Luego de una orden judicial, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires derribó el muro ilegal que Clarín montó en la intersección de las calles Ascasubi y Luna en Barracas que impidió la circulación durante más de una década. En 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared, sin embargo una serie de apelaciones llevó el caso hasta la Corte Suprema que desestimó un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteño y dejó firme la decisión de primera instancia.
Cronología del muro ilegal y el derrotero judicial
Todo comenzó a inicios de la década del noventa cuando la planta impresora de Clarín, Artes Gráficas Rioplatense (AGR-Clarín) se instaló en la Comuna 4. En un principio había un alambrado, que los vecinos podían pasar, pero después llegó la construcción que cerró definitivamente la calle Hilario Ascasubi al 3200, entre Luna y Agustín Magaldi, de manera definitiva con la finalidad de ser utilizada como estacionamiento privado para los empleados jerárquicos de Clarín.
En octubre de 2012, la entonces diputada María Elena Naddeo presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informe si existía una autorización oficial para el cierre de la calle. Desde la Dirección General de Tránsito, el gobierno porteño negó haber tenido “injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”, y la Dirección de Registro de Obras y Catastro señaló que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”.
En 2013 cuando el legislador Aníbal Ibarra y la diputada con mandato cumplido María Elena Naddeo presentaron un amparo junto a vecinos de la Villa 21-24 de Barracas, ante la existencia de la pared de cuatro metros. El muro, según la denuncia, bloqueaba el paso a los vecinos por esa arteria y agrega ese espacio al que ocupa el estacionamiento privado y depósito de la empresa, estableciendo una continuidad visual y física con la propiedad del multimedios.
"El gobierno de Macri en un principio, en acuerdo con Clarín, no tiró abajo el muro, pese a que reconoció que era un muro ilegal. Después del fallo de la jueza de primera instancia, apelaron, presentaron un recurso extraordinario, de queja, un recurso de inconstitucionalidad", explicó a El Destape el ex jefe de gobierno porteño y ex legislador, Aníbal Ibarra.
En abril de 2015, el Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N° 12, a cargo de la jueza Lidia Lago, falló a favor de la presentación decidiendo “hacer lugar a la acción de amparo interpuesto", ordenó demoler la pared y dio a la Policía de la Ciudad un plazo de 10 días para hacerlo efectivo. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apeló la medida ante la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que finalmente el 8 de octubre de 2015 a través de la sentencia interlocutoria N° 2.626.124/15 confirmó el fallo de primera instancia, dando un plazo de 10 días para demoler el muro.
Frente a un nuevo fallo adverso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario que volvió a rechazarlo. Pero el gobierno porteño no se dio por vencido y alzó una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 9 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un fallo unánime, rechazó "la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” dejando firme la sentencia de primera instancia que ordenaba la demolición.
En 2017, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, finalmente, el 27 de diciembre de 2017, emitió sentencia “desestimando la queja” y dejando firme la orden de demolición.
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