Democracia, Participación y Representación

Los vaivenes que sufren los regímenes democráticos encuentran entre sus causas, la desconfianza de la ciudadanía por la falta de identificación con sus instituciones y la de éstas con las demandas ciudadanas. Las democracias populares latinoamericanas exhiben una mayor capacidad para superar esas disfunciones, pero también precisan una renovación de las instancias de representación.   

Un sistema multidimensional

El hablar de democracia pareciera llevar implícito un significado único, una sola dimensión o una uniformidad, cuando en realidad nada de eso se corresponde con lo constatable a poco que se avance en su análisis.

Su concepción y concreción práctica encuentra múltiples manifestaciones en su desarrollo histórico, que se amplía todavía más si el foco lo ponemos en la forma en que se expresa en diferentes territorios, regiones o sociedades.

La complejidad que supone establecer rasgos definitorios se advierte incluso cuando nos centramos en un mismo país, en una misma época, en que notamos diversos modos de concebirla y de proyectarla en los ámbitos de interactuación comunitaria.

Se trata de un término que, junto a su multidimensionalidad, es claramente polisémico y que si bien se identifica usualmente con la política comprende otros muchos campos en cuanto a su función sistémica.

Entonces, sería más apropiado hablar en plural que en singular cuando nos referimos a democracia, así como revisar sus verdaderos alcances, sus procesos de construcción y deconstrucción, sus grados de evolución y los parámetros considerados a esos efectos, sus signos distintivos ligados a aspectos culturales que le dan forma y sentido.

Las tensiones que se verifican en razón de la colisión que generan los conflictos de intereses hallará uno u otro cauce según se adopten o no mecanismos democráticos para resolverlos, pero también importará el tipo de democracia de que se trate y la calidad de las representaciones que sean sus resultantes.

El mundo y la aldea

Emitir juicios universales es una pretensión vana, aunque sí es factible detectar tendencias que admitan cierto nivel de generalización, que informen sobre coincidencias relevantes e impactantes en los regímenes políticos que, al menos en Occidente,  predominan. 

La concentración de la riqueza, la financiarización que prevalece en la presente etapa del Capitalismo y las ideas neoliberales que le brindan sustento, degradan los valores democráticos en cualquiera de sus formulaciones porque reniegan de los mismos y promueven autoritarismos que garanticen su sostenimiento.

La codicia que informa esos comportamientos individuales y corporativos es ilimitada, a la par que desdeña las perniciosas consecuencias que provoca en la mayor parte de la población ese afán de ganancias realmente obsceno y que se nutre de inaceptables conductas elusivas.

La Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) en su Informe titulado “El Estado de la Justicia Fiscal 2020” da cuenta de que en el mundo la evasión fiscal directa, por ocultamiento patrimonial,  asciende a u$s 427 mil millones. De los cuales, casi el 60% resulta de las transferencias que empresas multinacionales realizan de sus ganancias a paraísos fiscales y el resto corresponde a fortunas personales que eluden las tributaciones legales en los países donde residen o desarrollan las actividades sus titulares.

Por su parte, el FMI estima que las pérdidas indirectas –por abuso fiscal corporativo- que en materia impositiva sufren los Estados triplica las pérdidas directas, siendo del orden de los u$s 740 mil millones. Lo que debe interpretarse también en clave personal, porque esas corporaciones las integran, dirigen y sacan beneficios personas humanas –que son quienes constituyen tales personas jurídicas- acrecentando sus fortunas.

La magnitud que representan tales maniobras, exigen variadas complicidades tanto en el sector público como en el privado y de una ingeniería (jurídica, contable e institucional) que no sólo proveen los profesionales o funcionarios al servicio de esos intereses, sino que cuentan con legislaciones que son pensadas para allanar el camino con miras a alcanzar esos objetivos.

Esas prácticas a nivel global son particularmente nocivas en los países periféricos, en donde obtienen las ganancias que luego transfieren a guaridas fiscales y privan de recursos fundamentales a los Estados para sostener sus Economías.  Procedimientos que mantienen, con absoluta prescindencia del agravamiento de sus efectos, en situaciones de emergencia como las provocadas por la pandemia sin que, tampoco, exhiban disposición para hacer contribuciones  de ninguna índole frente a ese flagelo.

¿Qué imagen devuelve el espejo?  

En su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Mercedes Marcó del Pont (titular de la AFIP) señaló que serían 11.855 los alcanzados por el aporte a las grandes fortunas, pero que el 55% de la recaudación total (estimada en 300 mil millones de pesos) recaería en las 380 personas que tienen declarados bienes por más de 3.000 millones de pesos.

En esa ocasión, agregó que “en la composición de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera y cuando uno analiza ese patrimonio, casi el 93% está fuera de la Argentina…”.

El Proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara Baja, registrándose 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. Quienes lo rechazaron pertenecen a Juntos por el Cambio, que del total representaban el 46% de los votos emitidos.

Siendo los diputados representantes del Pueblo: ¿es posible pensar que ese porcentaje refleje la voluntad popular en torno a este tema o que podría identificarse con el 40% que votó a esa Alianza en octubre de 2019?

Dicho de otro modo, que los dueños de grandes fortunas (el 0,02% de la población) deban hacer un aporte extraordinario y por única vez con destinos específicos ligados a las principales necesidades derivadas de esta excepcional crisis sanitaria, y que más de la mitad de esa contribución estará a cargo de un parte ínfima (0,0008%) de los habitantes de la Argentina: ¿puede encontrar oposición de la gente en tan elevada proporción?

En similar sentido es posible encontrar otros muchos ejemplos pero quizás ése, más que otros por su elocuencia, ofrece un claro panorama de la distancia que separa ciertas representaciones institucionales democráticas de las aspiraciones, deseos u opiniones de la ciudadanía. Una imagen especular que proporciona el funcionamiento de las instituciones, que poco favorece la confianza requerida para darle respaldo e identificarse con su accionar.

La ausencia de nuevos mecanismos de mediación popular, como la falta de utilización de los constitucionalmente previstos para darle participación (consulta popular vinculante o no, art. 40 C.N.), ponen en riesgo la legitimación de decisiones y medidas sobre temas trascendentes que, además, las dejan expuestas a cuestionamientos canalizados judicialmente, una instancia pública seriamente desprestigiada y de conformación “no democrática”.    

En un reciente reportaje (publicado en Página 12, Suplemento Universidad, 6/11/2020) Álvaro García Linera planteaba la necesidad de hacer una relectura del Estado en cuanto a la articulación entre la dimensión comunitaria y la dimensión monopólica, que se evidenciaba como una relación paradojal y un aparente contrasentido.

Señalaba, que “La fuerza de un Estado es esta capacidad de monopolizar las cosas comunes, incluidas las narrativas y las creencias de lo común, y ahí radica su consagración y legitimación. Sólo que lo común es administrado por un monopolio, por un pequeño grupo, y esa es su cualidad paradojal; que está vinculado a ciertos sectores, a ciertas influencias y que ciertos grupos tienen mayor acceso a lo común, lo que hace que no sea un común transparente”.   

Intervenciones necesarias, participaciones indispensables

Las democracias occidentales se hayan seriamente menoscabadas, como viene advirtiéndose desde hace largo tiempo, pero con las crisis últimas (2007/2008 y la que se vive desde fines de 2019) se ha hecho mucho más visible.

La dogmática que las informa como buena parte de sus paradigmas proporcionados por el neoliberalismo, y hasta por un liberalismo social que termina siéndole funcional más allá de formulaciones “progresistas”, han ido perdiendo todo anclaje real en la ciudadanía que descree de las instancias formales de representación de un sistema que la convoca sólo periódicamente para elegir representantes.

El papel del Estado, a la par, se ha evidenciado primordial para alcanzar un mejor vivir, para el respeto de los derechos de las mayorías, pero también de las minorías, y para el necesario freno a intereses sectoriales que operan en detrimento de intereses generales superiores. Su intervención en todos los ámbitos resulta necesaria, pero insuficiente sin contar con una articulación razonable con organizaciones de la sociedad civil que permitan conocer y viaculizar sus demandas, como proporcionar los auxilios requeridos para concretar los objetivos propuestos.

Problemas como los que suscitan el abuso de los formadores de precios, manipulaciones que provocan desabastecimiento, limitaciones para el acceso a una vivienda propia y retracción de la oferta de inmuebles en alquiler –o imposición de condiciones desmedidas contrarias a la ley- ante una grave situación habitacional, la persistente elevada proporción de trabajo no registrado e informalización laboral; como sucede hoy en Argentina, exigen ampliar la participación popular en el debate acerca del modo de resolverlos y de combatir esas desviaciones.

De igual forma, debe acudirse a las asociaciones respectivas (de consumidores, de inquilinos), a organizaciones sociales y sindicales para lograr controles más eficientes que las solas estructuras  estatales no pueden garantizar. Son aquéllas las que cuentan con la inmediación requerida para dotar de una logística amplia e indispensable a los operadores del Estado, que pueden asegurar un control virtualmente ineludible que impida –o neutralice- comportamientos antisociales de esa naturaleza.  

Representaciones y representatividades

Las democracias se recrean en línea con las peculiaridades culturales de cada Pueblo, con su historicidad, con el grado de desarrollo de sus organizaciones intermedias que proveen los elementos necesarios para interpretar las diferentes demandas sociales y determinar las prioridades que quepa acordarles como su articulación virtuosa.

Allí también cabe reconocer una usina de pensamientos imprescindibles para un debate profundo del modelo de Sociedad y del proyecto de País que sintetice las aspiraciones nacionales, como la formación de referentes con mayor cercanía y aptitud representativa, en procura de esa interactuación que dé cuenta de las “cosas comunes” y del modo de monopolizarlas a través del Estado.

Numerosas y diversas son las reformas necesarias para una mejor calidad democrática, incluida -sin duda- la de la Constitución Nacional, pero ninguna de ellas será factible sin ampliar sustancialmente la participación popular que brinde una más ajustada simetría entre representaciones formales y representatividades, entre legalidad y legitimación.