Finalmente se conoció el proyecto de acuerdo con el FMI para evitar un atraso en los pagos con el organismo que la alianza Cambiemos reintrodujo al país en 2018. Uno de los aspectos más relevantes, es que se puso una cifra aproximada, esto es el 0,6 por ciento del PBI, a la reducción de los subsidios energéticos, mediante lo cual el gobierno planea reducir el déficit fiscal a 2,5 por ciento del PBI en 2022. La cuestión energética pareciera de hecho ser central en el proyecto de acuerdo para reducción del déficit, pues en el mismo se deja claro que no se llevará adelante una reforma previsional que profundice la reducción de las jubilaciones, las cuales fueron ajustadas en un 20 por ciento durante el gobierno de la alianza Cambiemos y no recuperaron terreno durante los últimos dos años.
Descartado así un ajuste sobre el ítem Seguridad Social, que engloba a las jubilaciones y pensiones y representó la mayor parte del gasto publico del 2021 con el 41 por ciento del mismo, el gobierno proyecta en el acuerdo reducir el déficit fiscal focalizando su ahorro en el segundo ítem de mayor gasto, los subsidios energéticos, que se llevaron un 11 del gasto total, es decir una cifra cercana al déficit fiscal total del país. Sucede que los 11.000 millones de dólares que aportó el estado para subsidiar las tarifas energéticas, significó un 2,4 por ciento del PBI 2021 (el total de la riqueza producida por el país ese año), mientras que el déficit fiscal se situó en 3 puntos.
Específicamente, el proyecto enviado al Congreso plantea que “a fin de liberar recursos para prioridades de gasto más importantes, el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6 por ciento del PIB en 2022”, para luego aclarar que “como pilar principal de esta estrategia, eliminaremos los subsidios a los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago”, a lo que se agregarían aumentos tarifarios menores al incremento salarial para los restantes consumidores.
Sin embargo incluso de lograrse dicho ahorro por medio de la segmentación de usuarios, en donde el 10 por ciento de mayor poder adquisitivo abonaría la tarifa completa, la clase media pagaría el 80 por ciento del promedio de su aumento salarial de 2022, y los beneficiarios de tarifa social un 40 por ciento de los aumentos salariales promedio, el mismo sería neutralizado por la suba internacional en el precio del Gas Natural Licuado (GNL) que la Argentina importa para suplir parte de la demanda energética. Esto es así porque de acuerdo al proyecto de ley de entendimiento con el FMI que debe aprobar el Congreso, el gobierno plantea que las nuevas medidas permitirían ahorrar subsidios energéticos por alrededor de 2.500 millones de dólares, pero el proyecto, redactado antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania, no preveía que el precio del GNL pasaría de un precio promedio de 8,4 dólares por millón de BTU a los 60 dólares con los que cerró el día viernes.
Si se tiene en cuenta que el año pasado el país importó 56 buques con este componente, fuentes de la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) señalan que en lugar de los 1.100 millones de dólares que el gobierno abonó el año pasado, durante el 2022 las erogaciones serían por 4.000 millones. Es decir, prácticamente la totalidad del ahorro por las segmentaciones, para el caso de que se logre implementar de modo efectivo la anunciada estratificación, que el Estado jamás pudo llevar adelante desde hace por lo menos una década, cuando comenzó a hablarse de los subsidios a la calefacción de las piscinas de Nordelta.
Panorama eléctrico
De sostenerse el actual contexto, solo un vigoroso crecimiento mayor al 4 por ciento proyectado permitiría sostener al gobierno cumplir con otro de los mayores compromisos acordados, como lo es que el déficit fiscal se reduzca al 2,5 por ciento del PBI, es decir aproximadamente 4.200 millones de dólares o 1 punto porcentual del PBI menos del que hubiera existido en 2021 si no se contase el aporte extraordinario a la riqueza, que el gobierno no decidió volver a implementar para el año en curso.
El problema para esto, es que la suba de los alimentos por el alza global de las materias primas, y del precio de las tarifas, impactará en el consumo interno, el cual explica el 70 por ciento del PBI, más allá de que se engrosará en parte la recaudación derivada de las retenciones..
Las otras dos alternativas, serían el incumplimiento en la reducción del déficit o un mayor ajuste en las cuentas públicas o en las mismas tarifas.
De hecho, el texto enviado al Congreso aclara que “existen incertidumbres importantes y riesgos alrededor de este escenario teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y la evolución de los precios de energía a nivel mundial”, con lo que “nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”. En este sentido, el acuerdo señala, por un lado, que “durante este año y el 2023, no se contemplan revisiones tarifarias adicionales para aquellos usuarios residenciales con subsidios”, pero al mismo tiempo aclara que esto sería así “si se implementa exitosamente el esquema de segmentación”.
Incluso, sostiene que para septiembre de este año, se debería elaborar y publicar un “plan a mediano plazo, con asistencia técnica y financiera de socios internacionales, para reducir más los subsidios a la energía”, aunque asegurando “el acceso de los hogares más vulnerables”, los cuales de todas formas no detallan ni en porcentajes ni en proyecciones, dejando espacio para decisiones arbitrarias.
Así, con más interrogantes que certezas, el gobierno se encamina a firmar el postergado acuerdo, que en cualquier caso y de ser avalado por el Congreso, evitará el temido atraso con el FMI, luego del compromiso de la alianza Cambiemos de abonarle a este organismo, durante el presente año, 19.000 millones dólares, es decir, cerca de un 25 por ciento más de la totalidad de los dólares a los que pudo acceder el país por el saldo de su comercio internacional durante todo el 2021.
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