En un hecho sin precedentes este martes diez militares y un civil, responsables de lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, reconocieron ante las víctimas haber participado en más de 120 casos en el Catatumbo (región norte del país) durante los años 2007 y 2008, bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. La de hoy fue la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano creado a partir del acuerdo de paz que las FARC firmaron con el gobierno colombiano en 2016.
"Falsos Positivos" es el nombre con el que la prensa de Colombia llamó al involucramiento de miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno. "Había una presión de altos mandos que nos exigía dar resultados -comenzó explicado el militar Néstor Guillermo Gutiérrez- había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado”, dijo el ex militar. Gutiérrez apuntó precisamente a las presiones que recibía de los altos mandos, que respondían al presidente Uribe, para que confirmaran que el operativo para "terminar con la guerrilla de las FARC" estaba funcionando.
En un intento de mostrar cómo solían funcionar los operativos, Gutiérrez explicó que cuando llegó a la región del Catatumbo, en febrero de 2007, le asignaron hacer inteligencia militar. Según recuperó El Espectador, Guitiérrez ubicó un burdel y se contactó con la administradora del lugar para que le suministrara información sobre supuestos colaboradores de la guerrilla, “pero en realidad no lo eran”, explicó. Con la información que le suministraba ella, elaboró una lista de unos 15 nombres de quienes se convertirían en las próximas víctimas. Además, contó que tenía relación con un grupo paramilitar de Aguachica (Cesar), que le suministraba las armas que les pondrían luego a las personas asesinadas.
“En el Catatumbo se llevó a cabo un fenómeno criminal para 2007 y 2008. Y no fue únicamente en esta época, esto fue una política que se tenía dentro de las filas", siguió Gutiérrez en su exposición, ante la escucha atenta de familiares de víctimas. "Señora Sandra, se lo digo hoy, su hermano era un campesino que se levantaba a las cinco de la mañana y trabajaba hasta las cinco de la tarde. El pecado de este campesino fue ir con un dolor de muela a buscar que se la sacaran en el pueblo. Ya María Eugenia Ballena (administradora del burdel) lo había incluido en la lista”, le habló directo a Sandra, hermana del campesino Javier Peñuela, que fue asesinado por orden de Gutiérrez.
Cuando la administradora del burdel le avisó al cabo Gutiérrez que Javier Peñuela había bajado al pueblo, él le avisó a otra patrulla del Ejército y de inmediato fueron a sacarlo de la tienda en la que estaba y se lo llevaron para asesinarlo. “Ya había un fusil, había planeamiento”, aseguró.
“Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá llevándolos con mentiras, con engaños. Les disparamos cruelmente, cobardemente, y manchamos su nombre y el de su familia. Dejamos a unos hijos sin padre, a una madre sin hijos. Pido perdón a Dios. Hicimos un teatro para mostrar supuestos combates”, reconoció Gutiérrez.
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