Visita a genocidas: Organismos de DDHH piden al Consejo de la Magistratura que investigue el rol de su vicepresidenta

Los organismos de Derechos Humanos presentaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, el juez supremo Horacio Rosatti, para reclamar que se investigue si Agustina Díaz Cordero, que es la vicepresidenta del órgano de selección y sanción de magistrados, estuvo involucrada en la organización de la visita a represores en el penal de Ezeiza y la elaboración de un proyecto de decreto para sacar a los genocidas de la cárcel. El nombre de la jueza y consejera fue mencionado en los chats del escándalo y figura en la denuncia penal que realizó por este tema la diputada libertaria Lourdes Arrieta. De confirmarse su participación en este caso, se pedirá su expulsión.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el CELS, entre otros organismos, manifestaron a Rosatti su “profunda preocupación” por la visita de diputados libertarios a genocidas el pasado 11 de julio en la cárcel de Ezeiza. “Según ha trascendido, esta visita fue parte de una serie de encuentros sostenidos entre legisladores de La Libertad Avanza y personas condenadas por delitos de lesa humanidad con el objeto de delinear, en conjunto con un ex magistrado, abogadas y abogados y la Vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, estrategias para garantizar beneficios o impunidad”, señalaron.

Acto seguido resaltaron: “La información que se ha hecho pública en los preparativos de esa visita menciona a la Dra. Agustina Díaz Cordero como participante de reuniones en las que se habría discutido la realización de un proyecto de ley y de decreto para asegurar distintas formas de impunidad o beneficios para personas juzgadas y condenadas por delitos de lesa humanidad”.

Ex asesora del ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, Díaz Cordero fue nombrada jueza civil por Mauricio Macri en 2018. Ingresó al actual Consejo de la Magistratura por el estamento de los jueces. Hoy es vicepresidenta del órgano de selección y sanción de jueces que preside el cortesano Horacio Rosatti, uno de los firmantes del 2x1 a favor de genocidas.

En la nota que se dirigió al presidente de la Corte y el Consejo, los organismos recordaron que es condición para ser designado juez, que el magistrado tenga “vocación democrática y por los derechos humanos”. En esa línea, señalaron a Rosatti que la Ley 26.855, en su artículo 5, “marca como requisito para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación que ‘No podrán ser consejeros las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.” El último concepto claramente podría aplicarse a la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de confirmarse su participación en la organización de las visitas a genocidas y  los proyectos para beneficiarlos.

Por eso, indicaron que “de corroborarse la participación de la jueza en reuniones realizadas para diseñar estrategias con el fin de lograr la impunidad o beneficios para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, su conducta se encontraría en infracción de estos mandatos. Y, además, demostraría una clara falta de idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática”. Esto, prácticamente, es pedir la expulsión de Díaz Cordero si se confirma que estuvo involucrada en la búsqueda de beneficiar a represores.

En los chats que la diputada Arrieta presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora, donde se investiga la visita de los libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza, hay al menos dos referencias a Agustina Díaz Cordero. Una proviene del cura y abogado Javier Olivera Ravasi, hijo de un condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel y organizador de varias de las reuniones que se hicieron para favorecer a represores. Otra, del diputado libertario Beltrán Benedit, quien fue uno de los que impulsó los encuentros con genocidas en las cárceles. Entre los represores con los que se reunieron figuran: Alfredo Astiz, integrante del grupo de tareas de la ESMA fue condenado a perpetua; Antoni Pernías y Adolfo Donda, también condenados a perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA; y Raúl Guglielminetti, condenado a perpetua por su accionar en diferentes centros clandestinos de detención, entre otros.

El 5 de julio pasado, Olivera Ravasi afirmó en el grupo de chat que compartía con abogados de represores, el excamarista Eduardo Riggi y diputados libertarios que mantuvo un encuentro con la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. A las 9.05 de aquel día, el sacerdote pro-genocidas escribió: “Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vice-pte del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión, para quienes la recuerdan”. Y agregó: “El Dr Riggi también la conoce mucho”. No dio el nombre pero la vicepresidenta del consejo es la jueza Agustina Díaz Cordero. La reunión a la que hace referencia el sacerdote es a una de las que se llevó adelante para avanzar con un proyecto que permita a los genocidas salir de las cárceles.

Por si hubiera alguna duda de a quién se hacía referencia, el 19 de marzo de este año, a las 22:32, el diputado libertario Beltrán Benedit escribió en uno de los grupos de chats donde se debatía cómo favorecer represores: “En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quienes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero!!”.

Por su rol activo en la defensa de los genocidas, el Obispado de Zarate-Campana expulsó al cura Javier Olivera Ravasi. En el comunicado en que informó el desplazamiento se afirmó: “El sacerdote Javier Olivera Ravasi se encuentra incardinado en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza; pero por cuestiones familiares y personales, reside en la Diócesis de Zárate-Campana. En varias oportunidades se lo ha invitado a reflexionar sobre las numerosas quejas fundadas en sus expresiones y actitudes, que se oponen al testimonio cristiano, máxime proviniendo de un sacerdote. Al no observarse un cambio en su actitud, se le ha comunicado deje de residir y actuar en esta Diócesis de Zárate-Campana”.

Con ese antecedente reciente, los organismos de DDHH le dijeron a Rosatti sobre Díaz Cordero: “El Consejo de la Magistratura tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos. Por lo tanto, la intervención en hechos de esta gravedad de una de las autoridades del órgano, que ocupa el altísimo cargo de Vicepresidenta, que designa, sanciona y hasta puede remover a jueces y juezas que, entre otros, investigan, juzgan y sancionan a los responsables de crímenes de lesa humanidad, constituiría un grave retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que compromete a los tres poderes del Estado”.

Y concluyeron la nota hacia el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura: “En el marco de la transparencia que debe guiar a un órgano fundamental para nuestra democracia, solicitamos a Ud. y a sus pares que se aclare públicamente esta situación y se investiguen exhaustivamente los hechos objeto de esta presentación a todos sus efectos. Quedamos a disposición, siguiendo el curso de nuestra presentación y atentos a su resultado”.

Según pudo constatar El Destape, en el Consejo de la Magistratura dieron por recibida la nota. Ahora desde los organismos de DDHH se esperan los pasos a seguir.

Impulso a una comisión investigadora en el Congreso

Mientras se da este movimiento en el Consejo de la Magistratura, en el Congreso toma forma la posibilidad de crear una comisión que investigue la visita de los diputados libertarios a genocidas.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada PRO Silvia Lospennato, convocó para el martes 20 de agosto, a las 12, a una reunión informativa. Entre los temas a tratar figura una propuesta de los diputados de UP Germán Martínez, Hugo Yasky, Cecilia Moreau y Paula Penacca para que se constituya “una comisión especial para evaluar la conducta de diputados/as nacionales que visitaron a condenados por crímenes de lesa humanidad, el 11 de julio de 2024, en el complejo penitenciario federal I de Ezeiza”. Lo que evidencia que el debate en el Parlamento por ese encuentro entre diputados libertarios y represores, continúa.