La imputación también recayó sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, tras una denuncia penal de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otros legisladores.
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Peña esta mañana volvió a defender la norma cuestionada y dijo que los funcionarios tienen "una enorme tranquilidad" sobre su legalidad.
Por su parte, Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.
"Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado", sostuvo Peña, en una conferencia de prensa en el centro cultural CCK.
El dictamen de Marijuán no es formalmente una "imputación" sino el impulso de la investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública, que en este caso se insinúa como "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
La denuncia sostiene que, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción aprobada en el Congreso excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, y por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Parlamento, los incluyó.
Marijuán pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas copias certificadas de la ley, el decreto en cuestión, y las actas del debate parlamentario sobre la ley de blanqueo.
Se trata de un primer paso en una investigación en la que, de momento, no hay querellantes, sino que sólo es impulsada por la fiscalía.
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