La visita que diputados libertarios realizaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza el 11 de julio pasado se convirtió en una caja de pandora. La diputada Lourdes Arrieta, que fue parte de la comitiva que se reunió con represores, presentó este miércoles una denuncia penal contra directivos del Servicio Penitenciario Federal, que depende de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y expuso cómo fue el armado del encuentro. Se trata de una acusación que compromete a sus compañeros de bancada y a funcionarios del gobierno como a la propia Bullrich. La presentación, a la que tuvo acceso El Destape, describe el rol que tuvieron un cura vinculado a Victoria Villarruel e hijo de un genocida y otros abogados y jueces. Hay referencias a encuentros y visitas previas.
El rol del cura villarruelista y pro-genocidas
El 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a genocidas en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Así se desprende de la denuncia que presentó Arrieta. Para los nuevos integrantes del grupo que habían ingresado recientemente repitió el mensaje el 13 de marzo. Al día siguiente, el liputaado libertario Beltrán Benedit respondió: “No se olviden de enviarme foto DNI para gestionar ingreso penales . La idea es 1º Campo de mayo tipo 10 hs y luego Ezeiza. Nos esperan”. La visita se estaba coordinando para el día siguiente.
Tal como surge de la presentación de Arrieta, las conversaciones y encuentros para intentar sacar a los genocidas de la cárcel comenzaron, como mínimo, en febrero de este año. Al menos en ese fecha ella fue agregada al chat "Comida informal con Padre Javier x milit", que creó el cura Olivera Ravasi. Es decir que, de mínima, se empezó a gestar a dos meses de asumido el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
El 23 de febrero, Oliversa Ravasi chequeó quiénes serían los invitados a una comida a realizarse el 14 de marzo a las 19.30 en Montevideo 871, Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una sede de la Fundación San Elías, que comanda el propio cura. Entonces, el sacerdorte progenocidas especificó de qué trataría la reunión: “Reunión informal y reservada por tema proyecto milit”. Es decir, para abordar los proyectos legislativos que pudieran beneficiar a los represores. El 9 de abril pasado, el cura convocó a otro encuentro en el mismo lugar para el día siguiente: “Miércoles 10/4 a las 19.30 hs. Segunda (y esperamos) última reunión. Mismo lugar que la otra vez: Montevideo 871, CABA”. Según Arrieta, ella no fue parte de esos encuentros y por sus inasistencias sufrió presiones y reclamos.
La diputada libertaria asegura que ella solo participó de la visita a Ezeiza y fue agregada en grupos de WhatsApp, “motivada por la figura de un tal ‘padre’ Javier Ravasi, quien me inspiraba por demás confianza en términos de fe y cultura, por la religión que profeso”. Arrieta contó en su denuncia que ella mantuvo una sola conversación con Olivera Ravasi antes de ser agregada a los grupos y que llegó a él recomendada por Benedit.
¿Quién es este cura que creó diversos grupos de Whatsapp para organizar las visitas y elaborar un proyecto que sea la llave de los represores para salir de la cárcel? El padre Olivera Ravasi es abogado e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, está alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y es un fervoroso militante por la libertad de los genocidas.
En un mensaje que envió en esos chats con libertarios, abogados y jueces, Olivera Ravasi dijo ya tener el proyecto para liberar genocidas listo: “Buenas y santas, soy el padre Javier Olivera Ravasi. Algunos me conocen, otros no. Les mandó muy cortito este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor léanlo. Si Dios quiere en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último”.
Arrieta adjuntó en su denuncia un proyecto de ley y un decreto para liberar genocidas que circularon en los chats grupales. Uno hace foco en el “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable” para los genocidas y pide que a los 20 años de que el Estado haya tomado conocimiento de la comisión de un delito caduque la pena. El decreto, por su parte, fija “en veinticinco años el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”. Básicamente, son las iniciativas que propusieron los genocidas para salir de detrás de las rejas.
En la denuncia, Arrieta especificó que en los grupos de chats “se daba discusión contra la ‘izquierda’ y sobre la modificación de proyectos de ley relacionados con el ‘plazo razonable’, recuerdo que uno de los puntos de la discusión que se originaba entre los abogados, era para que eso (el plazo razonable) no impacte en familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que siguen en la búsqueda de justicia”.
Perfil de Olivera Ravasi: burlas a los desaparecidos y una entrevista “inédita” a Videla
El Destape publicó el 30 de marzo pasado, cuando estos proyectos ya estaban avanzados, un perfil del cura Javier Olivera Ravasi, porque durante el aniversario del Golpe de Estado realizó diversos tuits provocadores.
Alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera, este cura el último 24 de marzo acompañó la campaña del gobierno nacional, que volvió a agitar la Teoría de los dos demonios. En la conmemoración del 48º aniversario del Golpe de Estado se burló de la cifra de los 30.000 desaparecidos y retuiteó a Villarruel, con quien coincidió en un acto de familiares de represores hace dos años y entrevistó para su canal de YouTube en 2021. Acaso la mayor provocación de su parte fue que el 21 de marzo pasado, en la víspera del Día de la Memoria y para justificar el Terrorismo de Estado, el sacerdote hizo circular en su canal de YouTube una entrevista al dictador Jorge Rafael Videla de 2012 realizada desde la cárcel y que definió como un “audio inédito”.
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Tal como lo reflejan sus redes sociales, Olivera Ravasi tiene relación con quienes se encargan de desarrollar el relato mileísta que justifica la última dictadura cívico militar como Nicolás Marquez y Agustín Laje y con un exagente de la AFI macrista que es influencer (Dannan). Sostiene la misma línea pro-dictadura bajo la excusa de que en los años 70 hubo una guerra. Con ellos coincidirá en “Viva la Derecha Fest”, un evento de la ultraderecha que se realizará el 5 de octubre en el Auditorio Belgrano. El cura invita a ese encuentro en sus redes sociales.
Oliver Ravasi también hace público en sus redes sociales su devoción por el carapintada que se alzó contra la democracia Mohamed Seineldín.
Este cura ganó fama entre otras cosas por tener un rosario hecho con balas. Como se mencionó, es hijo del genocida Jorge Olivera, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, y de la psicóloga Marta Ravasi, quien se muestra como su hijo muy activa en el reclamo de libertad para los represores -fue una de las firmantes de la carta que familiares de represores dirigieron a Villarruel para que cumpla su promesa de liberación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad-.
En una entrevista, Olivera Ravasi definió a su padre como “un soldado siempre preocupado por servir del mejor modo a nuestro país”. Jorge Olivera está condenado por crímenes de lesa humanidad. Tiene 3 perpetuas (2013, 2017 y 2023). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan por ejemplo lo condenó en 2013 a prisión perpetua por considerarlo responsable de más de 40 secuestros, la aplicación de tormentos en más de 50 hechos y homicidios doblemente agravados. Entre esos casos se le adjudica la desaparición de la modelo franco argentina Marie Anne Erize, a quien Olivera se jactaba de haber violado mientras estaba en cautiverio, tal como relataron sobrevivientes. Este represor logró fugarse en dos ocasiones y fue recapturado. Es tal su impunidad, que tal como informó Luciana Bertoia en Página 12, estando con prisión domiciliaria hizo una gran fiesta por sus 50 años de casado a la que concurrió Cecilia Pando y el represor Gustavo de Marchi que no estaba en una cárcel común porque había aducido problemas de salud. El fiestón contó con la animación de Palito Ortega. El cura de aquella ceremonia fue el segundo de sus cinco hijos: el sacerdote Javier. La difusión de la fiesta le valió apenas un llamado de atención de la Justicia.
El cura Javier Olivera Ravasi se formó se formó en el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación ultraconservadora de Mendoza. En su biografía se presenta también como abogado, doctor en Filosofía, doctor en Historia y Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales aunque no especifica dónde. También director del canal “Que no te la cuenten” (QNTLC) y cofundador de la orden San Elías. Para darle ruedo a esa nueva orden contó con el apoyo de influencers de la ultraderecha como los mentados exagente de la AFI macrista Manuel Gorostiaga (Dannan) y el escritor negacionista Agustín Laje, quienes grabaron videos para pedir donaciones “a una causa tan fundamental como lo es la batalla cultural y la lucha espiritual”.
Desde sus redes sociales, Olivera Ravasi manifiesta su apoyo a la vicepresidenta Victoria Villarruel -a quien dice conocer desde 2021- y reclama por la libertad de los genocidas, para lo que justifica el terrorismo de Estado (solo critica sus “excesos”).
Según Arrieta tanto Olivera Ravasi como Benedit fueron dos de las personas que “tuvieran mayor actividad en los grupos que organizaron la visita a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza”. A ellos sumó a:
- Ricardo Alberto Saint Jean, abogado e hijo del represor Ibérico Saint Jean, gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, donde funcionó el Circuito Camps.
- María Laura Olea, abogada. Junto a Ricardo Saint Jean fueron quienes pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal nuevas reglas para que los genocidas pudieran acceder a prisiones domiciliarias.
- Eduardo Rafael Riggi, exjuez de la Cámara Federal de Casación penal.
- Alida Ferreyra, diputada libertaria.
- Guillermo Montenegro, diputado libertario.
- Sharif Menem, asesor de Martín Menem en la Cámara de Diputados. De acuerdo a la denuncia de Arrieta, “esta persona no participó en los grupos, pero, según informó la Diputada Rocío Bonacci fue uno de los que habría autorizado la movilidad o tenía conocimiento del viaje”.
La comitiva de diputados libertarios que visitó a genocidas en la Unidad 31 de Ezeiza estuvo compuesta por: Benedit, Montenegro, Arrieta, Bonacci, Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo. Junto a ellos también estuvieron: Francisco Pelayo Lacal Montenegro y Marcelo Williams Prim, según dan cuenta documentos judiciales. Los visitantes se fotografiaron con los genocidas Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros.
La denuncia de Arrieta
La presentación de Arrieta quedó radicada en el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el magistrado Ernesto Kreplak. La diputada libertaria dice que no comulga con estas ideas de liberar genocidas y apuntó al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, el inspector general Fernando Martínez, y al director del Complejo penitenciario de Ezeiza. Ambos tienen como su jefa política a Patricia Bullrich. Arrieta pidió se investigue la posible comisión de los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicas.
Según pudo reconstruir este medio, la denuncia se acumuló a una presentación previa que hizo el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, quien pidió este lunes que se investigue el encuentro de libertarios y genocidas en la cárcel de Ezeiza. Obligado, que integra el tribunal que juzgó al represor Alfredo Astiz en la megacausa ESMA y está a cargo de la ejecución de su pena, se hizo eco de un reclamo del abogado Pablo Llonto, que es querellante en diversas causas de lesa humanidad.
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En su presentación, Arrieta menciona “visitas anteriores”: “Debo mencionar que conforme consta en los grupos de la red social, anteriormente ya se habían organizado visitas y reuniones”. “No he asistido a ningún tipo de reunión o visitas”, agregó luego. De acuerdo a los chats, todo indica que hubo al menos una visita previa a genocidas en Campo de Mayo. Según Arrieta también allí hubo colaboración del padre Javier Ravasi “y entiendo del personal con facultades suficientes del Servicio Penitenciario Federal”.
La diputada también pide que respecto al encuentro de diputados libertarios con genocidas en Ezeiza, realizado el 11 de julio, “se investigue si se han utilizados recursos de los ciudadanos para realizar esta visita por fuera de toda orden de tareas o trabajo legislativo, como así también la responsabilidad que pudiera caberle o no al jefe del servicio penitenciario y de la unidad del complejo penitenciario de Ezeiza en lo que respecta a los estándares de seguridad que hacen al ingreso a la unidad carcelaria”. De acuerdo a la diputada ingresaron sin ser revisados. “No solo que no nos registraron para el ingreso, sino que, dentro de la unidad carcelaria se tomaron imágenes fotográficas con los propios teléfonos de algunos de mis compañeros”, añadió la diputada.
Arrieta dice que se sintió engañada. Esto motivó la discusión entre los visitantes de los genocidas sobre la emisión de un comunicado. Otra vez, fue “el Padre Ravasi” quien “creó un grupo de WhatsApp a tales fines”. Allí, el diputado Guillermo Montenegro esbozó un posible comunicado de prensa. Comenzaba diciendo: “Visita a la Unidad 31 de Ezeiza: Exigimos Respeto a los derechos humanos”.
Como al final el bloque de LLA decidió no emitir ningún comunicado, Arrieta decidió avanzar con uno suyo propio, según contó en la denuncia. Entonces, relató, sufrió presiones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, vía uno de sus asesores. “Se me prohibía realizar las aclaraciones, que siempre consideré necesarias sobre lo sucedido aquel 11 de Julio pasado”, señaló la libertaria.
Este jueves, Arrieta ratificó su presentación en la Justicia. Por lo que la historia alrededor de la visita de los diputados libertarios a genocidas continuará.
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