Existe un ejercicio retórico, muy popular en ciertos círculos estos días, donde se equipara a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner como dos extremos indeseables del arco ideológico, a idéntica distancia del centro democrático, cuya exclusión sembraría la posibilidad de un mitológico acuerdo entre todas las fuerzas políticas que saque a la Argentina de la crisis, por arte de magia.
Es inexacto por muchos motivos. El primero es que CFK y Macri no representan los extremos del espectro político. Propuestas que van desde la dolarización a la reforma agraria tienen cabida en espacios relevantes y se discuten en medios de comunicación masivos sin ser parte de la agenda de ninguno de ellos dos. El segundo, directamente relacionado, es asumir que ambos están a la misma distancia del centro.
La semana pasada, Macri pidió abiertamente que las fuerzas armadas venezolanas depongan al presidente Nicolás Maduro. Tras cartón, equiparó el gobierno de Alberto Fernández con un “autoritarismo light” que puede “terminar como Venezuela”. Se trata de la principal amenaza a la democracia argentina desde 1983. El expresidente no representa el extremo de su mitad del arco político pero se acerca a ese lugar a velocidad preocupante.
El tercero, y más importante, es suponer que la exclusión de los dos dirigentes modificaría el escenario para bien. La vicepresidenta y el exmandatario responden a sectores sociales que los eligen por cómo interpretan y dan respuesta a sus demandas primarias. Para CFK, esa demanda es la redistribución de las posibilidades de acceso a bienes materiales y simbólicos. En el caso de Macri es el antiperonismo.
Después de todo, no son más que los dos grandes vectores con sentido opuesto que mueven la política argentina desde la irrupción del justicialismo hace tres cuartos de siglo. La experiencia indica que si ellos no fueran parte de la oferta, es probable que antes de un cambio en la matriz se verifique la aparición de nuevos emergentes que vengan a llenar ese vacío, por dentro o por fuera del consenso democrático.
Las declaraciones de Macri rompieron ese consenso. No importa si Venezuela “es una dictadura”, como definió Sergio Massa esta semana o si allí “no hay Estado de derecho”, como dijo Fernández de Kirchner hace casi tres años. Ni Aramburu, ni Lanusse, ni Bignone, en la Argentina, ni Pinochet en Chile, ni Figueiredo en Brasil fueron depuestos por un golpe de Estado. Ninguna transición hacia la democracia puede comenzar sin elecciones libres.
Eso es lo que dice, en lenguaje diplomático, el documento que firmó el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas y que despertó mucho más revuelo que las declaraciones golpistas de Macri. El malogrado país caribeño ya es otro comodín de la baraja opositora. Una mala lectura de un título malicioso de un portal afín a la embajada de Estados Unidos sirvió como excusa para fogonear un conflicto insustancial.
Se hizo evidente, en ese episodio, un problema que lo acompaña al mandatario desde el primer día: su dificultad de delegar algunas tareas. Media docena de funcionarios y dirigentes de primera línea podían saldar ese equívoco sin llevarlo a primera plana. Fernández decidió dar una entrevista de 23 minutos para desmentir un documento que se lee en un minuto y medio. Cuando terminó, tampoco quedaba claro qué había pasado.
La confusión es territorio fértil para sembrar fake news y las fake news son la táctica más efectiva que ha encontrado la oposición para desgastar al gobierno. Por eso resulta importante reducir al máximo el ruido en la comunicación oficial, que por momentos es ensordecedor. Las diferencias entre la realidad efectiva y cómo es percibida por la población es mucho más peligrosa que cualquier interna del Frente de Todos.
En estos días, cuando la pandemia dé un respiro, Fernández anunciará el plan de reactivación para comenzar a transitar la salida de la crisis, incluso mientras dure la pandemia, que aún no tiene fecha de vencimiento. Se definen, en ese proyecto, las pautas para el país durante los próximos años: cómo va a hacerse la torta y cómo se va a repartir. Los nervios y los tironeos son naturales mientras se define la letra chica.
La coalición está viva y por eso crujen algunos fuelles. Cada medida, cada beneficio, cada programa tiene un costo y el presupuesto es limitado. En esa negociación, algunos trapitos salen al sol y el dueño de los trapos puede enojarse, pero al rato se les pasa. El Presidente, en particular, no tiene mucho margen para reprochar los deslices cometidos en las redes sociales. A otra cosa, mariposa.
La cooperación de los socios en el frente oficialista corre por otros carriles, subterráneos, como el que le dió hilo al flamante Consejo Agropecuario Argentino que se lanzó el viernes y forma parte, de manera periférica, del plan de reactivación oficial. El gobierno espera que corra a la Mesa de Enlace como interlocutor sectorial. En las próximas semanas, presentarán un plan de diez años para reforzar la generación de valor agregado en el sector.
Durante la gestación del Consejo participaron los ministros Luis Basterra, Matías Kulfas y Felipe Solá, además de Massa y una docena de gobernadores, y sus directivos quieren reunirse pronto con Fernández de Kirchner. Participan 42 entidades de toda la cadena de valor rural, con una sola ausencia por mano propia: la Sociedad Rural, cuyo titular, Daniel Pelegrina, aceptó de todas formas el convite del Presidente al acto oficial del 9 de Julio.
Un poco más peligroso para la salud del Frente de Todos que el debate intestino sobre la actualidad venezolana, la lista de invitados en las actividades protocolares o la inmortalidad del cangrejo es el conflicto entre Mercado Libre y el gremio de Camioneros. La intervención de Fernández, que pidió el viernes en público una solución negociada, dio frutos por ahora, pero el problema está lejos de haber sido desactivado.
El abogado de la empresa que conduce desde Uruguay el empresario opositor Marcos Galperín es Juan José Etala, uno de los principales referentes del país del laboralismo del lado de las empresas, exdirigente de Boca durante las gestiones de Mauricio Macri y Daniel Angelici y vinculado a la mesa judicial del gobierno de Cambiemos que hoy es investigada, entre otras cosas, por presiones en ese fuero.
Etala también representa a varios medios y su estudio fue contratado para instrumentar el despido de 357 trabajadores de Télam durante la gestión de Hernán Lombardi y Rodolfo Pousa. En ese estudio y bajo su ala trabajó durante décadas Miguel Ángel de Virgiliis, que hoy es el asesor de mayor confianza del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a cargo de resolver el problema entre Mercado Libre y el gremio que conducen los Moyano.
En el ministerio le adjudican a de Virgiliis la autoría intelectual de la continuidad de muchos funcionarios que fueron parte de la gestión anterior. En ese grupo aparece Gabriela Marcelló, que fue parte del equipo de Dante Sica y sigue a cargo de la dirección de Relaciones y Regulación del Trabajo. Marcelló ya había sido apuntada por Moyano en noviembre del año pasado por su intervención en este mismo conflicto con Mercado Libre.
En aquel momento, Sica y Marcelló fueron los funcionarios que avalaron un convenio colectivo entre la empresa y el sindicato de Carga y Descarga para aplicar sólo a las trabajadores de la planta de Mercado Central. Etala es el ideólogo de ese convenio que incluye disposiciones contrarias a las leyes laborales vigentes en el país, algo que Moyano definió en su momento como una reforma laboral encubierta.
En un hilo de Twitter publicado a en julio del año pasado, cuando se llegó a ese acuerdo, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma, Luis Campos, detalló los pormenores. Transcribo sólo una fracción, a manera ilustrativa:
- “Los límites a la jornada laboral se desdibujan por completo. Desaparecen la jornada de ocho horas diaras y las horas extras, se flexibilizan el descanso semanal y las vacaciones”.
- “El convenio habilita turnos fijos y/o rotativos y ML puede modificar turnos y extensión de la jornada siempre y cuando lo notifique al trabajador con 48 horas de antelación”.
- “El descanso semanal puede recaer en cualquier día y las vacaciones pueden ser otorgadas en cualquier momento del año y fraccionarse en períodos de 7 días corridos, siempre de acuerdo a las necesidades operativas de la empresa”.
- “Los delegados por turno son eliminados”.
- “El derecho a huelga queda muy desdibujado. Antes de hacer un reclamo, los trabajadores deben recurrir a una conciliación voluntaria durante tres semanas. Luego podrá aplicarse la conciliación obligatoria. En total hay que esperar casi dos meses antes de hacer una huelga”.
Mientras el país debate cuál es el modelo económico que nos acompañará a la salida de la crisis, queda claro que detrás de la puja por el encuadramiento de los trabajadores de esa planta se discute si dentro de la nueva normalidad hay lugar para microreformas laborales diseñadas pret-a-porter en sede patronal aprobadas sin necesidad de pasar antes por el Congreso. Esa cuestión ya tiene una respuesta. Galperín la conoce desde aquel primer encuentro con Fernández, pocos días después de las PASO, en su búnker de San Telmo.
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