Este 10 de diciembre, al cumplirse un año de gestión del gobierno, la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación debatirá en el recinto el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el presidente Alberto Fernández dando cumplimiento de esa manera a una promesa que realizó primero en la campaña y luego el 1 de marzo, cuando pronunció su primer discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Esta iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocido como el “Plan de los 1000 días”.
Estos proyectos responden a la obligación que tiene el Estado argentino de cuidar la salud integral de las personas, en todas las circunstancias. Velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo implica entender que se trata, fundamentalmente, de un problema de salud pública que el Estado debe resolver en su rol de garante de derechos fundamentales.
La experiencia ha demostrado que la prohibición no es una opción válida para prevenir los abortos. Muy por el contrario, tiene serias implicancias diarias: por complicaciones derivadas de abortos clandestinos se hospitalizan cerca de 40 mil mujeres y otras personas gestantes al año y muchas pierden su vida por esta causa.
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En todo caso, hablar de aborto implica hablar de desigualdades de oportunidades porque cuando una persona decide interrumpir su embarazo, los recursos económicos y sociales para afrontar los gastos que conlleva esta práctica serán los que definirán si puede hacerlo en condiciones sanitarias adecuadas, o si tendrá que hacerlo prescindiendo de la asepsia y seguridad necesarias para el cuidado de su salud integral y de su vida.
En la actualidad existe una gran cantidad de países del mundo que ya han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, incluso Estados con sociedades profusamente católicas, como son Italia, España e Irlanda porque comprendieron que la prohibición no evita que se lleven adelante los abortos, sino que condena a las personas a que lo practiquen de forma clandestina, y por ende insegura, sobre todo a aquellas que están en situación de vulnerabilidad y no cuentan con medios materiales suficientes.
Es debido a estas experiencias que podemos afirmar que la legalización disminuye la mortalidad materna; elimina riesgos en la salud de las mujeres y otras personas gestantes, en tanto los abortos se realizan de forma ambulatoria y con acompañamiento post aborto; desestresa el servicio de salud público, y disminuye los abortos, contrariamente a lo que algunos sectores buscan instalar. Ejemplo de esto es la Ciudad de México, que legalizó el aborto en 2007 y, luego de estabilizarse el número de casos, a partir del 2013 comenzó a disminuir, tendencia vinculada muy probablemente al trabajo de las consejerías que brindan información sobre salud sexual y reproductiva y que realizan la atención y acompañamiento necesarios para la planificación familiar.
Sin perjuicio de la profunda convicción que nos mueve a presentar estos proyectos de ley resulta fundamental resaltar que nadie desea ni promueve que las mujeres y otras personas gestantes aborten, pero los abortos ocurren y mirar para el costado no es una opción para un Estado que busca estar cerca de la ciudadanía y sus problemas y darles respuesta. Por eso es falso y perjudicial plantear que se trata de un debate entre “aborto sí” o “aborto no”. Lo que se encuentra en juego es la vida y la salud integral de miles de mujeres a lo largo del país, especialmente la de aquellas de menores recursos.
El Estado asume la obligación de asistir y a acompañar a todas las mujeres, cualquiera sea su decisión respecto a sus proyectos vitales. Es por ello que al proyecto de IVE hay que pensarlo en diálogo con el de Ley de Protección y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que apunta a prevenir la mortalidad infantil, la mal nutrición, la desnutrición y la violencia, a la vez que a proteger los vínculos tempranos y promover el neurodesarrollo.
Este proyecto es estratégico porque establece como política de Estado, desde una perspectiva de derechos, la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y los primeros años de vida de niñas, niñes y niños de modo de acompañar a todas aquellas mujeres que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar.
Ambos proyectos promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y cuidan la salud entendida de forma integral. Por eso es necesario destacar que no se busca obligar a nadie a hacer algo que no quiera, sino muy por el contrario el objetivo de estos proyectos es respetar y acompañar a todas las mujeres, sea cual sea su situación, cuidando su vida y garantizando su derecho a la salud.
Así, estos proyectos de ley vienen a dar una respuesta concreta a un problema urgente y estructural, que existe en nuestro país desde hace mucho tiempo y que no podemos seguir invisibilizando. Esta es la hora de hacernos cargo. Porque la verdadera dicotomía es la de aborto legal o aborto clandestino.
Que sea ley.
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