Cerró Petroquímica Río Tercero y dejó a más de 180 trabajadores a la deriva

La apertura de importaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei es uno de los procesos centrales establecidos para avanzar con el vaciamiento del Estado. En este marco, las grandes empresas comenzaron a ejecutar numerosos despidos y los trabajadores se ven envueltos en un panorama de crisis que se remonta "a viejas historias". En la provincia de Córdoba, la Petroquímica Río Tercero (PR3) anunció el cierre de su planta por las "complicaciones" que tuvo para hacerle frente a la competencia de elaboración de TDI (diisocianato de tolueno).

Durante la noche del domingo llegaron mails. Sin valor legal porque todavía no hay ningún telegrama, se notificaron en los correos electrónicos despidos para una porción del personal y suspensiones con goce de haberes para la otra. Con el correr de los días, hubo más notificaciones informales. En diálogo con El Destape, el Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (Festiqypra), Omar Barbero, apuntó contra la decisión de la empresa que pertenece al Grupo Piero y aseguró que los empleados "se enteraron de toda esta situación por medios locales".

Son 125 los trabajadores despedidos y 60 los suspendidos, aunque Barbero planteó que no sabe cuántos trabajadores más se verán afectados por el cese de las actividades de la fábrica, ya que hay personas "que hacían la logística por fuera de la empresa". El personal no está trabajando desde el miércoles, día en que terminó el último turno y comenzó la situación de zozobra. La compañía abastecía a las colchoneras de toda la región y otra parte de la producción de TDI se destinaba a la industria automotriz. En ese sentido, Barbero detalló que "el poliuretano había tenido un fuerte mercado internacional en otras épocas y, en los últimos años, había quedado con la venta de producción nacional".

En ese sentido, el secretario general negó que la empresa "esté sufriendo una crisis", ya que presenta "buenos márgenes de ganancia y producción". "No nos vamos a quedar con el relato de la empresa. No nos van a satisfacer y, mucho menos, nos van convencer de que estas decisiones se basen en la apertura de importaciones. Si bien es cierto, la empresa tiene 44 años y, además, han tenido muchos beneficios, incluso subsidios para pagar salarios", apuntó. 

Con una "contundente" y multitudinaria movilización, cerca de 1.500 vecinos de Río Tercero se pronunciaron en contra de los despidos. Organizada por el gremio, pero con amplia participación gremial local y provincial, la columna de tres cuadras circuló por el centro de la ciudad exigiendo la reincorporación inmediata de las personas. 

El impacto económico y social es de carácter nacional, no solo por los despidos, sino también por el desabastecimiento de insumos clave para la industria argentina. El TDI se usa en la fabricación de espumas de poliuretano, elastómeros y revestimientos. Sin embargo, el cierre de la planta cordobesa obliga a importar este producto desde Asia, encareciendo los costos y afectando considerablemente a las pymes que dependen de él. Lo que la firma mantendría funcionado son otras dos fábricas que elaboran otros productos químicos.

Tras cinco días, Barbero contó a este medio que "por primera vez" tuvieron un cara a cara con la empresa este martes en el marco de una audiencia formal en la delegación de Río Tercero. El Ministerio de Trabajo le reclamó a PR3 que presente los últimos tres balances para justificar la situación de crisis que argumenta e intimó a la empresa para que, en el "término de las 48 horas, reabra las puertas y tome la totalidad de trabajadores despedidos para que retomen sus tareas". La cartera fijó una nueva audiencia para este viernes a las 10.

Regreso a los 90 en Córdoba: "Milei desprecia a los trabajadores"

En reiteradas ocasiones, el presidente Milei tildó al exmandatario Carlos Saúl Menem como "el mejor presidente de la historia" y, luego de llegar al sillón de Rivadavia, se embarcó en su objetivo de replicar el modelo que estableció la administración menemista durante la década de los 90. De esta manera, impulsa una drástica reducción del Estado, la desregulación de la economía, la eliminación de derechos laborales y la facilitación de amplios beneficios para los inversores. En aquellos años, las condiciones mejoraron para los sectores de mayor poder adquisitivo y produjeron una de las peores situaciones socio económicas de la historia, que finalizó con la debacle del 2001. 

El líder de La Libertad Avanza (LLA) limitó la capacidad regulatoria estatal y sigue con el avance para privatizar empresas. Incentivadas por la reforma laboral que incluye la Ley Bases, las empresas tienen vía libre para echar a sus empleados sin tener que pagar una indemnización. Su reemplazo por la constitución de un "Fondo de cese", a partir del aporte del empleador de un porcentaje de la remuneración que paga al trabajador, define el marco perverso de esta reglamentación. 

 “Ya lo vivimos en la década de los 90”, sostuvo el secretario Barbero, e incluso planteó que la Petroquímica vivió una "situación similar" durante la gestión de Mauricio Macri en 2016, lo que marca una clara tendencia de los gobiernos neoliberales en cuanto a la pulverización de la industria nacional.

El gremialista cargó contra el desguace del Estado que promueve el Gobierno nacional y afirmó que Milei "desprecia a los trabajadores, a la industria nacional y a las clases sociales". A su vez, reveló que "no hay respuesta" por parte de las autoridades y manifestó que "la esperanza para que mejore la situación es cada vez menor". 

En este marco, trazó un paralelismo con lo que "están sufriendo" los empleados de la empresa Dow Química y manifestó que la situación a nivel nacional "es terrible". Luego de que la compañía violara la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro hasta el 4 de noviembre. Los trabajadores de la firma agrupados en el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) se presentaron en el predio de Puerto General San Martín, pero no les permitieron el ingreso. Como consecuencia, los empleados se instalaron en el acceso y realizan una protesta. 

El cierre de la fábrica afectaría a 120 puestos de trabajo directos que se amplían a unos 600 si se consideran los empleos indirectos vinculados a la actividad. La versión de la multinacional, que emitió un comunicado oficial, es que la planta del Gran Rosario estuvo "operando a bajas tasas de utilización como resultado de la marcada y constante retracción de la demanda de Poliuretanos en todo el mundo". No obstante, desde Soepu sostuvieron que "lo que quiere la empresa es mantener el mercado a través de las importaciones, no dejar que nadie entre al mercado del poliuretano negándose a vender la planta, y así seguir con una posición monopólica".