En un hecho histórico, ex militares de Colombia reconocieron el asesinato de civiles

Colombia vivió un momento inédito en la búsqueda de verdad y justicia en lo que fueron los más de 50 años de conflicto armado entre el Estado y la principal guerrilla -las FARC-, al concluir esta semana la primera ronda de audiencias en la que ex militares reconocieron frente a las víctimas sus responsabilidades en el asesinato de civiles que hacían pasar como guerrilleros caídos en combate. Esta práctica, que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, funcionó principalmente durante el período 2002 y 2008, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y en el marco de lo que el entonces mandatario llamó “Política de Seguridad Democrática”. Esta política de Estado exigía no sólo a las Fuerzas Armadas sino también a la población colombiana mayor compromiso en desarmar la estructura guerrillera; en lo que hacía a las fuerzas militares, por ejemplo, se tradujo en otorgar “premios” ya sea plata, días de vacaciones, traslados y medallas a aquellos militares que entregaran guerrilleros 

La presión por obtener resultados y que Uribe pudiera celebrar ser el presidente que terminara con el conflicto armado en su país impulsó a que la práctica de los falsos positivos se extendiera por todo el territorio. Así lo denunciaron días atrás los ex militares que participaron de la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidades que organizó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano que se creó con el Acuerdo de Paz de 2016 y que está encargado de aplicar el sistema de justicia transicional a quienes participaron en el conflicto armado. 

"Había una presión de altos mandos que nos exigía dar resultados, había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los estábamos encontrando, pero había que dar el resultados”, explicó el ex militar Néstor Guillermo Gutiérrez, al comenzar su exposición ante una sala colmada de familiares de quienes fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Fue la primera vez que víctimas y victimarios se encontraron frente a frente para escuchar su versión de los hechos. 

"Es muy significativo que hayan llegado al sitio más emblemático donde ocurrieron los asesinatos y donde se destapó toda esta situación de las ejecuciones extrajudiciales. Tenerlos, ahí, cara a cara fue muy impresionante. Hay algunos que se muestran muy arrepentidos", contó en diálogo con El Destape, Jaqueline Castillo Peña, fundadora de la asociación Madres Falsos Positivos de Colombia.

El caso de Soacha

Jaqueline es hermana de Jaime Castillo Peña, una de las víctimas del "escándalo de Soacha", el caso de falsos positivos más importante de la historia reciente colombiana y el que permitió destapar toda la estructura de ejecuciones extrajudiciales que llevaban adelante las Fuerzas Armadas de ese país. El caso tuvo lugar en 2008 y lleva el nombre de Soacha -municipio próximo a Bogotá- porque todas las víctimas de ese caso pertenecían allí, un territorio que se pobló principalmente con campesinos desplazados de sus tierras por el conflicto armado.

La práctica -contó el ex militar en la audiencia- consistía en engañar a jóvenes desempleados y ofrecerles trabajos, como por ejemplo en la recolección de café en campos, a cambio de algo de dinero. Lo importante, además, era que los reclutadores fueran civiles para poder primero tender vínculos de amistad y que luego fuera más fácil ejecutar el plan. Algunas madres que estuvieron en las audiencias dijeron que conocían al civil que funcionaba de reclutador: "Era amigo de mi hijo", repuso Jaqueline sobre los dichos de una de las madres. En el caso de Soacha, el reclutador se llamaba Alexander Carretero y era cuñado de un militar que vivía en Ocaña, un municipio al norte de Colombia y casi limítrofe de Venezuela y donde se ejecutó la matanza de los jóvenes de Soacha.  

"Ni siquiera se los llevaron conscientes, los drogaban para llevarlos. Así que ellos llegaron a Ocaña casi sin saber nada y mucho menos sabiendo que iban a la muerte", explicó Jaqueline y contó que con sus hermanos habían quedado sin madre ni padre, que su hermano Jaime estaba sin trabajo y con dificultades económicas y que por eso pudo haber accedido a la "oferta" de trabajar en un campo.

Jaime desapareció el 10 de agosto de 2008 en Bogotá y la masacre de Soacha fue dos días después. Jaqueline estuvo varios meses buscando a su hermano hasta que una de las personas que tenía a cargo la denuncia por desaparición le sugirió que viajara hasta Ocaña porque las fechas coincidían con la supuesta baja de varios guerrilleros caídos en combate; Jaqueline desestimó la idea, negando que su hermano fuera combatiente de las FARC, hasta que, sin tener mayores avances, decidió ir. Una vez que llegó a la zona, un territorio casi exclusivo de campos, la guiaron hasta las tierras de un campesino y lo encontró: "Cuando llegué allá me sorprendí aún más, porque pensé que iba a encontrar a Jaime en un cementerio y resulta que lo encontré. Fue en una finca enterrado, en la finca de un señor, en una fosa común", relató a este portal Jaqueline y agregó: "Fueron tantos los muertos que en el cementerio ya no había espacio. En Medicina Legal, no tenían espacio en las neveras, entonces empezaron a rentar en terrenos en fincas de los señores de gente que vivía allá, que tenían terrenos muy grandes. Ahí el dueño de una de las fincas nos contó cómo el ejército llegaba con los cuerpos y los tiraban desde helicópteros". 

Un camino hacia la verdad sobre los crímenes de Estado

Las audiencias por el reconocimiento de las responsabilidades en los casos de falsos positivos, que concluyeron días atrás, lograron sentar a diez oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y al civil que ocupó el rol de reclutador frente a los familiares de las víctimas. Los diez asumieron responsabilidades en más de 120 asesinatos durante el 2007 y 2008, aunque durante todo el período que funcionó esta práctica criminal (2002-2008) la JEP estimó que al menos 6.402 civiles fueron asesinados. Que se haya podido llegar a esa instancia responde a que estos ex militares pidieron acogerse al régimen de la JEP que estipula un "enfoque restaurativo" para aquellos que quieran aportar a la construcción de verdad sobre los hechos más oscuros del conflicto armado.      

A partir de estas audiencias, la JEP tiene que evaluar si los reconocimientos que se hicieron fueron genuinos, libres y exhaustivos para luego presentar las conclusiones preliminares y ofrecer sugerencias respecto de las sanciones que se le aplicarían a los ex militares. La particularidad que tiene este régimen de "enfoque restaurativo" es que las penas no son de prisión sino que se aplica una figura que se llama "sanciones propias" y que deberán ser consensuadas mediante un acuerdo entre víctimas y responsables. Las principales conclusiones estarían para mediados de julio. 

"Aquí no hay ninguna pena de prisión", dijo Jaqueline al ser consultada por el mecanismo de justicia que se aplica para estos casos y que fue negociado en el Acuerdo de Paz. "La situación era que si ellos se acogían a contar la verdad, el beneficio es que le otorgaban la libertad. De hecho, varios de ellos ya estaban condenados y una vez que hicieron su sometimiento ante la JEP quedaron libres", relató la fundadora de Madres de Soacha y opinó que le pareció un poco "prematuro" que los responsables quedaran en libertad antes de que el organismo de justicia confirmara que "realmente aportaron a la verdad plena".

"Las cosas ya están hechas igual", siguió rápido Jaqueline como tratando de dejar lado el poco entusiasmo con ese punto y puso sus fichas en el proceso de reconciliación: "Creo que tenemos que estar preparados para una reconciliación, para este momento de poder estar frente a frente y poder buscar que se vuelva a repetir. Y como lo dijo una de las mamitas ahí: 'pues si Dios perdonó a quien lo entregó, ¿por qué nosotras no podemos perdonar? ¿Y cómo no nos podemos reconciliar?" 

La presión de los altos mandos 

Si bien alguno de los diez comparecientes habló de las presiones que recibían de los altos mandos por "tener resultados" en la lucha contra la guerrilla lo cierto es que nadie se atrevió a llamar por el nombre propio a quienes ejercían esa presión. "Hubo algunas menciones por ejemplo a Carlos Saavdedra Saenz, que era superior jerárquico de la División Segunda, y a Mario Montoya, que fue comandante del Ejército entre 2006 y 2009", dijo a El Destape, Sebastián Escobar, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, una de las organizaciones de derechos humanos que se presentaron como litigantes en esta audiencia. Quien seguía en escala directamente después de Montoya era Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia y entonces ministro de Defensa, y, un eslabón más arriba, el presidente Uribe. 

"Creo que hay una narrativa que ha tratado de salvaguardar institucionalmente el Ejército y tratar de presentarlo como si fuera un asunto de algunas manzanas podridas. Entonces, claro, las narrativas se están concentrando en determinados sectores como por ejemplo Montoya. Pero la pregunta es ¿esto era solamente responsabilidad de Montoya?", reflexionó Escobar.

Para Jaqueline, por su parte, el hecho de que nadie apuntara más arriba que Montoya responde a que los ex militares todavía están bajo presión y condicionados en lo que pueden y no pueden contar. "Pienso, de todas maneras, que todo este trabajo que hizo la JEP y la Comisión de la Verdad sirvió para poder entender un poco todo lo que pasó y toda la presión a la cual ellos también y todavía están expuestos", concluyó.