Un fiscal pidió desestimar la denuncia contra Macri por los DNU

12 de febrero, 2016 | 11.07
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy desestimar denuncia contra el presidente Mauricio Macri, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, por abuso de autoridad a raíz de los últimos decretos de necesidad y urgencia que firmaron.

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el fiscal pidió desestimar la denuncia aunque señaló que "la práctica que se denuncia es legal, pero es más difícil sostener que sea legítima".

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La denuncia de los integrantes de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos fue por el delito de sedición y abuso de autoridad por impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de uno de los poderes públicos del gobierno nacional, esto es el Congreso.

Los denunciantes cuestionan los últimos decretos firmados por el Presidente como ser el de los nombramientos de los jueces "en comisión" para la Corte, las modificaciones en el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y en la Ley de Medios. Para los denunciantes, la firma de los decretos violaba el artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son las atribuciones del Presidente de la Nación.

En ese sentido, acusaron que "existe un inminente peligro a la paz social", y que con la función de los decretos la función es "abolir las funciones y el control de uno de los tres poderes del Estado al no convocar a sesiones extraordinarias, dictando actos que carecen de la urgencia y emergencia necesarias y que, al mismo tiempo, trasgreden los límites constitucionales por su materia".

Si bien el fiscal Delgado pidió al juez federal Sebastián Casanello desestimar la denuncia, remarcó en su dictamen que no existe sobre "legitimidad a los mismos, frente a lo cual cobra especial relevancia la tensión que existe entre legalidad y legitimidad".

"Entre estas palabras se da la tensión que la comunidad jurídica no llega a comprender en toda su dimensión. En general se las separa con el latiguillo: es legal. Pero es tan o más importante que sea legítimo, porque en la legitimidad se juega la creencia del ciudadano que es el único combustible que alimenta las prácticas de la interpelada representación política", señaló en su dictamen. Ahora definirá el juez, aunque al no haber impulso fiscal se prevé que la denuncia sea archivada.