La mega devaluación de diciembre desencadenó una redefinición de precios relativos con el encarecimiento de bienes básicos para la mesa argentina. A esto se sumó el impacto de la desregulación y liberación total de precios dispuesta por decreto por el gobierno nacional, todo lo que derivó en una situación acuciante para el bolsillo de las y los trabajadores. En este escenario los precios de los servicios vienen empujando, especialmente en los últimos meses, el proceso inflacionario, con el fuerte golpe del aumento tarifario dispuesto por el gobierno nacional al punto de que la canasta básica de servicios ya representa más del 10% de un salario promedio, agravándose el peso en el caso de los ingresos informales, y haciendo que cada vez menos familias lleguen a cubrir esos gastos.
Así las cosas, desde febrero en adelante el gasto en vivienda, servicios públicos y combustibles se ubicó por encima del IPC general, y aún por encima de otros ítems que con aumentos importantes, como el transporte. “Los ingresos, cada vez más deteriorados, se han destinado de manera creciente a sostener el consumo de bienes y servicios. El gasto de los hogares en servicios públicos, transporte, vivienda o alimentos, ocupa proporciones cada vez más importantes del ingreso del hogar”, indicó un informe reciente del centro OCIPEx que destacó a su vez que “esto supone un problema para los sectores de la población que más han visto afectados sus ingresos al calor del aumento inflacionario, ya que mientras los hogares pueden reducir o resignar el consumo de bienes, algunos servicios son un gasto rígido de las familias”.
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Al respecto, la política económica recesiva de Milei ha tenido un impacto negativo sobre el consumo privado durante el primer semestre de 2024: mientras el primer trimestre registró una caída interanual del -6,6%, durante el segundo el desplome alcanzó el -9,8%. De acuerdo con el mismo informe, “esto también ha afectado el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo los lácteos y las carnes, que registran mínimos históricos”, a la vez que “deja como resultado el peor registro de pobreza e indigencia en 20 años: 52,9% y 18,1%, en cada caso”.
Todo esto en una coyuntura donde, a aprecios de junio de 2024, cada salario percibía unos $75.000 pesos menos que a fines de 2023. Si se lo compara con junio de 2023 escala a $190.300 menos. Esto se vincula directamente con un fenómeno que viene sosteniéndose, al menos, desde los últimos años de la gestión anterior, el de trabajadores registrados pobres, con ingresos pulverizados que no llegan a cubrir la canasta de bienes y servicios esencial, panorama que se agravó con el gobierno libertario.
Más gastos, menos ingresos
A la espera del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de septiembre que difundirá este jueves el INDEC, las expectativas del mercado (REM-BCRA) anticipan que la inflación se ubicaría en torno al 3,5% en el mes, y finalizaría el año en torno al 123,6% interanual. Sobre ello, un informe del centro Ocipex puso el ojo en el incremento del peso de los servicios en el gasto de las familias. En detalle, advierten que “en los últimos meses, el IPC de servicios ha sido el que ha empujado la inflación, en un marco de reacomodamiento de los precios relativos”. Esto incluye el aumento de tarifas que, recordaron, “es uno de los requisitos del FMI en el marco del actual acuerdo”.
Al respecto, el centro económico destacó que “la capacidad de la población para adquirir bienes y servicios se ha visto afectada por la evolución de los precios. Mientras que los bienes han ido incrementando sus precios por debajo del nivel general inflacionario, los servicios se han posicionado desde febrero en adelante de manera sistemática por encima del IPC general, a niveles que han llegado a duplicar a este último en abril de 2024”.
Esta situación supone un problema para los sectores de la población que más han visto afectados sus ingresos por el impacto del proceso inflacionario. “Mientras se puede desplazar el consumo de bienes, pasando de primeras marcas a segundas, o de estas a terceras, o modificando hábitos de consumo como puede ser dejar de consumir carnes rojas o frutas y verduras para consumir otros tipos de carnes o alimentos más baratos o simplemente dejar de consumir algún tipo de producto, algunos servicios se convierten en un gasto rígido de los hogares, en la medida en que el reducir el gasto en alquiler o en internet no puede ser tan fácil, mientras que algunos servicios (cómo el agua, el gas o la electricidad) no permiten que un hogar desplace sus gastos”, explicaron desde OCIPEx.
En detalle, si se observa desde febrero en adelante que el gasto en vivienda, servicios públicos y combustibles se ubicó por encima del IPC general, aún por encima de otros ítems con importantes aumentos, como el transporte. Por su parte, el aumento de alimentos y bebidas se ha situado cercano o levemente inferior al IPC general.
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“Milei logró una victoria en las elecciones presidenciales prometiendo combatir la inflación y que los costos del ajuste no lo pagarían los argentinos. Apenas asumido el gobierno dispuso una importante devaluación del tipo de cambio que afectó tanto a la actividad económica como a la capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones al acelerar el nivel inflacionario a 25% mensual sólo para diciembre. Si a eso añadimos que en el reacomodamiento de precios relativos, además del aumento del precio del tipo de cambio y de tarifas, se toma la decisión política de establecer techos a las paritarias, recortar el gasto en jubilaciones —con una mínima que no llega a recuperar los niveles de diciembre del año pasado— y mantener bonos congelados desde inicio de año, se puede observar qué responsabilidad tiene el gobierno en el empobrecimiento de los argentinos” evaluaron desde el centro económico.
En el mismo sentido consideraron que “el deterioro del poder adquisitivo del salario se hizo más evidente entre diciembre y marzo, meses en los que el mismo tocó piso” y “pese a la leve recuperación registrada en mayo y junio los impactos en términos de pobreza son importantes”. Se suma en ese sentido el deterioro del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que perdió toda referencia como ingreso básico para cubrir las necesidades esenciales de vida (apenas se ubica en 270.000 pesos cuando la canasta básica total para una persona supera los 304.000 pesos).
Crisis de consumo y actividad
La política económica recesiva del actual gobierno nacional tiene un impacto directo en el consumo privado: mientras el primer trimestre registró una caída interanual del 6,6%, durante el segundo el desplome alcanzó el 9,8%.
La recesión actual, crisis de producción y empleo y deterioro de los ingresos de los hogares argentinos, “han tenido un efecto brutal sobre el consumo privado, que ha encadenado tres trimestres de caídas de manera consecutiva” agregó el informe del OCIPEx, detsacando que “como aproximadamente dos terceras partes de la demanda agregada de la economía corresponden al consumo, el importante el efecto que tiene la variación de los ingresos sobre el mismo y sobre la actividad”.
En lo cotidiano, “se observan consecuencias en el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo los lácteos y las carnes. Esto había sido advertido por sus consecuencias sobre la población más vulnerable, particularmente los menores de edad” alertaron y resaltaron como ejemplo que “para mediados de año el consumo de carne tocó en mínimos históricos. A agosto de 2024, las estimaciones de consumo de carne por persona se sitúan en el peor nivel en 20 años, un 10,1% por debajo del consumo registrado durante el año 2023”. De esa manera se subrayó que “el modelo económico también tiene un sesgo regresivo en las mesas de los argentinos, afectando directamente la alimentación de la población argentina”.
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