Visita a genocidas: pidieron investigar un acuerdo entre el jefe del SPF y diputados de LLA

El abogado Pablo Llonto, que querella en diversas causas de lesa humanidad, pidió este jueves que se investigue un nuevo hecho que compromete al Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el caso de la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza, el 11 de julio pasado. El letrado se hizo eco de una publicación de la revista Crisis y solicitó que se investigue si hubo un acuerdo entre la cúpula del SPF, que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y los libertarios que ingresaron al penal.

El letrado hizo el planteo a partir de un hecho que relató la periodista Gabriela Vulcano en la revista Crisis, en una reconstrucción que hizo sobre el encuentro entre legisladores de LLA y represores. En una nota titulada “La visita”, Vulcano narró que el diputado Beltrán Benedit durante el viaje de la comitiva libertaria hacia el penal de Ezeiza aquel 11 de julio dijo que tenía la visita arreglada con el jefe del SPF. “Yo ya hablé con Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario, para que nos reciban Astiz, Cavallo y González”, dijo Benedit en la combi según publicó Crisis.

Llonto presentó ese artículo ante el juez Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral en los Federal Nº 5, quien está a cargo de la ejecución de la pena del genocida Alfredo Astiz, que fue uno de los visitados por los libertarios. Solicitó que se investigue el hecho narrado en el marco del legajo del ex integrante del Grupo de Tareas de la ESMA o que se remita al juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Ernesto Kreplak que está a cargo de la investigación judicial de la visita.

“Vengo a poner en conocimiento del juez de Ejecución un nuevo hecho que implicaría la comisión de irregularidades o delitos en el conocido suceso llamado ‘Visita de diputados/as a condenados por delitos de Lesa Humanidad’ entre los cuales se encuentra el condenado ALFREDO ASTIZ”, comenzó la presentación de Llonto.

El letrado recordó en su escrito que en el marco de este caso, el subdirector nacional del SPF Diego Morel cuando se le pidió un informe sobre la visita de los legisladores a los condenados por delitos de lesa humanidad contestó que fue “debidamente llevada a cabo en el marco de las reglamentaciones penitenciarias establecidas (…)”. Esto parece no ser cierto a la luz de las distintas publicaciones que dan cuenta de que los diputados libertarios tenían un arreglo con las autoridades del SPF para ingresar al penal, que no fueron revisados, entraron con celulares, se tomaron fotos y hasta una legisladora ingresó sin su DNI.

Llonto citó un pasaje de lo publicado por Vulcano en la revista Crisis que, de comprobarse, desmiente a Morales. En la crónica que cita el abogado en sede judicial se cuenta el siguiente diálogo entre la diputada libertaria María Fernanda Araujo y Benedit: “¿Beltri, qué vamos hacer hoy?”, preguntó Araujo. “Yo ya hablé con Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario, para que nos reciban Astiz, Cavallo y González”, respondió su compañero de bancada. A lo que Araujo acotó: “Che, es muy duro ir a ver a Astiz. Es el ‘ángel de la muerte’”.

De acuerdo a Llonto, la investigación de la revista Crisis “señala una serie de episodios graves”, que el letrado enumeró:

• “El Director del Servicio Penitenciario Fernando Martínez ‘acordó’ la visita con el diputado Beltrán Benedit y que en la misma se visitaría a Alfredo Astiz, violando así los reglamentos de visitas que nunca mencionan que el director del SPF puede ‘acordar’ visitas”.
• “Al menos una o dos diputadas no estaban informadas de a quién iban a visitar”.
• “Se permitió el ingreso de celulares y de al menos una persona sin documento (la diputada Bonacci)”.
•  Y “se preparó una especie de recepción con medialunas, facturas y dulce de leche, un episodio violatorio de las normas de visitas a presos”.

“Todos estos hechos califican al menos como serias irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660  y el Reglamento de Comunicaciones de los Internos Decreto N° 1.136/1997”, especificó el abogado. “De todas estas irregularidades habría participado el Director del SPF, y además el informe enviado a este Tribunal Oral por el subdirector MOREL, falseó los hechos ya que NO SE CUMPLIERON LAS REGLAMENTACIONES”, añadió Llonto.

El abogado, que es querellante en la megacausa ESMA, señaló que “todos estos episodios se cometen en el marco de este legajo de Ejecución” de la pena de Astiz, “ya que la respuesta falsa fue enviada al juez de Ejecución y ello implica que al menos el envío de este reporte debe ser investigado dentro de esta causa 14217 causa ESMA, y en su defecto, algunos hechos derivados (esto queda a criterio del juez de ejecución), podían ser investigados por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora al cual le fue remitido inicialmente el conocimiento de los otros hechos por parte del juez de este TOF, Daniel Obligado el 5 de agosto pasado”.

Llonto consideró que se pudieron haber cometido diversos delitos como los de: falsedad ideológica, “al insertar cuestiones falsas en documentos verdaderos, como inserciones falsas en el libro de entradas o los formularios de visita del Servicio Penitenciario de la Unidad de Ezeiza”; el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “por no haber cumplido con lo que marca la ley para llevar adelante una visita (sin control de DNI, sin revisación de objetos, sin ingresos de celulares)”; y el de encubrimiento, “si es que se cometió algún tipo de acción posterior a cualquiera de los dos delitos anteriores para taparlos”.

Por este motivo, solicitó que como medidas probatorias se sume al expediente el artículo de la revista Crisis que narra el encuentro y se cite a declarar como testigo a “la periodista autora de la investigación de la nota, Gabriela Vulcano”.

La presentación de Llonto se da un día después de que el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidiera desestimar la denuncia penal que había realizado la diputada libertaria Lourdes Arrieta y circunscribiera la investigación sobre el encuentro con genocidas al rol que tuvieron los penitenciarios. En esa denuncia de Arrieta se citaron diversos chats. En uno de ellos se menciona a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de quien depende en última instancia el SPF.

La referencia a Bullrich fue en uno de los grupos de chats que Arrieta compartió con otros diputados libertarios, abogados de genocidas, el excamarista de Casación Eduardo Riggi y el cura Javiera Olivera Ravasi -hijo de un represor detenido-. Allí, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura progenocidas Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. 

El pedido de desestimación de Mola

Tal como publicó El Destape, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, pidió este miércoles que se desestime la denuncia que realizó la diputada Lourdes Arrieta por "inexistencia de delito" y requirió al juez Ernesto Kreplak que la causa judicial abierta para investigar la visita de legisladores libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza se circunscriba únicamente a determinar si personal penitenciario cometió algún delito. Seis días antes de este dictamen fiscal, Arrieta se reunió con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su despacho. Bullrich está cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En un dictamen de 16 páginas al que accedió El Destape, Mola planteó la desestimación de la denuncia de Arrieta –a quien criticó en duros términos- y afirmó: “El objeto de esta pesquisa debe quedar, en principio, limitado a establecer cómo se realizó esa visita, si se cumplió o no con los requisitos legales y, en definitiva, establecer -en caso de haberse realizado por fuera de los mismos- si existió algún incumplimiento de los deberes de funcionario público penalmente relevante por parte del personal penitenciario”.

El fiscal rechazó el planteo de Arrieta porque “está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista”, es decir, de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, el 11 de julio pasado. “Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”, sostuvo Mola.

Arrieta fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. La diputada dijo que no sabía con quienes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la vista.

Este miércoles, por este tema, Arrieta tuvo un fuerte cruce con sus compañeros de bancada en el Congreso y con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.