Luego del allanamiento de Gendarmería y el secuestro de su celular, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, será imputado por tres causas en las que aparece como protagonista central. El caso será presentado en una audiencia que se llevará a cabo este jueves en los tribunales ubicados en Bulevar Oroño al 900, donde los fiscales atribuirán una serie de acciones que realizó el magistrado para, presuntamente, favorecer a un empresario y por irregularidades en una investigación por su relación con un capo narco.
Bailaque presenta una larga trayectoria en el Poder Judicial. En 2008 regresó a su ciudad natal de Rosario con un cargo importante, como el de juez federal, que en esa jurisdicción tiene una profunda relevancia. Sin embargo, sus acciones fraudulentas lo pusieron bajo la mira del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la audiencia de hoy, los fiscales Federico Reynares Solari, del Ministerio Público y Juan Argibay Molina, de la Procelac, explicarán por qué creen que el magistrado cometió incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Concretamente, sostienen que existió un manejo irregular en tres legajos bajo su cargo.
Una de las causas tiene que ver con la conexión que existe entre el juez y el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, a través del contador Gabriel Mizzau, quien trabajó para Bailaque de forma personal y a su vez, fue quien firmó los balances contables de las empresas de Alvarado, por las que fue condenado por lavado de activos.
Frente a esto, la legisladora socialista Lionella Cattalini presentó una denuncia penal en la justicia federal contra el magistrado. La diputada quiere que se investigue si Bailaque participó en una red criminal y de corrupción que tendría vínculos con Alvarado. A pesar de los informes que había aportado la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), lo que está bajo cuestionamiento es que el juez rechazó pedidos para intervenir teléfonos de este jefe criminal y su entorno en 2013.
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La justificación de Bailaque es que la única condena de Alvarado por narcotráfico pasó por su despacho del juzgado de instrucción. Pero fue por un cargamento que se incautó en 2017, en Río Negro, a personas que estaban en camiones de las mismas firmas que usaba el narco a través de un entramado de testaferros. Esto tuvo un efecto directo, ya que el narco fue procesado recién en 2019, cuando se encontraba prófugo de la justicia provincial, acusado del homicidio de un prestamista y de manejar una organización que se nutría del tráfico de drogas. En esos nueve años, Alvarado acumuló una fortuna incalculable y provocó decenas de crímenes en Rosario.
Alvarado fue condenado por el asesinato del prestamista y de asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías, se encuentran Sagrado Corazón de María SRL y Logística Santino SRL, que se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba el juez cuestionado. Mizzau padre firmaba los estados financieros y también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para el narco como, presuntamente, para el propio Bailaque.
De acuerdo a las medidas llevadas a cabo, en el vínculo entre Mizzau y el magistrado aparecen "muchas sombras": tenían un vínculo estrecho, ya que habrían sido compañeros de secundaria y, hasta hace algunos meses, Bailaque tuvo de empleado al hijo del contador, Sebastián Mizzau, quien se desempeñaba en su juzgado hasta antes de pasar a un tribunal oral.
El juez federal de Rosario será imputado por otras dos causas
La segunda causa contra el magistrado es impulsada por el fiscal Reynares Solari y tiene como base la intervención a la cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín que supo estar en manos del sindicalista Herme Juárez, quien fue detenido en 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Después de que el juez de Campana bloqueara los fondos de la cooperativa por mil millones de pesos, un conflicto de competencia hizo que el manejo del dinero sea resuelto en el despacho de Bailaque, quien determinó derivar la plata hacia una mutual que pertenece a Fernando Whpei con el argumento de que allí iba a tener mejores rendimientos que un plazo fijo en el Banco Nación o Macro.
La medida fue recusada por un grupo de estibadores, quienes indicaron que era una irregularidad dejar la plata en una mutual que no tenía regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sobre la que tenía responsabilidad un amigo del juez, es decir, Whpei. Después una revisión de la Cámara de Apelaciones, a través de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Barbará, los fondos fueron redireccionados al Banco Nación. No obstante, se pudo establecer que el juez y Whpei eran amigos. Esta situación puso de manifiesto que debió apartarse de intervenir en ese tipo de legajo, justamente por conocer a una parte que terminó beneficiada con su medida.
La tercera causa fue la más mediática de los últimos días, y la que impulsa el fiscal Argibay Molina contra el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de la ex AFIP (ahora ARCA) y Aduana. Dicha investigación se inició por presentaciones hechas por Claudio Iglesias, quien fue trabajador de San Cristóbal, era número puesto para ser presidente de la aseguradora y se vio afectado por allanamientos tras una denuncia anónima en la que lo sindicaban por evasión tributaria y lavado de activos en sociedad con el agente de bolsa Jorge Oneto.
Llamativamente, para Argibay Molina, Bailaque tomó la denuncia anónima y no delegó la instrucción en el Ministerio Público Fiscal, como acostumbraba a hacer, e impulsó allanamientos que terminaron por echar por tierra la aspiración de Iglesias. Meses después, el magistrado le dictó falta de mérito.
Aquellos que podrían estar involucrados en la denuncia anónima son Carlos Andrés Vaudagna; Pablo Allegrini, ex vicepresidente de Newell’s; Fernando Duncan Amante; Luciano Martín Giunta; Román Scattolon, de la dirección general aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y el abogado Omar Rizzo.
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