Elites en América Latina: ¿hasta dónde llega su compromiso con la democracia?

En los últimos 45 días se han sucedido un conjunto de conflictos de alto impacto en toda Latinoamérica, desde los estallidos sociales en Ecuador y Chile hasta el reciente golpe de Estado en Bolivia, que nos lleva a abordar una pregunta crucial para el futuro de la región ¿hasta dónde llega el compromiso de las elites con la democracia?

A pesar de las múltiples heterogeneidades que caracterizan a los países latinoamericanos, desde los años ochenta se había logrado estabilizar el régimen democrático como la forma de ejercicio y organización de la vida política más adecuada para encarar la resolución de los persistentes problemas comunes: escasa diversificación productiva, inserción primario exportadora, altos niveles de desigualdad e informalidad laboral. En efecto, tras un ciclo largo de alternancia entre gobiernos civiles y militares, que había alcanzado su máxima expresión en las feroces dictaduras del Cono Sur de los setenta, se fue consolidando una suerte de acuerdo básico y transversal al conjunto social: la democracia era un bien en sí mismo que debía defenderse y sostenerse siempre.

Lo que ahora emerge en cuestión con toda claridad es qué tipo de democracia es el que las elites están dispuestas a sostener. Para ponerlo en un ejemplo concreto, ¿la tan cerrada y cohesionada elite chilena va a aceptar una reforma constitucional que incremente la presión impositiva sobre ellas para sostener un mayor nivel de gasto público que permita mejorar el acceso de bienes públicos como el agua, la educación y la salud?

Abordemos la cuestión en perspectiva histórica. La brutalidad represiva de las dictaduras de los setentas parecía haber sellado un acuerdo tácito entre las élites, donde las elites económicas aceptaban la vigencia del régimen democrático siempre y cuando las élites políticas le garantizaran el mantenimiento de pautas distributivas regresivas que no pusieran en cuestión sus niveles de apropiación de ingresos. En efecto, Latinoamérica es la región más desigual del planeta, la presión impositiva promedio se ubica en torno al 20% (mientras que en los países desarrollados supera el 35%), el 1% más rico de la población posee el 37% de la riqueza y el 20% más rico recibe el 45% de los ingresos.

Cuando los gobiernos democráticos pretenden alterar esas pautas distributivas o condicionar el proceso de acumulación en favor de las mayorías, como sucedió con los gobiernos progresistas de comienzos del siglo XXI, las élites económicas se articulan rápidamente con otras fracciones de élites (políticas, mediáticas, judiciales) para socavar la legitimidad de esos gobiernos y poner fin a esa orientación de las políticas públicas que propician una distribución más equitativa del ingreso, un control estatal férreo de los recursos naturales y de las industrias estratégicas para el desarrollo, y la regulación efectiva de ciertos mercados sensibles como el de alimentos, comunicaciones e hidrocarburos. O sea que el compromiso con la democracia se pone en duda cuando las fracciones más “plebeyas” de las elites políticas llegan legítimamente al gobierno del Estado y desde allí buscan alterar los privilegios de las elites económicas.

El compromiso del poder económico con la democracia emerge así como débil e instrumental. El respaldo persiste si pueden "capturarla", o sea si pueden controlar la decisión pública y orientar en su beneficio el accionar del Estado a través de múltiples acciones como el lobby, la colusión o la ocupación directa de cargos públicos (la llamada “puerta giratoria”). Si no, no dudan en alterar su normal funcionamiento a través de diversos mecanismos, incluyendo la intervención militar, como sucedió el último fin de semana en Bolivia. 

El cuestionamiento a los gobiernos progresistas se concentran en unos pocos focos que se amplifican en la arena pública con la complicidad de grandes medios de comunicación, fracciones del Poder Judicial y de las dirigencias políticas opositoras: la corrupción, el autoritarismo, la inseguridad y el despilfarro de recursos públicos constituyen el eje de esa agenda. Se va construyendo así un relato potente sobre estos problemas, como si fueran propiedad exclusiva de las fuerzas políticas progresistas, que conecta muy bien con las capas medias de la sociedad, incluso con las recientemente ascendidas. Esto no quiere decir que esos problemas no existan y deban resolverse, sino que se apuesta a una polarización fuerte que los ubique en un solo lado del espectro apostando a una tajante división entre aquellos que “trabajan” “producen” “generan riqueza” “son honestos” “defienden la libertad” y aquellos que “viven del Estado” “son corruptos” “pretenden eternizarse en el poder” “atentan contra las instituciones” “defienden delincuentes”. Esa idea de grieta que resulta completamente funcional a las derechas y que se sostiene en discursos de odio que impugnan al adversario político y construyen un “otro social” como amenaza, poniendo en jaque los principios más elementales de tolerancia, pluralidad y convivencia de las democracias.

Hoy queda claro que, al igual que en la segunda mitad del siglo XX, las clases dominantes están dispuestas a impulsar mecanismos alternativos de poder si no logran construir un orden político que las legitime como clase dirigente: democracias fraudulentas, democracias condicionadas e incluso las dictaduras están en el menú de opciones de estas elites si es necesario para preservar sus privilegios.

En este contexto, la exigencia sobre los gobiernos progresistas es altísima. Deben ser pluralistas, transparentes, eficientes y sobre todo, muy efectivos para desplegar narrativas persuasivas que interpelen a esos sectores medios. Necesitan articular amplios apoyos en sus bases sociales para construir fuentes de poder político mucho más sólidas. Una agenda de demandas transversales que permita sortear la grieta y logre ampliar el arco de apoyos circunstanciales. Una militancia comprometida con la escucha y el diálogo permanente para poner en tensión los sentidos comunes instalados. 

Si las experiencias progresistas de la región se acorralan en la grieta, pierden densidad política y apoyo de los sectores más lábiles, esos que se reivindican como “independientes” y fluctúan en cada elección apoyando la opción que consideran “conveniente” en función de elementos más coyunturales que programáticos. Sin importar los logros que los gobiernos progresistas consigan en materia socio-económica o la ampliación de derechos que propicien, las elites más abroqueladas en la defensa de patrones sociales regresivos encontrarán, más temprano que tarde, la forma de convencer a esos sectores lábiles de que hay otras “alternativas mejores” y terminarán reinstalando gobiernos funcionales a sus propios intereses. 

Hoy es evidente que el vínculo de las elites con la democracia es débil y tiene límites muy concretos. Para fortalecerla y sostenerla como régimen político que permita la resolución de los problemas más acuciantes de las mayorías es imperioso consolidarla “desde abajo” y “desde arriba” desplegando políticas públicas, estrategias comunicacionales y articulaciones regionales efectivas, innovadoras y estratégicas, acordes a los nuevos tiempos que corren.