Tras la visita a genocidas Bullrich se reunió con Arrieta: le pidió “cuidar” al Servicio Penitenciario y remarcó su relación con el fiscal Mola

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió en su despacho con la diputada Lourdes Arrieta el 15 de agosto pasado, luego de que la legisladora realizara una denuncia penal por la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Según pudo reconstruir El Destape, la ministra le pidió a Arrieta que “cuidara” al personal del SPF, resaltó su relación con el fiscal Sergio Mola, que instruye la pesquisa en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y se mostró preocupada por la intervención en la causa del juez Ernesto Kreplak. Hubo más participantes en el cónclave de los detallados en el Registro Público de Audiencias. Por ejemplo, fue parte de la reunión el funcionario de Seguridad Fernando Soto, que también es abogado del expolicía Luis Chocobar. Soto fue el que actuó como gestor del encuentro. Bullrich tiene un interés central en el caso: tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que quedó en el centro de la polémica por facilitar el ingreso al penal de los legisladores libertarios y hay chats que la comprometen. Públicamente, la ministra dice que no tuvo intervención en el caso.

Arrieta fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza junto a compañeros de bancada el 11 de julio pasado y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal el 6 de agosto en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. La diputada dijo que no sabía con quiénes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la visita. El fiscal Mola pidió al juez que desestimara su denuncia penal. Pretende que la pesquisa se circunscriba únicamente a si integrantes del SPF cometieron algún delito.

A la par que se conocen cada vez más detalles del encuentro y sus consecuencias políticas y judiciales, abogados de genocidas también se presentaron en el expediente, pidieron ser tenidos por “amicus curiae” y solicitaron el cierre de la investigación por “inexistencia de delito”. Por su parte, el abogado Pablo Llonto, que es querellante en diversas causas de lesa humanidad, reclamó en distintas presentaciones que se investigue a fondo todo lo relativo al encuentro con represores. Remarcó que se pudieron haber cometido diversos delitos, sobre todo, por parte del Servicio Penitenciario.

El pedido de Bullrich a Arrieta: “cuidar” al Servicio Penitenciario

Dos semanas después de que Arrieta hiciera la denuncia penal por la visita a genocidas, la ministra de Seguridad Patricia convocó a la diputada a su despacho en el ministerio de Seguridad de la Nación. Se reunieron el 15 de agosto, tal como dio cuenta El Destape seis días después, el 21 de agosto pasado.

Bullrich citó a Arrieta para hablar sobre la causa que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde la diputada había presentado la mentada denuncia penal que ventilaba cómo se gestó la visita a genocidas del 11 de julio pasado. En la presentación, que se hizo el 6 de agosto, se apuntaba al accionar del SPF y revelaba iniciativas que se estaban tejiendo entre libertarios y abogados y familiares de genocidas para sacar a los represores de la cárcel. Se trata de mismo material que este fin de semana la diputada difundió por redes sociales.

En la reunión, que se desarrolló al mediodía y se extendió por alrededor de una hora y media, la ministra le pidió a Arrieta que “cuidara” al personal del Servicio Penitenciario Federal. Según se desprende de la denuncia de legisladora hubo complicidad por parte de las autoridades del SPF en alguna de las visitas que los libertarios realizaron a represores (porque fueron más de una). En uno de los chats difundidos, el diputado Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”.  

Los diputados, por ejemplo, no fueron revisados al ingresar el 11 de julio al penal de Ezeiza. Incluso entraron con celulares y se tomaron fotografías. Todo indica que hasta una de las legisladoras que fue parte de la comitiva ingresó al penal sin su DNI. En pos de defender a quienes en última instancia le responden, Bullrich le dijo a Arrieta en la reunión del 15 de agosto que los diputados pueden no ser revisados al ingresar al penal como sucede con los jueces. Es la misma línea que sostienen los abogados de genocidas que pidieron ser tenidos por amicus curiae en la causa y requirieron el cierre de la pesquisa.

El carácter de la visita de los legisladores libertarios a genocidas no es equiparable a las que realiza el Poder Judicial. Ese es un punto central para la pesquisa porque expondría la connivencia del SPF. El abogado Pablo Llonto denunció las diversas irregularidades que, todo indica, cometieron integrantes del Servicio Penitenciario en esta causa. Mencionó desde “falsedad ideológica” a “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”.

Un chat de los libertarios compromete a Bullrich en toda esta trama. Según se desprende de la denuncia de Arrieta, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Por ejemplo, hubo otro encuentro en Campos de Mayo, donde también hay represores detenidos.

Este lunes, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio. Y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación", manifestó.

La “relación” Bullrich-Mola

En su encuentro con Arrieta del 15 de agosto, Bullrich también resaltó que tiene vínculo con el fiscal del caso, Sergio Mola, quien seis días después de ese cónclave pidió la desestimación de la denuncia que hizo la diputada.

Como publicó este medio, Mola es un fiscal formado en la justicia de Morón, que contó durante el macrismo con encuentros con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y hasta con ingresos a la embajada de Estados Unidos. Fue junto a Diego Luciani quien pidió se condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Vialidad. También participó en la causa del G-20 que impulsó y utilizó la AFI cambiemita para cubrirse del espionaje ilegal a CFK.

Nombrado Fiscal General Adjunto por Mauricio Macri en diciembre de 2018, la fotografía de su jura del 15 de febrero de 2019 refleja el respaldo político que supo cosechar. En primera fila lo aplaudieron la entonces ministra de Seguridad –etapa macrista- Patricia Bullrich; el ministro de Seguridad bonaerense de entonces, Cristian Ritondo; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien fuera secretario de Legal y Técnica de la gobernadora María Eugenia Vida; y Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal. La jura se la tomó el procurador general interino Eduardo Casal, quien aparece mencionado en los chats que difundió Arrieta como discípulo del excamarista de Casación Alfredo Bisordi, defensor de represores desde su rol de juez.

¿Pesará esta relación con Mola de la que Bullrich se jactó ante Arrieta en el devenir de la causa sobre la visita a genocidas que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora?

El nexo para la reunión Bullrich-Arrieta: el abogado de Chocobar

El contacto para concretar la reunión Bullrich-Arrieta fue Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación y abogado del expolicía Luis Chocobar, acusado de matar por la espalda a un joven que había delinquido. Soto fue quien invitó a la diputada libertaria al encuentro, que de acuerdo al Registro Único de Audiencias se realizó en la sede del ministerio, en la calle Gelly y Obes 2289, a las 12.30. Un detalle: Soto no aparece como parte de esa reunión en el registro pero según reconstruyó este medio sí fue parte del cónclave. Quien sí aparece es Néstor Octavio Majul, referenciado como “Secretario Articulación Federal”.

Justo el día de la reunión el abogado de Arrieta, Yamil Castro Bianchi, se encontraba de vacaciones y no estaba en Buenos Aires.

Pedido de citación en el Congreso

Tras la difusión de chats que realizó Arrieta en redes sociales, diputados piden citar a la ministra Bullrich a dar explicaciones en el Congreso.

Los legisladores Esteban Paulón y Mónica Fein (Encuentro Federal) pidieron que la ministra Bullrich se presente en la Cámara baja para dar explicaciones respecto a su posible participación en la gestación de la visita. Desde Unión por la Patria (UP) trabajan en una iniciativa similar.

¿La ministra concurrirá al Congreso a dar explicaciones sobre este escándalo que la involucra