Según datos del CELS, entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires por sus parejas o ex parejas policías. De ellas, 17 también eran funcionarias de seguridad. En el último año y sólo en el AMBA, registraron siete casos de femicidios policiales. Actualmente, los registros oficiales indican que hay aproximadamente 800 restricciones de armamento para las cuatro fuerzas federales sobre un total de 90 mil efectivos. Se trata de personas que cuentan con denuncias por violencia de género y representan un riesgo alto para sus parejas.
Los femicidios cometidos por los funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional, indica el CELS. El organismo resalta que la portación del arma reglamentaria – todos los días a toda hora -, pone en riesgo a quienes conviven con efectivos de las fuerzas porque “en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar”. Además, como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, hay encubrimiento de las muertes perpetradas por miembros de seguridad. Es que son los que controlan los primeros momentos de la escena del hecho pudiendo falsear lo ocurrido o manipular la escena, apunta el CELS.
A partir de la gestión de Nilda Garré, el Ministerio de Seguridad realiza un tratamiento sobre las situaciones de violencia de género y si bien Patricia Bullrich no deshizo esas políticas, tampoco las profundizó y la conducción de Sabina Frederic volvió a darle impulso. Hay registros de casos intrafuerza (o sea, dentro de la fuerza de seguridad nacional), pero también de casos externos. Para ello manejan, según explican a El Destape, denuncias que llegan directo al ministerio, de forma administrativa, y las que informan las fuerzas porque ya están judicializadas.
Una de las políticas más fuertes fue la institucionalización del quite del arma reglamentaria ante denuncias por violencia de género. Esto puede ser para quienes están acusados en el ámbito judicial o administrativo. Sabrina Calandron, subsecretaria de Bienestar, Derechos y Género del Ministerio de Seguridad, explica a El Destape que pueden hacer un seguimiento de ese arma porque fue cedida por el Estado, está registrado quién la tiene y dónde, por lo tanto, dice, la responsabilidad es doble. En paralelo, también consultan a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para saber si tiene otras registradas de forma personal para informarle a la Justicia y a la fuerza con el objetivo de quitársela.
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Actualmente hay alrededor de 800 restricciones de armamento para las cuatro fuerzas federales sobre un total de 90 mil efectivos, explica Calandron. “Hay muchos casos donde el riesgo es alto por eso se aplica la restricción, pero seguramente hay otras que quedan por afuera y prefiero que sean muchas y no pocas porque habla de que las herramientas están funcionando”, agrega.
La funcionaria detalla que en “la mayoría (de los casos), son las mujeres las que denuncian a varones y en algunos casos las dos partes son de las fuerzas”. Ante esta situación, “se hace un acompañamiento a la persona y otro en términos judiciales, para saber en qué instancia está la causa o si se tienen que tomar decisiones en el ámbito administrativo”, además de una articulación entre la “Dirección Nacional de Política de Género con los Centros Integrales de Políticas de Género que existen hace diez años en cada una de las fuerzas”. De todos modos, también analizan que el gran escollo es el Poder Judicial y el avance de las causas.
El testimonio de Karina
El de Karina Gonella fue un caso emblemático de la violencia de género perpetrada por efectivos de las fuerzas de seguridad, en este caso de Gendarmería. La historia empezó en 2012, siguió con un padecimiento constante y culminó con una denuncia en 2015 sin respuestas satisfactorias y falta de acompañamiento. Hoy ella dice, “espero que esto cambie y que no nos sigan matando”. El deseo de todas.
Karina le cuenta a El Destape cómo fue su vida junto a Pablo Sebastián Sepulveda, Comandante Principal de Gendarmería Nacional. Se conocieron en el 2012, los presentó una compañera de trabajo de ella y la conquista no fue inmediata, “le costó”. Lo hizo con gestos que al principio parecían amorosos, de una persona súper atenta pero, tiempo después, ella se dio cuenta de que en realidad se trataba de un control extremo.
“Ellos hacen un trabajo muy fino, se muestran como el príncipe azul. En mi familia lo amaban todos. Me iba a buscar al trabajo – control -, si tenía que viajar me llamaba cuando subía y bajaba del colectivo, estaba muy atento de mi mamá. Con mi hijo, '¿qué querés hacer? Vamos para acá, vamos para allá', le decía. Me llevaba flores, me llevaba a comer”, cuenta Karina sobre el inicio de la relación.
Con esos gestos, ella se fue enamorando y pese a tener “un carácter fuerte”, como plantea que todos le decían, el trabajo de Sepúlveda fue de hormiga y ella remarca que no se daba cuenta de lo que sucedía, eran cosas muy chicas que se fueron acumulando. El calvario empezó a los meses de comenzar a salir, en 2013. Estaban de viaje, se iban de vacaciones pero él se bajó del auto y se puso un arma en la cabeza: “Si vos me dejás, yo me mato”. Karina se volvió con su hijo a su casa.
Pero la relación siguió con violencia psicológica y económica. Algo tan simple como “no trabajés, hagamos nuestro propio proyecto” terminó siendo un mecanismo para aislarla. De hecho, cuenta, se fueron a vivir juntos a un country alejados de todo. Ahí le empezó a pegar y la situación era muy difícil. Una vez ella tuvo “un episodio” con Sepúlveda pero cuando llegó la policía él se presentó y ella quedó “chiquita”. Dejaron de darle atención y se centraron en saludar al gendarme.
“Un día me hizo un quilombo en un supermercado. Fuimos a comprar y un tipo de la caja de al lado, según él, me estaba mirando. Él estaba con la mujer y (Sepúlveda) le preguntó '¿qué la mirás?'. A mí me insultaba todo el tiempo, 'puta' era el común denominador. '¿Con quién estás cogiendo?', me decía si no atendía el teléfono. Cuando se desencadena todo, no podés salir porque te mete en un círculo dónde sólo ves a dos metros”. “Me zamarreaba todos los días, me agarraba de los pelos. No podía usar escote en V”, dice y recuerda que un día casi le volteó una puerta. “Te destroza hasta el final, de ahí es como un volver a nacer”, reflexiona.
La situación era tan complicada que ella había dejado de reconocerse en el espejo, hasta se había olvidado de cómo maquillarse pese a haber hecho cursos de chica. Algo que pudo ir recuperando con el paso del tiempo, años después de la denuncia y de haber abandonado esa casa. El momento cúlmine fue con un robo: “Me entraron a robar y ahí termino haciendo la denuncia porque me dijo 'chorra, hija de puta' y yo me había entrado a bañar”. O sea, él la había acusado de armar el atraco. Cuando los ladrones entraron a su domicilio “lo llamé por teléfono, él vino, me dijo que lo armé yo, y me pegó. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, yo ya tenía la cabeza rota porque me habían pegado un culatazo”, pero la volvió a agredir.
Después de ese episodio, “me fui a la casa de una amiga, me tuvieron que prestar ropa, cargador de celular”. Hizo la denuncia por violencia y después de una semana pudo ir a buscar su ropa con acompañamiento de la policía. “No cambió nada hasta ahora, aparte de que te cagan a palos, te arruinan la vida, te siguen castigando del otro lado”, sostiene Karina.
Su cuñada, hermana del gendarme, ya le había dicho que el hombre tenía denuncias por violencia de género previas pero seguía en la calle y seguía trabajando en la fuerza. En la denuncia, no la atendieron como corresponde y la trataron como “loca": “Le sacaron el arma pero solo un tiempo, después pudo hacer su carrera. Además él tiene como otras diez armas personales". También le dieron la perimetral, el botón antipánico para CABA y provincia y, si bien en algunos momentos hubo un hombre sospechoso merodeando su casa y la de su mamá con un arma, él no se volvió a acercar y el último contacto fue una visita suya el perfil de LinkedIn de ella.
“Ya no me jode hablar de esto, hoy lo puedo mirar desde afuera, ponerme como espectador y decir 'por Dios', y le doy gracias a mi familia, a mis amigos, a mi entorno de trabajo por estar, porque sola no hubiera podido. Volví a ser yo después de mucho tiempo. Antes no me podía mirar al espejo porque no me reconocía, sentís que la persona que está en ese espejo no sos vos”, grafica.
“No tenés las posibilidades y lucidez para salir de ese círculo vicioso. Si alguien no te extiende una mano y te saca, es imposible porque todo lo tenés en contra”, dice Karina y denuncia que en las fuerzas “tapan todo, todo. Si te toca alguien (violento) de la fuerza, mejor que te vayas. Andate como estás, como me fui yo. Perdé todo y andate”, recomienda pero también reconoce que no todas tienen un grupo de amigos y familiares que las puedan contener, un lugar donde ir o hijos grandes, como los que tenía ella en ese momento, para contener. “Espero que esto cambie y que no nos sigan matando”, pide.
Las políticas
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que la clave es prevenir. Por eso, iniciaron diferentes tipos de capacitaciones y se fortalecieron los centros integrales de género. Las fuerzas federales están en todo el territorio nacional, por lo tanto la realidades son muy diferentes, por eso también robustecieron "la red de referentes de género que conocen las herramientas y están en cada unidad de las fuerzas en territorio. Para ellos se generó una capacitación, el año pasado la hicieron casi 800 personas y tuvo un alcance importante”.
En paralelo, están avanzando en la Ley Micaela. Hasta ahora se hicieron pocas capacitaciones y se discute la calidad de las mismas. Por eso, comenzaron a trabajar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades para adecuarlas a la realidad heterogénea de las fuerzas. “Hay que dejar de pensar en un policía como modelo único y hay personas muy comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y otras que no. La mayor parte de las personas que van muestran mucho interés y compromiso”, explica Sabrina Calandron, subsecretaria de Bienestar, Derechos y Género del Ministerio de Seguridad.
Además, avanzan con “espacios de masculinidades, que no existían. Se hicieron a principio de año en articulación con las fuerzas provinciales. El primero fue Salta y estuvo pensado para el personal de ambas fuerzas (federales y locales)” y luego siguieron con un formador de formadores de masculinidades para replicar el curso. El primero fue obligatorio para quienes tuviesen algún tipo de denuncia y después se abrió a todo el personal.
También “se hizo otra capacitación muy grande en toma de denuncias, pensado para personal que efectivamente lo hace en dependencias policiales de las provincias” para poder dar una respuesta óptima a las mujeres que se acercan a buscar una solución ante una situación de violencia. En el 2020 se realizó en 11 provincias y este año lo completarán con las 13 restantes.
Finalmente, destaca la “creación del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. “Se empezó con la convocatoria y el funcionamiento efectivo en Tucumán y en unos días va a ser en Chaco. Convoca a diferentes actores del Ministerio de Justicia, Seguridad, de Mujeres de cada provincia y se trabajan líneas generales pero también se ponen a disposición las otras herramientas. Muchas de las políticas que se imaginan de Nación se adecuan a cada jurisdicción”. Algo así como acomodar las herramientas globales a una realidad particular.
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