Las tensiones que se advierten en el campo sindical tienen motivos diversos, aunque están alcanzando un nivel de polarización que anuncia un inexorable desenlace que importará un cambio trascendente.
Con las reivindicaciones gremiales no alcanza
Una antigua pero hace mucho superada discusión se planteaba en torno a si la actividad gremial debía ceñirse a los llamados “intereses profesionales”, lo estrictamente reivindicativo y ligado directamente a los asuntos laborales, o si abarcaba un campo mucho más extendido que irremediablemente era atravesado por la política.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
En tiempos de dictaduras se sostenía la primera interpretación indefectiblemente, reprobando y reprimiendo cualquier iniciativa sindical que superase aquel estrecho espacio, catalogándosela de ilegal. Aunque también supo sostenerse una similar postura en gobiernos surgidos de las urnas, acompañados por corrientes de pensamiento liberal –sustentadas en doctrina y jurisprudencia laboral de índole restrictiva- que azuzaban el peligro “corporativo” que pudiese desnaturalizar el objeto de la acción de los sindicatos y atentar contra las garantías ciudadanas, institucionales y del libre mercado.
Los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados a nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994, no admiten esa restringida concepción. Ni aún antes, con la Ley de Asociaciones Sindicales sancionada en 1988, eran admisible tesis semejantes estando a que allí se define el “objeto” de las asociaciones sindicales como “la defensa de los intereses de los trabajadores” (art. 2°), y a sus “intereses” como “todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador” (art. 3°).
No obstante, suelen reabrirse polémicas sobre ese tema que las usinas neoliberales fomentan con el propósito de acotar todo cuanto sea posible la participación gremial y de circunscribirla a un ámbito cada vez más reducido, invocado criterios de “profesionalidad” que no sólo excluirían cualquier otra manifestación por fuera del área de trabajo sino que impedirían proyectarlas hacia otros colectivos, por ejemplo, adoptar medidas de solidaridad sindical con motivo de conflictos que no se entiendan propios.
La “libertad sindical” que constituye un axioma básico, el fundamento mismo y sentido de la organización de trabajadoras y trabajadores, exige para su efectiva vigencia de otras libertades –cuanto menos civiles y políticas- que le ofrezcan un marco que permita su desenvolvimiento.
Tal presupuesto, en mayor o menor medida aceptado desde cualquier perspectiva ideológica, no se circunscribe a la aparente literalidad o formalidad de dicho enunciado sino que expresa algunas otras ideas fuerza que no siempre –diría que poco a menudo- son planteadas, y que tampoco suscitan adhesiones tan generales.
Los reclamos por condiciones de trabajo, mejoras salariales, regularidad y periodicidad de la negociación colectiva, consulta e intervención sindical, configuran emergentes de otras instancias que las hacen posibles y le fijan los márgenes dentro de los cuales habrán de desarrollarse.
De allí que devenga necesario proponerse y postular desde el campo sindical programas más ambiciosos, que interpelen a la sociedad acerca de los presupuestos para alcanzar mejores estándares de vida, que identifiquen los “obstáculos” para una realización plena de las personas –con especial atención a las que trabajan-, que diseñen políticas activas en procura de asegurar la efectividad de derechos básicos (a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, a la información), que planteen el rol que le corresponde al Estado y los límites que deben imponerse al denominado Mercado.
Qué pide la CGT
En la última semana trascendió el disgusto de la conducción de esta Central obrera por la falta de consulta de medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como es el caso de las modificaciones a los regímenes de ATP, IFE y movilidad de los haberes previsionales, o la postergación de la reapertura de las paritarias.
Hubieron quejas también con relación a la afectación de las finanzas de las Obras Sociales, que indican en crisis desde hace tiempo, por la omisión de reintegros del Fondo Solidario de Redistribución que administra la Superitendencia de Servicios de Salud, y por la posibilidad de que el costo de las vacunas contra el COVID-19 deban sufragarlo esas entidades, agravando la situación por la que atraviesan.
El malestar generado daba cuenta de algunas posturas más confrontativas de dirigentes de gremios (UPCN, La Fraternidad, Gastronómicos) que no se caracterizan, justamente, por ese tipo de alternativas y que, incluso, alentaban la adopción de medidas de acción directa.
Otra de las reacciones con las que se especulaba, era la de retomar conversaciones directas con el sector empresarial más concentrado y opuesto a las políticas del Presidente Fernández, la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
La legitimidad de las preocupaciones que ciertas temáticas pueden despertar en la conducción cegetista, no inhiben el necesario análisis acerca de la omisión de otras tantas cuestiones que no aparecen en su agenda y que exceden lo coyuntural, ni sobre la dureza de determinadas posiciones que no se compadece con la pasividad evidenciada por largo tiempo durante el gobierno de Macri.
De cúpulas y autocríticas
Son frecuentes las críticas que reciben las conducciones de los sindicatos, en mayor medida por la escasa renovación de las dirigencias tradicionales, el escaso –o restringido- nivel de participación de sus asociados, el bloqueo o inoperancia de sus instancias orgánicas, la prevalencia de intereses personales sobre los del colectivo cuya representación ejercen.
Es curioso, sin embargo, que no se le hagan similares señalamientos, y menos todavía –cuando los hay- que alcancen algún grado de difusión ni sean “noticia”, con relación a otras organizaciones de la sociedad civil que denotan vicios de esa misma especie, particularmente –ya que del mundo laboral hablamos- a las entidades empresarias (cámaras, federaciones, asociaciones).
El persistente antisindicalismo que cultivan los adalides de la libertad de empresa, en el que también coinciden ciertos sectores intelectuales de la “progresía” y capas medias de la población, explican en parte ese fenómeno, pero sólo en parte.
Sin incurrir en generalizaciones que no justifica el gremialismo argentino, que ha dado –y sigue ofreciendo- muestras de comportamientos en su esfera interna y en su acción externa que en nada se compadecen con aquellas caracterizaciones, ni en idealizaciones sin apego ninguno a las complejidades del quehacer sindical, no puede pasar inadvertida la existencia de cuestionamientos serios y la demanda de una mayor representatividad.
La exigencia de oportunas autocríticas alcanza a todo tipo de organización, en tanto balance necesario para corregir desviaciones, lograr una mejor imagen e identificación con los representados, revalidar liderazgos y proposiciones colectivas.
Claro que, cuanto más concentrada sea la conducción y más multitudinaria la base de representación, mayor resultará esa exigencia. Como es el caso de las Centrales sindicales, entre las que ocupa un lugar destacado la Confederación General del Trabajo que es, desde hace mucho tiempo –y continúa siendo-, la expresión más emblemática de organización cupular obrera.
Qué reclama el Movimiento Obrero
La elaboración y puesta en marcha de un Proyecto político propio que defina un rol protagónico de las y los trabajadores organizados, que no se limite a un mero acompañamiento de un proceso compartido que hoy se identifica con el Gobierno nacional, aún está pendiente.
La consolidación de una unidad gremial que se sustente en un debate del que surjan las reales hegemonías, más allá de formales estructuras vaciadas de contenidos, es indispensable.
El funcionamiento efectivo de los cuerpos orgánicos, el reconocimiento de las representaciones regionales con verdadero implante territorial, una visión y estrategia federal de alcance nacional superadora de un centralismo porteño inoperante, se torna imperioso.
Adoptar medidas que fortalezcan y amplíen la presencia sindical en los centros de trabajo, promoviendo una fluida interacción de las comisiones internas con las organizaciones gremiales para la consecución de los objetivos fijados por éstas en función de los requerimientos de base.
Determinar un curso de acción que permita ocupar espacios de decisión, para concretar una participación democrática en la discusión de los temas centrales de un modelo de país que contenga y refleje los intereses sectoriales, en línea con los de la Nación toda.
La paciencia es una virtud, pero no es infinita
Un amplio espectro sindical no se siente actualmente representado por la conducción de la CGT, la que tampoco ha dado muestras de una apertura para darles cabida, compulsar propuestas y promover una renovación de los cuadros dirigentes que, además, sea con perspectiva de género e inserción de la juventud.
Su desempeño durante la gestión del anterior gobierno cuyas políticas fueron en claro detrimento de la clase trabajadora, no estuvo a la altura de las circunstancias ni se constituyó en un referente de las luchas gremiales que las resistieron y operaron en defensa de los derechos conculcados.
No se trata de apelar a una simplificación binaria entre posturas combativas y negociadoras, como si implicasen alternativas contradictorias, en tanto la negociación es una vía imprescindible y a la que se acude en cualquier clase de conflicto. Lo que se le recrimina es la pasividad, en algunos casos lindante con la complacencia, la ausencia de respaldo a las víctimas de la criminalización de las protestas laborales y sociales, la no asunción del papel fundamental que le correspondía y que era de esperar de la principal Central Sindical.
El desborde de los cauces institucionales se evidencia cada vez más nítidamente en la búsqueda de otros espacios representativos, que se erigen como interlocutores tanto en el ámbito privado como en el público.
La ruptura siempre es una posibilidad, pero implica una inicial fragmentación que no ayudaría a la acumulación de fuerzas que el momento requiere como contrapeso de las acciones desestabilizadoras impulsadas por el poder económico concentrado.
Admitir la culminación de un ciclo y propender a una reorganización interna que permita la iniciación de uno nuevo que concite un mayor número de adhesiones, con un grado de representatividad superior, también se cuenta entre las posibilidades.
Lo que parece ser indefectible, es una inminente confrontación y el surgimiento de otra dirección unificada del Movimiento Sindical por dentro o por fuera de la CGT.