Código urbanístico: ¿ciudad para el mercado o ciudad para las personas?

Por Delfina Rossi y Martín Lemma

La estructura de poder de Cambiemos se sostiene, sin lugar a dudas, sobre la base de acuerdos con sectores del poder económico que les permite generar negocios a las empresas propias y a las de sus amigos. Este modus operandi viene siendo el marco general donde se encuadran sus acciones y la brújula que direcciona los beneficiarios de sus políticas. En este sentido, las diferentes gestiones del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires han sabido -hace ya más de 10 años- impulsar grandes transformaciones impopulares que generan poco beneficio para las vecinas y vecinos de la ciudad. Bajo este mismo esquema se enmarcan las transformaciones del Nuevo Código Urbanístico que Rodríguez Larreta busca aprobar con su mayoría absoluta en la Legislatura Porteña.

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¿Por qué es necesario repensar el Código Urbanístico? El código vigente, cuya última modificación importante data de comienzos de la última dictadura, persigue una visión autoritaria y excluyente de la ciudad, y está regido por los principios del transporte individual (léase miles de autos en grandes autopistas) en detrimento del público. Durante más de 50 años, este código posibilitó que la ciudad se acentúe como un terreno para los negocios inmobiliarios, un fenómeno que fue acentuando progresivamente la desigualdad entre los vecinos. Esto sucede básicamente porque, en un contexto de Estados (Municipal y Nacional) ausentes, los agentes del mercado deciden invertir solamente en aquellos proyectos que le generan mayor rédito económico; es decir, los proyectos orientados a las élites económicas. Está comprobado que la consecuencia directa de este modelo urbano inmobiliario es la segregación socioespacial, la pauperización de la calidad ambiental urbana y la expulsión de los habitantes de sus barrios y la ciudad.

Cambiemos justifica que su intervención está direccionada a atender problemas ambientales, de transporte público, diversidad de usos y -sobre todo- de paisaje urbano. Si bien estas justificaciones son súmamente válidas y el proyecto no garantiza que la ciudad se transforme en un espacio justo y sustentable.

Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (realizado en octubre de 2010), la CABA presenta casi un 25% de viviendas ociosas (es decir, sin gente que viva en ellas), siendo esta situación más acentuada en barrios céntricos -donde muchas viviendas se usan como oficinas- y levemente menor en barrios más populares. En concreto, la ciudad disponía hace 8 años de más de 340.000 viviendas desocupadas repartidas por toda la ciudad; este número representaba entonces casi dos veces la cantidad de personas viviendo en condiciones deficitarias.

Paralelamente, en la ciudad crece muy rápidamente el porcentaje de personas que tiene que alquilar viviendas porque no puede acceder a una casa propia: en 2001 los inquilinos representaban un 22,1% y en 2016 ese porcentaje trepó al 35%. Contradictoriamente, se construyeron más de 150.000 viviendas en los últimos 10 años. Más aún, los cálculos indican que el nuevo código podría albergar la duplicación de metros cuadrados de vivienda construidos, para que en la ciudad puedan vivir el doble de personas. ¿Se imaginan el colapso de las infraestructuras de transporte, energía, cloacas, etc. al que eso podría llevar si se continúa sin hacer las inversiones correspondientes? Vale aclarar, que el otorgamiento de estas nuevas posibilidades constructivas no viene acompañado de mecanismos reales de captura de la plusvalía generada por dicho cambio y que no contemplan la función social de la propiedad.

Estos indicadores, que demuestran el avance del negocio inmobiliario en la ciudad particularmente para la vivienda, se replican en indicadores de espacios públicos, transporte, acceso al trabajo, etc., y van en detrimento de las necesidades de sus vecinos y vecinas de vivir en una ciudad que sí les es propia y donde puedan desarrollarse como individuos diversos.

A la par que el Gobierno de la Ciudad avanza con su proyecto de nuevo código, las vecinas y vecinos porteños y distintas organizaciones sociales han buscado los mecanismos legales para discutir abierta y seriamente el proyecto. Estas discusiones se llevaron a cabo en las diferentes sedes comunales, en centros culturales, en plazas y en la misma Legislatura Porteña; del proceso surgieron productos elaborados como los “12 Puntos Básicos de la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal” elaborada por un grupo de vecinos y vecinas llamado Movimiento Comunero o documentos como los presentados por el CELS o la Defensoría del Pueblo, entre otros.

A su vez, las vecinas y los vecinos se muestran muy preocupados del uso “marquetinero” que se les da a las instancias institucionales generadas. En primer lugar, el Gobierno de la Ciudad busca llamar “participación” a un proceso donde lejos de haber una lógica de retroalimentación de ideas, los funcionarios públicos comunican el proyecto y -en el mejor de los casos- escuchan algunas preocupaciones. En segundo lugar, las audiencias públicas convocadas para debatir el proyecto, quienes presidían las comisiones que llamaron a debatir se negaron a llevar cualquier tipo de registro (taquigráfico, sonoro o de video) y pocas veces se los vio escuchando a los exponentes y no hablando entre ellos. No faltaron luego las publicaciones en redes sociales oficiales de las caras de las vecinas y los vecinos, obviamente sin su voz.

Encontramos que en la ciudad se da la disputa entre dos modelos de ciudad: uno que responde a la lógica mercantil y que se representa en la gestión de Cambiemos en la ciudad; y otro que es demandado por las organizaciones sociales, los centros de estudios especializados y las vecinas y los vecinos. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad necesita repensar sus lógicas de participación para poder recolectar de manera real las necesidades de la ciudadanía y resignar el proceso de hacer negocios para unos pocos con el espacio y la ciudad de muchos. Aprobar el proyecto de Código Urbanístico propuesto por Larreta, de espalda a la sociedad y en proceso nacional de burbuja financiera, puede ser muy peligroso.

Martín Lemma. Arquitecto, Doctorando en Estudios Urbanos.

Delfina Rossi. Economista, Doctoranda en Cs. Politica.