El encuentro del 11 de julio pasado entre diputados de La Libertad Avanza y genocidas en la cárcel de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz, llegó a tribunales. El juez federal Ernesto Kreplak, que subroga uno de los juzgados de Lomas de Zamora que tiene jurisdicción sobre aquel complejo penitenciario, recibió este lunes una presentación judicial del presidente del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, quien pide se investigue aquella reunión. Obligado, que integra el tribunal que juzgó a Astiz en la megacausa ESMA, se hizo eco de un reclamo del abogado Pablo Llonto, que es querellante en diversas causas de lesa humanidad, al que adhirió el fiscal Félix Crous, quien está a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal. Mientras este tema se analiza en sede judicial y este miércoles será abordado en el Congreso, el gobierno a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia Mariano Cúneo Libarona empieza a instalar que se debe evaluar la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a los represores.
En una resolución firmada este 5 de agosto, Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz- aseguró que en planteos “de la acusación, se menciona la posible comisión de delitos en el marco de la visita a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, con condena firme y bajo proceso de ejecución” por lo que pidió que se extraigan “copia de estas actuaciones, certifíquelas el Actuario y remítaselas, mediante oficio de estilo al Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal n° 2 con jurisdicción en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a los efectos que el mismo estime corresponder”. Kreplak es quien está a cargo del juzgado referenciado y ya está analizando los pasos a seguir.
La comitiva de diputados libertarios que visitó a genocidas en la Unidad 31 de Ezeiza estuvo compuesta por: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo. Junto a ellos también estuvieron: Francisco Pelayo Lacal Montenegro y Marcelo Williams Prim, según dan cuenta documentos judiciales. Los visitantes se fotografiaron con los genocidas Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti, entre otros. La fotografía fue publicada por el sitio Data Clave.
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Desde la agrupación HIJOS se hicieron eco de la fotografía y tuitearon: “Así se juntaron los de LLA con quienes violaron, torturaron, desaparecieron, secuestraron, robaron bebés, asesinaron. No es una foto: es un plan del gobierno de Milei y Villarruel para dar impunidad a los genocidas. EL ÚNICO LUGAR PARA UN GENOCIDA ES LA CÁRCEL COMÚN”.
En diálogo con El Destape, Llonto afirmó: “Nosotros no tenemos dudas de que hace mucho tiempo y seguramente de mucho antes de las últimas elecciones todos los grupos que reivindican a los genocidas, entre los cuales está la vicepresidenta Victoria Villarruel, y todo lo que significa el ala carapintada del país, que son los que siempre han estado tratando de derrocar gobiernos democráticos desde 1983 en adelante, ex militares, abogados ligados a ellos, son todos grupos que están planificando acciones tendientes a poner en libertad a los genocidas que están presos y condenados”. En esa línea, el abogado querellante en causas de lesa humanidad, añadió: “Ponen obstáculos a los juicios por delitos de lesa humanidad y hacen campaña para intentar mostrar que son inocentes. Todo ese aparato de acción psicológica lo llevan adelante de diferentes maneras. Con reuniones, con estos encuentros en las cárceles y con proyectos de ley. Frente a todo eso hay que responder de todas las maneras: periodísticamente, contando la verdad; judicialmente, investigando todo los delitos que han cometido y que cometen hoy; y políticamente, tratando de excluir a todo lo que es antidemocracia de los ámbitos democráticos”.
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Con ese norte, el pasado miércoles Llonto hizo una presentación ante el TOF 5 en el marco de la causa ESMA, donde el juez Obligado está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz. Allí, el abogado en causas de lesa humanidad reclamó que se investigue la reunión entre represores y diputados libertarios. Consideró que “debe iniciarse una investigación por violación del Reglamento, lo cual de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, posibilidades de concretar fugas, y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal, concretando un incumplimiento de las obligaciones del estado argentino, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Lo que señala Llonto es que se violó el reglamento para la visita de presos, quienes deben consentir las visitas. El letrado se tomó de la trascendencia mediática que tuvo el caso y señaló que dos diputadas libertarias dijeron que fueron engañadas en la visita. A eso, sumó la escandalosa respuesta que dio el Servicio Penitenciario Federal ante la consulta judicial.
Entre otras cuestiones, Llonto solicitó que se cite como testigos a todos los diputados libertarios que se reunieron con los genocidas para que detallen cómo fue la visita; y a los funcionarios del SPF.
Respecto a los diputados, Llonto pidió “que expliquen los pormenores y detalles de toda esta visita desde sus inicios, ante la evidente violación de las normas reglamentarias para visitas de internos (ser llevados contra su voluntad). Deben ser consultados sobre quién llenó las solicitudes de visita, a qué internos penitenciarios pidieron visitar, fechas de los pedidos”. También requirió el testimonio de los funcionarios del SPF del Complejo Penitenciario Federal VII "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás", de Ezeiza, donde se encuentran recluidos los genocidas. Finalmente, solicitó la declaración del subdirector del Servicio Nacional del SPF Diego Morel “a fin de que aclare cuál es el origen de la información que ha volcado en la nota enviada al TOF 5, de la cual se nos corrió vista. Ello porque Diego Morel, en aquella nota del jueves 25 de julio, no le informa al Juez cuáles son las fuentes por las cuales obtuvo la información volcada de lo que él llama ‘la visita que nos ocupa’”.
Llonto definió esa respuesta de Morel como “insólita y maliciosa”. Según Morel, “las visitas efectuadas a las personas privadas de libertad se sustentan en el derecho a la comunicación (oral o escrita) con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social como por razones morales, asistenciales, materiales, de alojamiento y/o humanitarias”. Llonto le respondió que como surge de “la diversa y nutrida difusión que los medios de comunicación nacionales e internacionales le han dado a esta visita” no se trató de “una visita voluntaria de alguno de ellos, que admiten haber sido engañados para ser llevados a dicha Unidad del SPF”.
La presentación de Llonto, que contó con la adhesión del fiscal Félix Crous, quien está a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal, fue girada por Obligado al juzgado federal de Lomas de Zamora para que tome cartas en el asunto.
Previo a este traslado, el abogado de genocidas Guillermo Fanego cuestionó la presentación de Llonto. Pidió que se rechace su planteo.
Según Fanego, se presenta en el legajo de ejecución “seguido a don Alfredo Ignacio Astiz, considerando que los efectos de la insólita presentación efectuada por el abogado Pablo Llonto exceden el marco de interés del condenado y se irradia hacia mis pupilos procesales mencionados en medios periodísticos por haber recibido la visita de un grupo de legisladores”. Acto seguido pidió al juez Obligado que no se investigue la visita: “No corresponde que avance en consideraciones respecto de las circunstancias, comentarios, participantes y demás menesteres de la reunión llevada a cabo por Sres. Diputados de la Nación con personas privadas libertad, alguna de ellas cumpliendo condenas dictadas en juicios de venganza, pues entraría en la esfera de reserva del art. 19 CN o de las actividades propias del SPF”. Obligado tuvo presente su planteo pero pidió que se investiguen los posibles delitos cometidos en aquel encuentro.
Fanego defiende Adolfo Donda y Alberto Eduardo González en causa ESMA. González es uno de los genocidas que fue visitado por Victoria Villarruel en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016, tal como publicó El Destape. Según reconstruyó este medio, Villarruel se reunió al menos con 10 genocidas en ese lapso de tiempo.
Agente de inteligencia, el represor Alberto Eduardo González integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. Fue condenado en 2011 a cadena perpetua junto a Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta por los crímenes cometidos en la ESMA. Entre sus víctimas se encuentra Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. En agosto de 2021, González volvió a ser condenado en otro juicio por crímenes en el centro clandestino de la Armada. Se lo sentenció a 20 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra secuestradas, incluidos abusos sexuales y psicológicos, manoseos y violaciones. En el mismo proceso que estuvo a cargo del TOCF 5 al Tigre Acosta se lo condenó a 24 años de prisión. Tal como informó Télam en aquel momento, las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas anteriores.
La periodista Luciana Bertoia escribió en Página 12 sobre la relación de la familia Villarruel con González: "El matrimonio Pando-Mercado suele recordarle a Villarruel otro vínculo con otro ilustre integrante de la patota de la ESMA: Alberto Eduardo González, conocido en el campo de concentración de la Marina como el 'Gato' o 'González Menotti'. González –condenado a prisión perpetua– es historiador de la Marina, como el abuelo materno de Villarruel, y escribió cuatro libros, según declaró en una indagatoria. Pando dice que los libros que publicó Villarruel fueron escritos, en realidad, por González. Este diario consultó con el defensor de González, Guillermo Fanego, quien reconoció el vínculo con Villarruel, aunque desestimó la coautoría".
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El caso de la visita a genocidas tomó impulso judicial luego de que durante la feria judicial, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, quien es coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de ese tribunal, exhortara a Obligado a averiguar cómo se dio el encuentro con los diputados.
Los visitantes
En una respuesta a un oficio que giró el presidente del Tribunal Oral Criminal Federal 1, Adrián Grunberg, a cargo de la ejecución de la pena del genocida Raúl Guglielminetti, el 5 de agosto la prefecto Carolina Paz, jefa del Complejo VII de la cárcel de Ezeiza, informó que el 11 de julio ingresaron a las instalaciones de la Unidad Residencial II 8 personas: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Francisco Pelayo Lacal Montenegro y Marcelo Wiliams Prim. Los últimos dos estarían relacionados a Beltrán Benedit. De esa forma corrigió una primera respuesta que daba otros nombres y lejos de esclarecer generaba mayor confusión sobre aquella visita. El SPF ahora está a cargo en última instancia de Patricia Bullrich, quien impulsa la salida de los genocidas de las cárceles.
El gobierno coquetea con la domiciliaria para genocidas
¿Para qué se reunieron los diputados libertarios con genocidas en la cárcel? La tesis central es que los represores piden salir de prisión y esgrimieron a los visitantes distintas iniciativas para lograrlo. En este contexto, el gobierno comenzó a instalar la idea de que los represores, condenados por delitos de lesa humanidad, merecerían volver a sus casas.
En su reciente paso por la provincia de Mendoza, para la puesta en marcha del sistema acusatorio, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y su par de Seguridad Patricia Bullrich se refirieron a la existencia de “iniciativas” para que los genocidas dejen la prisión y cumplan las penas en sus domicilios. Por ejemplo, Cúneo Libarona afirmó: “Hay gente de más 80 de años que está enferma, débil, que está en la cárcel que bien podría estar en otras condiciones de detención. Estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, afectando el criterio de dignidad, esto ya no es justicia sino venganza”, dijo repitiendo la letra de la defensa de los represores. “Ya tener gente que se esté muriendo, tener 300 personas de edades elevadas en esa prisión a mí me parece que es un tema que merece una conversación”, agregó en una entrevista sobre quienes cometieron crímenes atroces y aún hoy no revelan dónde están los desaparecidos ni los nietos robados. Cúneo Libarona, que como abogado defendió al acusado por crímenes de lesa humanidad Enrique Barre, lejos de interpelar a los represores para que brinden datos sobre los desaparecidos dijo que los genocidas “merecerían morirse en su casa con una tobillera electrónica de la mano de su esposa” para “que mueran como corresponde”.
Los dichos del titular de la cartera de Justicia provocaron la reacción de los organismos de Derechos Humanos. Desde HIJOS, le contestaron y expusieron que los datos que brindó el ministro son falsos: “Cúneo Libarona y Bullrich, ministros de LLA, apoyan el beneficio del arresto domiciliario para genocidas. Casi el 80% de los detenidos (+ de 600) ya lo tiene y está en su casa. Hay + de 1400 libres. El estudio jurídico Cúneo Libarona representa a genocidas”.
El Congreso aborda la visita a represores
En este contexto, este miércoles la presidenta la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, cambió de opinión y recibirá a los organismos de derechos humanos que le habían pedido una reunión tiempo atrás. Tras ese encuentro, durante una sesión de la Cámara Baja se planteará el tema de la visita de los libertarios a los genocidas para que se traten diferentes proyectos que van desde el mero repudio a una sanción o expulsión del Congreso. También se contempla la creación de una comisión investigadora. Hasta el momento, el oficialismo estaba tratando de contener el escándalo con sus aliados para que el caso no pase de un repudio.
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