Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la política migratoria del presidente Joe Biden, la cual permite a las autoridades denegar asilo a quienes llegan a la frontera de forma ilegal, revelaron hoy documentos judiciales.
El Ejecutivo dispone de 14 días para apelar la sentencia, dictada por el magistrado del Distrito del Norte de California Jon Tigar, que anula la política anunciada en mayo pasado tras el fin de la norma conocida como Título 42, por la que los inmigrantes no pueden solicitar asilo si entraron en forma ilegal y no utilizaron la legislación vigente.
La norma llamada Título 42 permitió a Estados Unidos expulsar a millones de personas desde 2020 bajo el gobierno del presidente republicano Donald Trump con el argumento de prevenir la transmisión del coronavirus.
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El magistrado falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechazan la nueva medida al considerar que viola las leyes de asilo del país.
Según los documentos judiciales que trascendieron, los demandantes son grupos de izquierda que representan y ayudan a solicitantes de asilo.
Argumentan que la norma no es válida en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), ya que afirman que es ilegal, arbitraria y se promulgó sin la oportunidad adecuada de recibir comentarios públicos.
Tigar, que fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama (2009-17), bloqueó la norma basándose en que sus procedimientos de notificación son insuficientes en virtud de la APA, que determina cómo las leyes son promulgadas por las agencias federales y requiere ciertos períodos de notificación y comentarios.
El juez consideró que el periodo de notificación de 30 días que el Gobierno había aprobado inicialmente era insuficiente, considerando la complejidad de la norma, según la agencia de noticias AFP.
"La complejidad de la norma sugiere que 30 días no es razonable, sobre todo porque las agencias se estaban preparando para el final del Título 42 mucho antes de que se anunciara, de modo que podrían haber emitido el aviso con tiempo suficiente para conceder un período de comentarios más largo y aun así haber tenido la norma en vigor cuando expiró el Título 42", escribió Tigar en el fallo.
Es probable que la sentencia tenga importantes repercusiones en la frontera entre Estados Unidos y México, donde las tensiones entre el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, uno de los más reacios a recibir inmigrantes, y el gobierno de Biden se agudizaron a causa de las barreras flotantes que instaló en un intento de frenar los cruces ilegales.
Se da por descontado que el Departamento de Justicia recurrirá la sentencia.
El fallo se produjo horas después de que el gobierno presentara una demanda judicial contra el estado de Texas ante la negativa de Abbott a retirar la barrera de boyas instalada en del río Bravo, en la frontera con México, para intentar evitar el cruce de inmigrantes.
El Departamento de Justicia solicitó una orden judicial que prohíba a Texas la instalación de barreras adicionales en el río y obligue a las autoridades estatales a retirar las ya instaladas, con los costos que pueda conllevar.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Occidental de Texas alegando "incumplimiento de la Ley de Uso Indebido de Ríos y Puertos al construir una estructura en un río navegable sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra".
Agregó que la barrera de boyas, objetada hoy en duros términos por el presidente mexicano, Andrés López Obrador, "supone una obstrucción no autorizada de la navegabilidad de las aguas de Estados Unidos".
"Alegamos que Texas ha incumplido la legislación federal al instalar una barrera en el río Grande (río Bravo) sin la autorización federal necesaria", explicó la abogada Vanita Gupta en un comunicado oficial.
"La barrera flotante supone una amenaza para la navegación y para la seguridad pública e implicaciones a nivel humanitario; además, su presencia provocó la protesta diplomática de México y podría perjudicar la política exterior de Estados Unidos", expuso.
El Departamento de Justicia dio plazo a Texas hasta hoy para retirar la barrera. Sin embargo, Abbot se negó a cumplir el ultimátum al argumentar una "invasión" de inmigrantes.
"Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para afrontar la crisis que ha causado; Texas dirimirá esto en los tribunales, señor presidente", sentenció Abbott en una carta remitida a Biden, a quien acusó de incumplir el artículo 4 de la Constitución, que indica que el gobierno federal "debe proteger a los estados frente a una invasión".
Abbott reprochó a Biden que "la política de fronteras abiertas anima a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua en lugar de hacerlo de forma segura y legal".
Y recordó que la ONU designó la frontera terrestre entre Estados Unidos y México como "la más mortífera" del mundo, con 728 muertes en 2021.
La crisis por la masiva llegada a migrantes a Estados Unidos en los últimos años ha repercutido en otros estados diferentes a los sureños, que están en la primera línea por tener frontera con México.
En meses recientes, estados liderados por los republicanos, como Texas, trasladaron a migrantes a estados gobernados por los demócratas para así protestar contra las políticas migratorias impulsadas por Biden.
El viernes último, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que la ciudad "no tiene más espacio" para migrantes y que por lo tanto implementaría un reparto de folletos en la frontera estadounidense con México para animarlos a dirigirse a otras zonas del país.
Con información de Télam
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