La elección por voto popular de magistrados del Tribunal Constitucional -máximo órgano judicial- de Bolivia es una artista más dentro de la interna del Movimiento al Socialismo (MAS), que encarnan el actual presidente, Luis Arce; y el ex Evo Morales. Tras 15 días de bloqueos y varios meses de negociaciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley para garantizar que se celebren este año los comicios, que reclaman fuertemente desde el sectores campesinos evistas desde hace dos semanas con cortes y bloqueos de rutas. Aún así, el expresidente insistió repudió que las y los magistrados persistan en sus lugares.
La norma aprobada por los diputados establece un plazo máximo de 230 días para los comicios destinados a elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Además, el proyecto fija un plazo de hasta 80 días calendario para el proceso de postulación y preselección de postulantes y de hasta 150 días calendario para la organización y realización de la elección.
Esta semana debe pasar al Senado y, si es aprobada, llegará al presidente Luis Arce para su promulgación, informó la agencia de noticias AFP.
Las protestas en las calles
Las protestas campesinas comenzaron luego de que el Tribunal Constitucional rechazara la posibilidad de reelección e inhabilitase, de esa manera, al expresidente indígena (2006-2019), bajo el argumento de que ya había cumplido con los dos mandatos que permite la Constitución.
En Bolivia, los altos magistrados del Poder Judicial son elegidos mediante voto popular cada seis años; sin embargo, la falta de acuerdos entre sectores del MAS afines al presidente, como los afines a Morales; y entre la oposición en el Congreso postergó la realización de estas elecciones en 2023.
Esa situación, elecciones permitió seguir en el cargo a jueces cuyo mandato expiró el 31 de diciembre de 2023, entre ellos algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional que inhabilitaron a Morales.
"Como es posible que el Gobierno todavía persista en defender a los ex magistrados truchos, sabiendo que son ilegales y cuyos actos son inconstitucionales. La historia los juzgará por violar la Constitución Política del Estado y atentar contra la democracia solo por intereses mezquinos y particulares", reclamó tras aprobarse la normativa que espera la promulgación a manos del presidente.
En la actualidad, se mantienen ocho cortes de rutas, solamente en el departamento de Cochabamba, en el centro del país, en zonas rurales donde Morales tiene fuerte influencia. Esto ha dejado sin conexión terrestre a los departamentos de Santa Cruz, en el este, y La Paz. Hasta la semana pasada, había unas 25 vías cortadas, pero un acuerdo interpartidario, entre los distintos sectores del MAS, permitió destrabar la ley de elecciones judiciales y que los manifestantes fijasen una pausa para las protestas.
El Congreso aún no abordó una exigencia de los campesinos, la oposición y de parlamentarios afines a Morales de aprobar inmediatamente el cese de 26 jueces, entre otros puntos. Bajo una nutrida vigilancia policial, decenas de campesinos se apostaron toda la noche y parte de la madrugada afuera del Congreso para seguir la discusión de la ley.
"Estamos acá para que se cumpla la Constitución y se elijan nuevos jueces", declaró a periodistas Wildo García, dirigente campesino, quien subrayó que si no se concretan las disposiciones, retomarán los cortes de ruta en todo el país, informó la agencia de noticias AFP. Los cortes de vías comenzaron el pasado lunes 22 de enero y generaron pérdidas por más de 800 millones de dólares, según evaluación del ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro.
El Ministerio de Interior de Bolivia informó que por la represión hubo 21 detenidos y 71 policías heridos. Además, hubo al menos tres fallecidos entre las personas que quedaron varadas por los bloqueos, dos de ellos por no haber recibido atención médica -incluido un bebé de nueve meses-.
Con información de Télam
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