“El Estado peruano debe ser investigado por delitos de lesa humanidad”, exige el informe preliminar de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos en Perú al que accedió El Destape. La organización, conformada por dirigentes gremiales, políticos y sociales argentinos, constató en el territorio y en la voz de las víctimas, de sus familiares y de las personas heridas el accionar que lleva a cabo el gobierno de Dina Boluarte desde el pasado 7 de diciembre cuando comenzaron las movilizaciones en su contra, tras la destitución de su antecesor y excompañero de fórmula Pedro Castillo. Masacres, tortura, abuso sexual, francotiradores, detenciones ilegales, persecución, amenazas, criminalización, racismo, miedo, desconfianza, abandono estatal, causas armadas son sólo algunas de las palabras que describen la violencia policial y estatal ante la crisis político-institucional.
“Lo que nos dicen las personas es que el motivo que desencadena las movilizaciones es el golpe de Estado a Pedro Castillo, porque entienden que sacaron a uno de ellos. Por primera vez en la historia lograron poner a un maestro rural, indígena, pobre y lo sacan”, contó ante El Destape, Gonzalo Armua, integrante de La Misión internacional de observación internacional de DDHH y encargado de Relaciones Internacionales del Frente Patria Grande. Las y los pobladores, dijo, “reconocen que (Castillo) no hizo mucho”, pero que “se sienten identificados” con él y con la degradación que hicieron desde el inicio de su gestión desde los sectores de poder, así como cuando finalizaron su mandato de manera abrupta, en un proceso judicial irregular.
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Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió su cargo el 7 de diciembre cuando Castillo -previo a una moción de censura que debía votar el Parlamento- intentó disolver al Congreso, declaró el toque de queda y anunció elecciones parlamentarias para dentro de los 90 días. Horas más tarde, el cuerpo legislativo hizo caso omiso a la decisión presidencial y votó su vacancia. Lo destituyó, posesionó a la nueva mandataria, mientras la Fiscalía detuvo al profesor y campesino. En ese momento, en el surandino del país comenzaron las movilizaciones desde donde señalaron a Boluarte como “traidora”. La respuesta del estado fue instalar por decreto el “estado de emergencia” que aún perdura en varias zonas del país, así como el “estado de sitio” en Puno, justamente, una de las regiones visitadas por la Misión.
El dirigente político contó a este medio que es una “constante” por parte de la población la apelación a la historia colonial y de discriminación durante estos 500 años, así como de la historia de la república en Perú. Sobre esas zonas, históricamente relegadas, pobres, de mayoría campesina e indígena (aimaras y quechuas, principalmente), destacó una particularidad: “Son regiones muy ricas en recursos naturales sobre todo minerales”, marcó e indicó que en Puno hay uranio y litio; y en la zona de Ayacucho hay grandes recursos de oro y de plata. Esa característica no es menor: “Este año justo se vencen cerca de 30 licencias de explotación de megaminería en todas estas regiones que fueron negociadas y firmadas por el expresidente (que se dio un autogolpe, Alberto) Fuijimori y que Castillo preveía evaluar … no podían asegurarse la continuidad”, sostuvo. Allí, es donde más fuerte se desató la represión.
Las protestas crecieron desde el sur y llegaron a Lima. El estado de movilización, paro y bloqueos es constante al tiempo que la represión crece. Desde entonces, se pueden ver carteles en donde se lee “Dina, asesina, renuncia ya”, así como el resto de los reclamos: elecciones anticipadas y asamblea constituyente, para deshacerse de la de 1993 y escrita durante el autogolpe de Alberto Fujimori.
“Los medios de comunicación son abiertamente clasistas y racistas, hay periodistas que plantean que hay que matar a los manifestantes”, sostuvo Armua y afirmó que “es muy palpable la situación de discriminación”. En las imágenes que compartieron en sus redes se pueden ver personas postradas en sus camas con las heridas de bala que les supuran. “Todas las víctimas y heridos son de sectores populares, no quieren ir al hospital por miedo a que los detengan. Gente con heridas de bala, que tiene colgando girones de su cuerpo y se curan en sus casas porque si van al hospital los detienen”, contó.
El documento elaborado por la Misión será entregado a los gobiernos de la región, a los organismos internacionales y al papa Francisco. La intención es darle voz a las víctimas y sus familiares.
Los números estremecedores
La Misión llegó al país el 7 de febrero pasado y regresó el 14. Estuvo conformada por 19 personas que se dividieron en grupos para recabar los datos. Visitaron Lima (departamento y zona metropolitana), Puno, Apurimac, Ayacucho, Ica y Cusco y realizaorn 144 entrevistas. Las organizaciones de derechos humanos Liber Pueblo, Asociación por los Derechos Humanos (Apdh) y XUMEK; sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento Popular la Dignidad, organizaciones gremiales y de la sociedad civil como ATE, CTA- Autónoma, “concluyeron que era imperioso contribuir al resguardo de la vida, la verdad, la dignidad humana y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos”, indicaron en el documento.
Al cabo del trabajo realizado, concluyeron el "carácter de lesa humanidad de estos delitos", ya que configuran un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población civil; por lo tanto, se habilita en principio la posibilidad de apertura de instancias jurisdiccionales universales.
La misión pudo identificar, al menos, nueve tipos de delitos cometidos contra la población:
- Delitos contra la vida (homicidios)
- Delitos contra la integridad física (lesiones varias)
- Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)
- Delitos contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura)
- Delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta.
- Delitos contra la propiedad (daño)
- Delitos contra la libertad de tránsito
- Delitos contra la libertad de peticionar ante las autoridades
- Delitos contra la libertad de expresión
Las y los entrevistados son víctimas o familiares de las víctimas, que tienen entre 14 y 55 años. En su mayoría 6,9% tiene entre 14 y 18 años; 35,4% entre 19 y 30; 37,5% entre 31 y 45 años; y el 20,2% entre 46 y 55 años.
En 20,27% de los casos la persona se encontraba recuperada en el domicilio; el 19,58% está fallecida; el 16,78% está amenazada o bajo coacción; en el 16,78% la persona estaba herida en el domicilio; el 9,79% se encontraba en libertad después de una privación ilegítima; el 9,09% estaba privada de la libertad - en proceso penal y el 7,71% se encontraba hospitalizada.
En las ciudades, la juventud ocupó la primera línea del conflicto. Desde los barrios populares, las escuelas y Universidades al epicentro de las protestas.
Las masacres en Puno y Ayacucho
“Los líderes y lideresas sociales encarnan un objetivo perseguido por la represión”, sentencia el informe. La primera masacre se dio en Ayacucho, el 15 de diciembre: murieron seis personas y a ellas, más tarde se sumaron otras tres. Entre ellas, Cristofer, de 15 años, que volvía de trabajar. “El montaje de causas judiciales y la criminalización de dirigentes constituyeron dos instrumentos claramente persecutorios y disciplinadores, la Misión pudo comprobarlo en el mencionado caso de los/las dirigentes de Ayacucho”, aseguran.
La segunda masacre fue en Juliaca, Puno, el 9 de enero: fueron asesinadas 18 personas, en los cuerpos de 9 de ellas se constataron las heridas de armas de fuego. “La falta de un proceso judicial adecuado para identificar, juzgar y castigar a los responsables de la masacre de Juliaca refuerza aún más la necesidad de que los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos fijen posición y exijan al Estado peruano que se termine con este manto de impunidad”, sentencia el documento.
Sobre ese hecho, además, aseveraron que “se puede concluir además que el accionar de la policía nacional estaba también concretamente dirigido a matar”. Aquí, la decisión del Poder Judicial deja en evidencia la criminalización y la persecución a las víctimas: decidió que sean las “Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada” intervengan frente a los conflictos sociales en Juliaca, por lo que desplazaron a las Fiscalías de Derechos Humanos, por lo que “se aborda la protesta social como un acto criminal, no como un derecho constitucional consagrado también en los tratados internacionales de derechos humanos”.
La persecución a los líderes y lideresas políticas y sociales
Remo Candia Guevara era un líder campesino de Cusco. La conclusión sobre su asesinato es determinante: “Todo indica que se trata de un asesinato político, ya que los testimonios refieren que fue perseguido de entre la multitud para ser asesinado por las fuerzas policiales”.
El ataque a las mujeres
En la intervención ilegal con tanquetas de guerra a la Universidad de San Marcos, la más antigua de Latinoamérica, el 21 de enero, quedó plasmado el ataque hacia las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, pobres e indígenas. Allí, constata el documento, las organizaciones estudiantiles denunciaron abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad.
Observaciones generales
En general la Misión advirtió un “irracional uso de las figuras de emergencia”, indica el documento y aclara que esas formas son usadas como “base justificativa para vulnerar garantías constitucionales y judiciales”. Es que el estado de emergencia decretado, justamente, suspende las garantías constitucionales. “La pérdida de legitimidad de las instituciones es la consecuencia inmediata de haber actuado con mayor énfasis en garantizar la impunidad de los crímenes de Estado antes que la protección de los/as ciudadanos/as en el ejercicio libre de sus derechos”, sentenciaron.
Las conclusiones
Las conclusiones del informe son cinco. Todas señalan que “el Estado peruano debe ser investigado” por distintos motivos, todos recaen en el uso de la fuerza por parte, ya sea de la policía como de las Fuerzas Armadas o de ambas combinadas. A todos ellos, indicaron, les cabe la tipificación de “delitos de lesa humanidad”:
- A través de sus fuerzas armadas y de seguridad regulares habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo peruano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta;
- Por haber desplegado sobre la población civil indefensa, prácticas represivas abusivas, desproporcionadas e ilegales, utilizando para ello armamento sofisticado y letal;
- Por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente.
En base a la información recabada, a las historias escuchadas, el resultado de la lectura es sólo uno para la Misión: “El pueblo peruano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”.
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