arrieta implica “la judicialización de la política”.

El fiscal sostuvo que la diputada libertaria que adujo haber sido engañada para concurrir al encuentro con genocidas no podía desconocer a quiénes iban a visitar, a la luz de los distintos chats que la legisladora aportó a la causa: “De los propios mensajes que la diputada acompañó en su denuncia, correspondientes al grupo de WhatsApp a partir del cual se organizó la visita a detenidos, surge con absoluta claridad, sin que exista lugar a dudas, que se iba a realizar visitas a detenidos por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”, señaló Mola. La referencia es a los grupos de chats que compartían legisladores libertarios, abogados de genocidas, el excamarista de Casación Eduardo Riggi y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado por crímenes de lesa humanidad.

Según Mola, la explicación de Arrieta para justificar que fue manipulada y engañada “resulta insólita”. ¿Qué había dicho la diputada libertaria? Que es hija de la democracia e ignoraba quiénes eran las personas detenidas a las que visitó. “De los temas que se trataban en el grupo de WhatsApp, de los detenidos a los que fue a visitar (alguno de ellos personajes conspicuos e icónicos del terrorismo de Estado, me refiero a Astiz, Cavallo y Guglielminetti), y de los crímenes que cometieron esas personas, se viene hablando en la República Argentina desde hace muchísimo tiempo, pero con gran ahínco por lo menos en los últimos 20 años”, afirmó Mola. “También fueron tema de discusión en la campaña política en las últimas elecciones, justamente en la que Arrieta resultó electa Diputada Nacional”, agregó. Por eso, el fiscal consideró que “la alegada manipulación de la que dice haber sido víctima resulta completamente inverosímil” y que “más que manipulación, lo que exhibe en su denuncia es el propio desinterés en interiorizarse respecto de aquello en lo que participa”.

Para Mola, Arrieta tampoco fue amenazada, como había denunciado y por lo que había pedido custodia. Las recriminaciones que sufrió de parte de otros integrantes de los grupos de chats y de sus propios compañeros de bancada como Beltrán Benedit para el fiscal son “en algún punto comprensible(s)”. “Quizás, para evitar recibir este tipo de mensajes, atento a su manifiesta discrepancia final con los propósitos del grupo, hubiese sido conveniente salirse del mismo”, evaluó el representante del MPF.

“Tampoco es posible formular hipótesis delictiva en relación con lo manifestado respecto del detenido Alfredo Astiz. Que este conociera su nombre y que su padre fuera veterano de Malvinas, no resulta indiciario de absolutamente nada”, añadió Mola sobre el pasaje de la denuncia de Arrieta que hacía referencia a que el exintegrante del grupo de tareas de la ESMA la había amedrentado. “Por el contrario, resulta por demás lógico que el visitado supiera quienes eran los legisladores que concurrirían al establecimiento carcelario. Vale recordar que no fue una visita sorpresa y que los detenidos, entre ellos Astiz, los estaban esperando, todo lo cual se desprende de la propia denuncia”, señaló el fiscal.

En lo que hace a la utilización de una camioneta del Poder Legislativo para concurrir al encuentro con los genocidas en la cárcel de Ezeiza, el fiscal señala que “no parece configurarse mínimamente la hipótesis delictiva que pretende introducir la denunciante. Pues se trató de una visita de un grupo de Diputados del bloque de La Libertad Avanza –en tal carácter o condición- en la que fueron trasladados en un vehículo oficial”.

En otro pasaje de su dictamen, Mola da cuenta de que en los intercambios de chats se abordaron diferentes iniciativas para intentar favorecer a genocidas detenidos. “Claramente se advierte que las discusiones en ese grupo se relacionaban con personas mayores privadas de la libertad; con el plazo razonable de la duración de los procesos penales; con cuestiones técnicas jurídicas como ‘recursos de inaplicabilidad’; con la discusión contra sectores de la izquierda; con hacer un proyecto de ley vinculado con el ‘plazo razonable’ pero que no impactara con las víctimas del atentado a la AMIA; con cuestiones vinculadas a personas mayores que tuvieran pertenencia a fuerzas armadas y/o de seguridad; con reestablecer la paz para gente inocente privada de su libertad y con que había heridas del pasado que era necesario cerrar en la sociedad”, indicó Mola. Un interrogante es si de esa enumeración, que involucra a diputados de la Nación, no surgen posibles delitos a investigar. Para el fiscal, claramente, no. Pero, de mínima, revela una inconducta de los legisladores. Entre otras cuestiones, los legisladores estaban trabajando un proyecto para lograr sacar a los genocidas de la cárcel que el cura Olivera Ravasi definió el 23 de abril pasado como “secreto”.

Ante este cuadro, Mola solicitó al juez Kreplak “que la denuncia de la Diputada Nacional Arrieta, en lo que hace a cada una de las circunstancias apuntadas, sea desestimada por inexistencia de delito”.

El único hecho que el fiscal consideró que puede ser investigado judicialmente es si el personal penitenciario, cuya cúpula responde a Patricia Bullrich: “En lo que respecta al ingreso de los Diputados al establecimiento carcelario en el que lo detenidos visitados se encontraban alojados, se ha afirmado o se desprende –tanto en lo remitido por el TOF n° 5, como por la Diputada Arrieta- que no se habría dado cumplimiento con los reglamentos que regulan las visitas de legisladores a internos”. El fiscal consideró que allí sí puede haber algún delito a investigar.

El rol del SPF es justamente el hecho que abrió la causa a la que luego se sumó la denuncia de Arrieta. El expediente que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora se inició por una presentación que hizo el 5 de agosto el juez Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, que tiene a su cargo la ejecución de la pena del genocida Astiz. Obligado se hizo eco de la denuncia que realizó el abogado en causas de lesa humanidad Pablo Llonto, quien había sostenido ante el TOF 5 que “debe iniciarse una investigación por violación del Reglamento (penitenciario), lo cual de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, posibilidades de concretar fugas, y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal, concretando un incumplimiento de las obligaciones del estado argentino, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Lo que señaló Llonto es que se violó el reglamento para la visita de presos, quienes deben consentir las visitas. El letrado se tomó de la trascendencia mediática que tuvo el caso y señaló que dos diputadas libertarias dijeron que fueron engañadas en la visita. Su escrito recibió el respaldo del fiscal Félix Crous, quien está a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

Entre otras cosas, Llonto había solicitado que se cite como testigos a todos los diputados libertarios que se reunieron con los genocidas para que detallen cómo fue la visita; y a los funcionarios del SPF que estuvieron involucrados.

La comitiva de diputados libertarios que visitó a represores en la Unidad 31 de Ezeiza el 11 de julio pasado estuvo compuesta por: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo. Junto a ellos también estuvieron: Francisco Pelayo Lacal Montenegro y Marcelo Williams Prim, según dan cuenta documentos judiciales. Los visitantes se fotografiaron con los genocidas Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti, entre otros.

Un dato no debe pasar desapercibido en este contexto: seis días antes del dictamen que el fiscal Mola rubricó este miércoles, la ministra Bullrich recibió en su despacho a la diputada Arrieta.

El encuentro Bullrich-Arrieta

El 15 de agosto pasado, la diputada Lourdes Arrieta concurrió al ministerio de Seguridad de la Nación para reunirse con la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, en su despacho. La reunión se concretó al mediodía. Así se desprende del Registro Único de Audiencias. Según se registró, el motivo del encuentro fue “Asuntos legislativos”.

Bullrich tiene un especial interés en el caso que denunció Arrieta. No solo es quien tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal. También hay chats que se desprenden de la organización del encuentro con genocidas que la comprometen.

Por ejemplo, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura progenocidas Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Así se desprende de la denuncia que presentó Arrieta y ahora el fiscal requiere desestimar. Para los nuevos integrantes del grupo que habían ingresado recientemente repitió el mensaje el 13 de marzo. Al día siguiente, el diputado libertario Beltrán Benedit respondió: “No se olviden de enviarme foto DNI para gestionar ingreso penales . La idea es 1º Campo de mayo tipo 10 hs y luego Ezeiza. Nos esperan”. La visita se estaba coordinando para el día siguiente.

El Destape se contactó con el entorno de Arrieta para conocer los detalles de aquel encuentro. Al cierre de esta nota no habían respondido a la consulta.

El rol del SPF, en la mira

En diálogo con El Destape, el abogado Pablo Llonto afirmó: “Si el fiscal considera que puede haber delitos cometidos por agentes o autoridades del Servicio Penitenciario Federal, estos hechos tienen que ver con cómo se gestó e instrumentó la visita. Esto merece que el juez en su momento establezca que puede haber tres delitos: el de falsedad ideológica, que consiste en insertar cuestiones falsas en documentos verdaderos, como inserciones falsas en el libro de entradas o los formularios de visita del Servicio Penitenciario de la Unidad de Ezeiza; el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber hecho lo que marca la ley para llevar adelante una visita; y el tercero podría ser encubrimiento, si es que se cometió algún tipo de acción posterior a cualquier de los dos delitos anteriores para taparlos. Esto tendría que ser averiguado”.

El abogado que querella en diversas causas de lesa humanidad señaló a este medio que realizará una presentación en esta causa para sumar el artículo “La visita”, que publicó la periodista Gabriela Vulcano en la revista Crisis, donde hizo la reconstrucción del encuentro entre diputados libertarios y genocidas. En esa nota, se relata que el diputado Benedit durante el viaje hacia el penal dice que tenía la visita arreglada con el jefe del SPF. “Yo ya hablé con Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario, para que nos reciban Astiz, Cavallo y González”, dijo Benedit en la combi según publicó Vulcano. “Si es así, sí puede haber un delito del titular del SPF si se puso a arreglar visitas con un diputado”, afirmó Llonto a El Destape. “Él no tiene que arreglar visitas con nadie. No puede haber privilegios”, añadió. Por lo que todo indica que la causa por esta visita escandalosa continuará.