Visita a genocidas: piden apartar al fiscal del caso y que intervengan las unidades de DDHH y género

La diputada libertaria Lourdes Arrieta pidió apartar al fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola de la causa en que se investiga la visita a genocidas que realizaron legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cárcel de Ezeiza el pasado 11 de julio. Requirió que la instrucción de la pesquisa pase a manos del juez del caso, Ernesto Kreplak, y que hasta eso suceda intervengan unidades del Ministerio Público Fiscal especializadas en Derechos Humanos y Género. Mola había planteado la desestimación de la denuncia penal realizada por Arrieta. A la par, abogados de represores presentaron un escrito para ser tenidos por amicus curiae en este expediente y pidieron que se cierre la investigación. Los letrados de represores defendieron el accionar de los legisladores libertarios y la iniciativa que estaban trabajando en conjunto para sacar de la cárcel a los condenados por delitos de lesa humanidad.

La recusación de Mola

La diputada Lourdes Arrieta, que todo indica será expulsada del bloque de la LLA tras su accionar en esta causa, pidió apartar al fiscal Mola del expediente y le requirió al juez Kreplak que “reasuma la investigación”. Hasta que eso suceda pidió “la intervención de fiscalías especializadas en violencia de género y derechos Humanos”.

Arrieta fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza junto a compañeros de bancada el 11 de julio y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. La diputada dijo que no sabía con quienes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la visita.

En un escrito que rubricó junto a su abogado Yamil Castro Bianchi, la diputada recusó al fiscal Mola porque se anotició por los medios del pedido de desestimación que hizo de su denuncia penal. “Cuando tomé conocimiento de la posible desestimación de la denuncia, mi abogado consultó el sistema del Lex100, donde sólo existía una presentación efectuada por terceros ajenos al proceso con solicitudes impropias que no fueron atendidas”, afirmó Arrieta en su escrito. Los “terceros ajenos al proceso” son abogados nucleados en el sello Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, una ONG integrada por letrados defensores de genocidas como Guillermo Fanego, que pidieron ser amicus curiae en el expediente y respaldaron el accionar de quienes visitaron a sus defendidos (ver siguiente subtítulo). “CASUALMENTE, la petición de estos terceros era lo mismo que la fiscalía habría pronunciado en su sede”, añadió la legisladora nacional.

La solicitud de desestimación de Mola ocurrió el mismo día en que Arrieta fue protagonista de un escándalo en una reunión de bloque de LLA que terminó con una denuncia de la diputada contra su compañero de bancada Nicolás Mayoraz. Arrieta pidió al juez Kreplak que se interiorice en esa acusación: “Fui agredida por los hechos vinculados a mi denuncia, y si no fuera por la intervención de mi abogado y la custodia que usted me asignara, no sé qué hubiera sido de mi integridad física”, señaló.

En el pedido de apartamiento del fiscal, Arrieta interroga: “De las pruebas que he acompañado, ¿no surge ningún delito? O ¿no hay interés en investigar?”. En esa línea, preguntó a sabiendas de que aún no tiene respuesta: cómo se gestionó la visita al penal, qué reglamentación debe cumplirse para el penal, si los sujetos condenados tienen objetos prohibidos en sus celdas y si es normal que no se le informe a los concurrentes a un penal la identidad de las personas que vayan a visitar. “¿No llama la atención que luego de la ratificación de la denuncia mi abogado haya recibido presiones y luego yo sufriera hechos de violencia de genero por mis pares?”, agregó.

En su nuevo escrito, la diputada insistió con su denuncia: “Hice mi denuncia ante la falta de claridad de los sucesos por parte de mis pares, por lo que, respetuosamente considero que deben investigarse hechos claros: 1. Si el día 11 de Julio de 2024 en horas de la tarde el personal del servicio penitenciario federal del complejo de Ezeiza, violando los deberes a su cargo, incumplió con las medidas mínimas de seguridad, entre ellas el control del ingreso de elementos prohibidos por la reglamentación carcelaria, llenado de formularios y toma de datos correctos. 2. Si el día 11 de Julio de 2024 en horas de la tarde el personal del servicio penitenciario federal del complejo de Ezeiza, consignó datos falsos en los libros de ingreso a la unidad penitenciaria. 3. Si el día 11 de Julio de 2024, se utilizaron fondos públicos en forma indebida para una visita de diputados y terceras personas al Complejo penitenciario de Ezeiza. 4. Si ha existido la unión de personas con la finalidad de atentar contra el orden constitucional”.

El miércoles pasado Mola pidió al juez Kreplak que desestime la denuncia penal que presentó la diputada. El magistrado aún no se expidió. Como publicó El Destape, seis días antes del dictamen desestimatorio del fiscal, Arrieta fue convocada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su despacho. Se reunieron al mediodía durante aproximadamente una hora. Bullrich está cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y observa este caso con preocupación. No es para menos. Según se desprende de la denuncia de Arrieta que Mola pidió desestimar, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura progenocidas Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”.

Los abogados de genocidas al rescate de los diputados de LLA

La asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, integrada por abogados de represores, presentó un escrito ante la justicia federal de Lomas de Zamora para intentar ser parte del caso. En un escrito de 4 páginas solicitaron ser tenidos como amicus curiae  y que se desestime la denuncia que compromete a diputados libertarios, integrantes del SPF y a la ministra de Seguridad.

“Nos presentamos como ‘amicus curiae’ a fin de solicitarle se sirva disponer el archivo de la denuncia impetrada en estas actuaciones por inexistencia de delito, evidenciando, además, una persecución inadmisible a quienes no comparten la ideología que unifica a los denunciantes ante esta sede y aquellos recibidos del TOF 5 CABA y un atropello a integrantes de uno de los Poderes del Estado Constitucional de Derecho”, comienza el escrito dirigido a Kreplak que se presentó el 8 de agosto pasado. Lleva la firma de los abogados:

• Guillermo Fanego, defensor de genocidas como Adolfo Donda y Alberto Eduardo González, ambos condenados en la megacausa ESMA. González es uno de los genocidas que fue visitado por Victoria Villarruel en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016, tal como publicó El Destape.
   
• José María Sacheri, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que en 2006 pidió una amnistía para los genocidas. Está relacionado al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimcas (CELTYV), el sello de Victoria Villarruel.
   
• José María Soaje Pinto, quien defendió a genocidas, al carapintada Mohammed Alí Seineldín y hasta al criminal de guerra nazi Walter Kutschmann.
   
• Pedro Pablo Pusineri, vinculado al estudio Durrieu, fue asesor del Bloque de Diputados del PRO entre 2016 y 2018. En la red social X (exTwitter) se presenta como Profesor de Derecho Procesal Penal de Centro derecha y liberal y repostea mensajes que ponderan a Villarruel.

El pasado 19 de agosto retuiteó un mensaje de la cuenta Justicia y Concordia que negaba los “vuelos de la muerte”, a pesar de la evidencia que hay sobre esa metodología que utilizó la última dictadura cívico-militar para desaparecer personas. “Una de las mayores mentiras instaladas ha sido ‘los vuelos de la muerte’, creada por Verbitsky y negada ante los tribunales de España por su denunciante arrepentido, Adolfo Scilingo”, retuiteó.

• Marcelo Llambías Pravaz, ex mayor del Ejército, quien fue destituido mediante un decreto presidencial del ex presidente Néstor Kirchner, en 2005, luego de ser condenado por matar a un compañero de armas. Fue denunciado por torturas contra soldados argentinos durante el conflicto bélico de 1982.  Según denunció el CECIM-La Plata, Llambías desfiló en el acto del último 9 de julio organizado por el gobierno de Javier Milei. Apareció en uno de los videos que compartió en redes sociales el ministro de Defensa Luis Petri.
   
• Elena Rita Genise, abogada de genocidas fue nombrada por Macri en 2018 en la Agencia de Discapacidad pero renunció tras el  escándalo que provocó su designación.

Estos abogados, entre otras cosas, destacan que la visita a genocidas “efectuada por legisladores se inserta en las atribuciones que les otorga el integrar el Poder Legislativo, -uno de los que componen el sistema republicano y federal de gobierno”. “Por tal motivo no se evidencia que, una actividad lícita, en el marco de las puede ejercer un representante del pueblo de la Nación, sea sometida al escarnio público como pretenden los periodistas que dieron publicidad a la noticia”, añadieron. Y tratan a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad como los “gerontes visitados”.

En esa línea, cual defensores de los diputados libertarios, señalaron que “pretender cercenar el derecho a visitar a personas privadas de libertad por parte de legisladores, es un atentado al orden constitucional pues violenta la inmunidad que se le otorga a los representantes del Pueblo y de las provincias que componen nuestro territorio”.

También respaldaron el accionar de los integrantes del SPF, que quedaron en la mira de la investigación. En el mismo escrito, escribieron: “Resta analizar la conducta de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal quienes carecen de atribuciones para limitar las visitas de diputados a personas privadas de libertad”, consideraron.

El pasado 21 de agosto cuando rechazó la denuncia de Arrieta el fiscal Mola sostuvo que investigaría únicamente a integrantes del SPF. A la par, el abogado Pablo Llonto pidió se investigue un posible acuerdo entre el Servicio Penitenciario y los visitantes.

Para estos abogados “resultaría absurdo” que desde el SPF “se les negase” a los diputados libertarios “una atribución que, como formadores de leyes, pueden ejercer para interiorizarse respecto del cumplimiento de las leyes dictadas por el Congreso o analizar in situ la necesidad de presentación de proyectos modificatorios de la legislación vigente, especialmente respecto de un colectivo protegido por la Constitución Nacional que es el de los ancianos privados de libertad”. En estas últimas líneas, los abogados de genocidas defienden que los legisladores de LLA impulsen iniciativas para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad, proyectos sobre los que trabajaron tal como se desprenden de los chats que Arrieta presentó en la Justicia.

La presentación de la asociación integrada por abogados de genocidas releva de pruebas a los acusadores. La defensa obscena que hicieron los letrados de todos los involucrados de esta trama pone en evidencia lo que hay detrás de la visita del escándalo.