La mesa judicial del Gobierno festeja. El jueves 11 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad la lista de diez conjueces que el macrismo propuso para la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una nómina absolutamente tendenciosa donde figuran desde el abogado de Mauricio Macri o del Grupo Clarín al de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del gobernador Gerardo Morales. Solo resta un decreto del Presidente para que esta decena de letrados esté habilitada a cubrir, en en caso de ser necesarias, vacantes que se abran en el máximo tribunal del país para determinados casos.
De acuerdo al decreto 1285/58, reformado por la ley 23.498, cuando un ministro cortesano sea recusado, se excuse o cuando se produzca una vacancia, el tribunal se completará hasta el número legal para fallar mediante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. En el caso de que no se pueda completar con este procedimiento entran en juego los conjueces, que pasan a integrar la Corte para resolver el caso en cuestión.
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Con el intento de ubicar a dos supremos en comisión aún fresco en la memoria y tras distintos traslados polémicos, no faltan quienes sospechan que abierta una vacancia en el Alto Tribunal -por ejemplo, Elena Highton de Nolasco está en edad de jubilarse-, el Gobierno podría forzar la ley para buscar cubrir ese sillón con algún integrante de esta bochornosa lista, que evidencia el perfil que quiere imprimirle Macri a la Justicia.
Los conjueces avalados por la Cámara Alta son: María Angélica Gelli, Julio Cesar Rivera, Guillermo Lipera, Ricardo Gil Lavedra, Alberto García Lema, Gerardo Conte Grand, Diego Botana, María Rosa Caballero, Verónica Torres, y Aída Kemelmajer.
Uno por uno, los “suplentes” de la Corte
“El único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación es Clarín”. La frase pertenece a María Angélica Gelli, y la utilizó en defensa del Grupo Clarín ante la Corte Suprema cuando se definía la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada durante el kirchnerismo. Es profesora universitaria.
El reaccionario Colegio de Abogados de la calle Montevideo, poderoso reducto del establishment jurídico y los escribas de las dictaduras, logró el 40% de representación en la lista.
Uno es su presidente, Guillermo Lipera. Socio del estudio Bulló y oriundo de Chivilcoy, durante una actividad del colegio a la que asistió Macri, afirmó: “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”. Les pidió a sus socios que jueguen “el partido” a favor del Gobierno.
Otro socio del Colegio es Ricardo Gil Lavedra. Oficia de ladero del ministro Germán Garavano y en 2016 fue designado Presidente del Consejo Consultivo (ad honorem) del programa Justicia 2020. Fue defensor de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa por los fondos robados de su casa que nunca pudo justificar y asesoró a la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales en la acusación contra la dirigente social, referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que lleva mil días presa sin condena. No lo hace gratis. Por ejemplo, representa a la AFIP en la causa contra Cristobal Lopez gracias a una jugosa contratación a dedo que supera los 4 millones de pesos. Pero Gil Lavedra tiene otros hitos en su prontuario. Así como integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares, en 1985, también fue designado secretario letrado de la Procuración General de la Nación el 5 de agosto de 1976. Fue el único conjuez impugnado de la lista: el senador Guillermo Snopek consideró que debía rechazarse su postulación dado sus aceitados vínculos con el oficialismo y empresas como Odebrecht, involucrada en el Lava Jato criollo.
Un tercer miembro del Colegio de la calle Montevideo propuesto para conjuez es Julio César Rivera. Está íntimamente ligado a Macri por el escándalo del intento de condonación de la deuda de Correo Argentino. Junto a su socio Beltrán Louge está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino. Es decir, tienen que controlar que todo se haga de forma legal en esta causa que lleva más de quince años. Tanto Louge como Rivera fueron apoderados de empresas de los Macri como Transmetro SA, que también pasó por un proceso de quiebra. La periodista Patricia Blanco reveló en Perfil que fueron también abogados de Mauricio Macri en el divorcio con Isabel Menditeguy en 2005. Para colmo, el ahora propuesto para conjuez Rivera, está imputado en la causa penal que investiga las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino. Como síndico, dejó correr todas las maniobras de los Macri para no pagar su deuda y vaciar la empresa.
El cuarto miembro del CACBA es Diego Botana, socio del estudio Allende & Brea, que siempre rankea en el top 5 de los mejores estudios de la city porteña. Se define como radical y es profesor en la Universidad de San Andrés.
Aída Kemelmajer de Carlucci es la única del listado que tiene al menos cierto prestigio académico. Mendocina, es doctora en Derecho, tiene una larga trayectoria académica e integró la Corte Suprema de Mendoza hasta el 2010. Se la vincula a Ernesto Sanz. Fue, junto a Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, coautora del anteproyecto para el actual Código Civil y Comercial. Cuando su nombre sonó para integrar la Corte, según la periodista Susana Viau hubo una campaña en su contra de parte del grupo Vila-Manzano. En 2003, en el programa Día D, Jorge Lanata contó que no llegó a integrar el máximo tribunal por las sospechas de tráfico de influencias que recaían sobre su marido, el abogado Nedo Carlucci, cuando era jueza de la Corte cuyana. Entonces, denunció a Lanata, pero finalmente en 2014 la Corte Suprema falló a favor del actual operador macrista.
Alberto García Lema fue procurador del Tesoro de Carlos Menem y ya ejerció como conjuez de la Corte. Desde 1974 y hasta el 2 de noviembre de 1976 ejerció como secretario letrado de la Procuraduría General de la Nación.
Gerardo Amadeo Conte Grand también integra la lista. Fue subsecretario de Inteligencia y viceministro de Interior durante el menemismo. Es tío de Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires.
María Rosa Caballero es abogada, escribana y ex jueza de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy desde 1984. En abril de 2014 renunció al cargo y se jubiló, pero en marzo de 2016 se reincorporó temporalmente para cubrir vacantes. Su cuenta de Twitter es un compendio de militancia PRO. El 15 de diciembre de 2015, en los días previos al ballotage, escribió: “Porque un candidato esgrime el principio de la buena fe, vamos Mauricio. Se puede #MacriPresidente”. Su apoyo a Macri fue total. Días antes publicó: “Argentinos no resignen su futuro ni cambien su dignidad por un plan #AguanteMacri”.
En su cuenta comparte intervenciones de Macri en Jujuy y convocatorias a timbreos, apoyos de Elisa Carrió a María Eugenia Vidal y comunicados de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otras cosas.
La lista se completa con Verónica Nidia Torres, abogada y escribana, actualmente decana de la Universidad Nacional del Nordeste.
Durante el análisis de los pliegos de los candidatos, en la Comisión de Acuerdos, el presidente del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, aseguró: “La trayectoria de los doctores realmente es extraordinaria, larga; todos sabemos la tarea que han realizado en la parte privada, en la docencia. De parte de nuestro bloque vamos a acompañar la firma del dictamen”.
El pasado 11 de octubre, cuando la agenda legislativa en la Cámara Alta se vio eclipsada por el debate en torno al nuevo tarifazo del gas que pretendía cobrarse en 24 cuotas, la lista de conjueces llegó al recinto. Se votó en medio de distintos proyectos y prácticamente no hubo objeciones: se aprobó por unanimidad. En total 58 senadores avalaron que estos abogados puedan acceder -ocasionalmente- al máximo tribunal del país. A la hora de la votación hubo 14 ausencias, entre las más destacadas, la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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