El cierre de la planta de la Dow Química en Puerto San Martín hace un mes dejó a sus 120 trabajadores en la calle. A mediados de octubre, la Cámara Alta santafesina dio media sanción al proyecto que declara a la fábrica de utilidad pública y sujeta a expropiación. Sin embargo, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Gisela Scaglia, no cumplió con su función de girarlo a Diputados para su tratamiento.
Los trabajadores se habían movilizado el jueves pasado junto a sus familias a la Legislatura, pero solamente hubo decepción e indignación porque el proyecto no pudo tratarse. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), Mauricio Brizuela, reclamó respuestas al gobernador Maximiliano Pullaro por "no defender a los trabajadores frente a una decisión totalmente injustificada".
“No hay política para defender la industria nacional. Esta es la realidad, no quisieron tratar la ley de utilidad pública. Después vamos a ver quién jugó para los trabajadores y quién no. No metamos a todos en la misma bolsa”, señaló el dirigente gremial. Se trata un nuevo golpe al empleo en medio de la crisis generada por el Gobierno de Javier Milei.
El pasado viernes se realizó una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, donde los trabajadores buscaban una prórroga al plazo de conciliación que venció el lunes 4 de noviembre, pero no fue concedida. La firma Dow ofreció un plus en las indemnizaciones del personal y admitió como posibilidad la venta a terceros de la planta, con capacidad productiva. No parece una versión confiable para abonar una posible salida, ya que a fines de septiembre y principios de octubre la empresa había paralizado la actividad por 10 días, alegando un retraso del ingreso de materia prima proveniente de Brasil. Después de la finalización del plazo, confirmó el cierre.
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“Fue una estrategia, fuimos engañados. Entraron las autoridades y les dijeron a los trabajadores que salgan todos afuera, que la planta cierra y que van a quedar todos desvinculados. Luego, se comunicaron con el gremio para anunciar el cierre definitivo”, contó Brizuela al portal Mundo Gremial.
Según informó la compañía en un comunicado, la decisión de cerrar la planta "nada tiene que ver con el contexto actual de la Argentina ni de la provincia de Santa Fe en particular", sino que responde a una "constante retracción de la demanda de poliuretanos a nivel global". Dow, que lleva más de 65 años en Argentina, remarcó que continuará comprometida con su complejo productivo de Bahía Blanca, el cual es considerado "la operación más grande de América Latina" en la producción de etileno y polietileno. En dicha planta, señaló, "en los últimos cinco años se concretaron importantes inversiones" con el objetivo de potenciar el crecimiento y la sostenibilidad.
Cierre de Dow: denunciarán a la vicegobernadora de Santa Fe por no girar el proyecto de expropiación
Del encuentro del pasado viernes también participaron representantes del área de Trabajo de la provincia, y los responsables de la firma Dow. Al lugar también se acercaron las diputadas provinciales Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo) Verónica Baró Graf (Frente Renovador) y Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) junto al diputado nacional por la provincia de Santa Fe Eduardo Toniolli. Ninguno de los legisladores pudo ingresar a la audiencia por pedido de la multinacional.
El legislador Del Frade cuestionó duramente al Gobierno provincial por la “falta de interés” en el tema y apuntó contra la vicegobernadora Scaglia. “No envió una ley votada por todos los senadores. Para nosotros, eso es un claro ejemplo de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la vamos a denunciar penalmente”, expresó a Página/12. Y agregó: “Lo que expresa la vicegobernadora es la voluntad del gobierno de Pullaro de no defender a los trabajadores frente a una decisión totalmente injustificada de una multinacional como Dow”.
En ese sentido, confirmó que tomará acciones legales contra la mano derecha de Pullaro por su grave accionar. “Estamos en un momento oscurísimo en la democracia acá en la provincia de Santa Fe. Nosotros no vamos a ser cómplices. Vamos a denunciar penalmente a la señora vicegobernadora y presidenta del Senado de Santa Fe por haber cajoneado el proyecto que tenía sanción de forma unánime”, afirmó.
El legislador recordó que el cierre de la planta implica la pérdida de 120 puestos de trabajo en forma directa y 600 en forma indirecta. A eso se le suma la advertencia por la situación de los trabajadores de Corteva y Pampa Energía, que funcionan prácticamente coordinados con Dow.
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