Contra el escepticismo generalizado encontrar buenas noticias en la economía local es una tarea bastante sencilla. Los buenos indicadores sobran. La actividad industrial no para de crecer y se encuentra en máximos históricos. Se crean nuevos puestos de trabajo y la desocupación, que había llegado a los 11 puntos, bajo a 7. Concomitantemente también bajó la pobreza. En el frente externo las exportaciones vuelan y seguirán creciendo aun más. Hay superávit comercial y de cuenta corriente. No opera la restricción externa real. En el plano financiero y cambiario el acuerdo con el FMI descomprimió las presiones sobre el tipo de cambio, un factor clave para la estabilidad macroeconómica.
Ninguno de estos resultados ocurrió por azar. Hubo políticas industriales activas, se impulsaron sectores y se protegieron mercados estratégicos. Hubo negociaciones internacionales con los acreedores y se despejó el horizonte de vencimientos de deuda, tanto con privados como con organismos multilaterales. Y todo ello ocurrió a pesar de una pandemia global que bloqueó las economías por el lado de la oferta y obligó a los Estados a impulsar políticas activas extraordinarias, como lo fueron el IFE y el ATP en el caso local. Indirectamente, el Estado demostró que a pesar de la destrucción sufrida en la etapa 2015-19, conservaba capacidad de acción y poder de fuego, al menos en dos de sus grandes agencias, AFIP (ATP) y ANSES (IFE).
En contrapartida podría decirse inmediatamente que los buenos números de ocupación y mejora contra la pobreza no son una foto del presente, sino de fines de 2021 y que la alta inflación de los últimos meses cambió ese panorama. Es altamente probable que la suba generalizada de precios en lo que va de 2022, potenciada a partir de fines de febrero por la conflagración en el este de Europa, vuelva a deteriorar todos los indicadores sociales que habían mejorado.
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De lo expuesto surge otro dato que no debería pasar desapercibido. El oficialismo perdió las elecciones de medio término en un momento en que los indicadores sociales estaban mejorando, no empeorando. El dato parece contradictorio con el desánimo generalizado que llevó a la derrota. Una respuesta posible se encuentra en que la mejora no fue suficiente. O más concretamente, que fue muy heterogénea y sólo comenzó a llegar a los sectores asalariados con sindicatos fuertes. Los números récord del sector turístico, tanto en las vacaciones de verano como en las escapadas de fin de semana, funcionaron como un indicador indirecto de que la recuperación post pandemia efectivamente llegó a una parte de la población, esa que el marketing de consumo define como ABC1 y entre la que cuesta encontrar votantes del oficialismo, pero no a la base social de la coalición.
Para buena parte de los votantes del Frente de Todos 2019 las cosas fueron distintas. Entre ellos la recuperación nominal de salarios no le ganó a la inflación. Pero el problema fue especialmente la persistencia del fenómeno. Los salarios comenzaron su etapa contractiva hace poco más de 4 años, luego de las elecciones de 2017 cuando se inició la debacle macrista y desde entonces se mantienen muy bajos. Los salarios no se recuperaron con el cambio de gobierno, y en algunos sectores, como el público y los informales, luego de una pausa inicial continuaron su deterioro. Este panorama motivó la reaparición de un fenómeno extendido a fines de los ’90 y hasta por lo menos mediados de la primera década de los 2000, la del trabajador pobre, la de quien tiene trabajo, pero su salario no le alcanza para cubrir una canasta básica.
En paralelo, el peso de los salarios en los costos de producción de muchas ramas se redujo, es decir, aumentó la ganancia o eso que en la jerga de la distribución funcional del ingreso se denomina “margen bruto de explotación”. Si la ganancia crece y el salario cae mientras la economía se recupera lo que está sucediendo no es una crisis, sino una definición de ganadores y perdedores en la lucha de clases. Hablar de “lucha de clases” no es anacronismo ni ideologismo, sino una mera descripción de lo que sucede: el capital se está apropiando de los frutos de la recuperación a costa de los trabajadores, lo que reclama a gritos la intervención del Estado, un Estado que además no es cualquier Estado, sino uno conducido por un movimiento nacional-popular.
El escenario de esta batalla, de esta lucha, se dirime en los precios, en la inflación. Y si hay algo en lo que las dos vertientes principales que integran la coalición oficialista coinciden, es en tener el mismo diagnóstico equivocado para la inflación. Ambas creen que la suba generalizada y sostenida de precios es el resultado de fallas de mercado, los oligopolios, las que habilitarían a que empresarios inescrupulosos remarquen precios aumentando constantemente, quizá hasta el infinito, sus tasas de ganancia. El debate por las causas de la inflación no es el tema de este artículo, pero basta con decir que los oligopolios son una constante en todas las economías del planeta, no así la persistencia de la alta inflación. A la vez, la guerra en Europa potenció el problema preexistente de inflación importada que se inició con el corte en las cadenas de suministros globales producto de la pandemia. Mientras tanto, no son pocos quienes en el Ministerio de Economía creen que los índices de precios irán bajando junto con el déficit y la caída de la asistencia del Banco Central al Tesoro. Por las dudas, el ministro del área prefiere no referirse en público al problema. Luego, decir que la inflación es “multicausal” es lo mismo que decir nada. Las causas se encuentran siempre en la variación de los precios básicos (salarios, tarifas y dólar), a los que en el caso local se suman la inercia y, como se dijo, la inflación importada.
Frente a los conflictos de acción al interior de la coalición suelen traerse a colación ejemplos del gobierno de Néstor Kirchner. La pregunta suele ser “qué haría Néstor” en una circunstancia similar. Como en el caso de la relación con el FMI, organismo con el que nunca entró en default, en el tema “lucha de clases” su accionar fue clarísimo. Por razones distintas a las del presente, a comienzos del gobierno 2003-07 existía una situación similar a la actual en términos de “poder relativo de los trabajadores en la lucha de clases”. Aunque la economía había comenzado a recuperarse ya en 2002, la realidad del mercado era que los trabajadores, por el elevado desempleo y los largos años de la recesión iniciada en 1998, carecían de poder de negociación para recuperar salarios. Lo que hizo Néstor fue primero aumentar por decreto el salario mínimo y luego decretar también aumentos de suma fija, medidas que constituyeron el puntapié inicial para la recuperación del consumo y de la demanda. El siguiente paso fue la reactivación de las paritarias, lo que hoy ya existe.
La síntesis provisoria es que en el presente y desde 2021 no hay un problema de precios básicos. Lo que hay es un problema de inflación inercial, componente que debería comenzar a frenarse a partir del acuerdo con el FMI, y otro de inflación importada. Las acciones antiinflacionarias deberían ser arancelarias (retenciones) y de subsidios. Pero en paralelo se necesita también una política de ingresos que, dada la debilidad relativa de los trabajadores en la puja distributiva, ayude a corregir la fuerte baja salarial acumulada desde 2017. El Poder Ejecutivo puede enfrentar limitaciones materiales para las políticas arancelarias, no así en cambio para las políticas de ingresos.-
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