Las historias de los trabajadores que sufrieron privatizaciones en los 90 y su advertencia: "Tengan memoria"

“Le ruego a la gente que tenga memoria: las privatizaciones no son buenas”, dice conmovida Olga Véliz, ex empleada de la empresa Agua y Energía (AyE) de Tucumán. Se refiere al proceso de privatización de la década del 90 en la Argentina que la marcó, como a miles de personas, y la lleva a seguir luchando. También, a evitar que la historia se repita, en la antesala de las elecciones 2023 donde candidatos de la oposición hacen de las privatizaciones sus principales banderas. 

“Cuando estaba por cumplir los 20 años en la empresa, en la década del 90, a Carlos Menem se le da por privatizar las empresas del Estado", cuenta Olga y recuerda ese proceso como “un tremendo daño”. Para ella, como en otros tantos casos, el trabajo era parte de la organización de su vida. Con las privatizaciones cambió todo: “de allí vino nuestro peregrinar, quedamos sin trabajo, no le servíamos a la empresa porque la nueva empresa privada tomaba gente joven por lo que nos tenían que pagar, porque teníamos un convenio de trabajo. Éramos muy caros a los nuevos dueños, en ese momento los chilenos. Por cada uno que nos corrían, tomaban cuatro o cinco, gente de 18/20 años. Así nos fueron cambiando. Primero fue masiva: corrieron a 80 de un solo plumazo. Dolió muchísimo porque Agua y Energía era una familia unida. Pasábamos muchas horas juntas y juntos. Todo eso se terminó y nos pagaron una indemnización que se nos fue de las manos como agua entre los dedos”. Esa es la historia de Olga, quien pide que nadie olvide a la hora de votar: “todo el proceso de la privatización me afectó y nos afectó a todos, muchísimo. Caló muy dentro de nuestro ser. Muchos se enfermaron, cayeron en depresión, hasta sé de gente que se suicidó”, recuerda.

Hace un pedido especial para las próximas elecciones: “busquen, googleen, escuchen radios, vean por la televisión y se van a enterar el desastre que causan las privatizaciones”. Quiere evitar que se repita el pasado. Cuenta que le “preocupa tremendamente que esta situación que provocaron con la privatización se repita. No debe repetirse. A todos y a todas les pido que tomen conciencia: no vayan por las privatizaciones”.

Roque Chimirri trabajaba en el área comercial de AyE: “La privatizaron me afectó de sobremanera, porque fue pasar de tener una vida tranquila, laboralmente acomodada, a quedarte sin trabajo. Tenés que iniciarte de nuevo… Salir a la calle con lo que eso significa, con lo que uno no estaba preparado para afrontar… No porque no lo pudiera hacer, sino por el desconocimiento que uno tenía de la calle al haber trabajado tanto tiempo en una empresa con la que la vida de uno estaba toda relacionada”. Como Olga, resalta que su trabajo era uno de los ejes organizadores de su vida y su familia: “además te afecta en lo familiar, porque el nivel de vida baja, también la capacidad de ingreso, la autoestima, empiezan los problemas familiares hasta que se acomodan las cosas. No es nada grato. Yo tuve un poco de suerte porque hubo gente que me ayudó a tener un trabajo en la vida informal, pero conozco compañeros que han perdido familia, algunos se han quitado la vida”.

“No tengo dudas de que esto se va a repetir si gana la derecha, si gana un gobierno que no ayude a los que menos tienen, que no vaya por la igualdad. Si ganan Milei o Bullrich, lo están diciendo: van por las leyes laborales, por privatizar lo poco que queda, por la reforma jubilatoria, todo lo que nosotros ya hemos vivido. Dios y la Virgen quieran y que iluminen a la gente para que nunca más pase esto”, pide Roque.

Jorge Galati trabajó en SEGBA desde los 18 a los 24 años. Le pasó lo mismo que a Olga, Roque y tantas personas más. Recuerda que “con las privatizaciones nos impusieron los retiros voluntarios, que eran despidos encubiertos”.

Tiene muy presente cómo fue el proceso de privatizaciones: “Yo la viví. Mi viejo se jubiló en la empresa y yo viví todo lo que era esa época, por eso yo quiero tanto a la empresa. Lo que se vivió fue un apriete constante a los trabajadores, un desgaste constante también, en donde te decían que si no agarrabas el retiro voluntario, que era un despido encubierto, tu puesto no iba a estar más. Y si te quedabas, te trasladaban de un lado al otro sin hacer nada, porque no te daban ni computadora ni teléfono, ibas a pasar las ocho horas de trabajo sentado en una silla y así te hacían la psicológica para que agarres el retiro voluntario y te vayas”.

Al igual que en otros testimonios, Jorge cuenta que hay quienes no pudieron recuperarse del daño de las privatizaciones: “hubo gente que la pasó mal, hubo gente que se mató por ese tema. No quiero volver a pasar esas cosas en mi país”.

Cuando escucha hablar de privatizar a algunos que quieren presidir el país, es categórico: “tengamos en cuenta que esto es volver a los 90, recargados, completamente recargados. En aquellos años tenías las AFJP, donde ellos hacían los negocios y vos cobrabas diez pesos. Te decían que cuanto más aportaras, más ibas a cobrar para tu jubilación, y que te la podías llevar toda junta o mes por mes. La gente aportaba. Ellos te cobraban comisión por manejarte esos pesos, tu plata. Un mes aportabas y el otro no podías y la comisión te la seguían cobrando, para ellos era un negocio”.

No quiere que vuelva el pasado y recurre a la memoria y a contarle a la juventud lo que pasó y quiénes fueron los responsables: “ellos quieren volver a las AFJP, volver a hacer grandes negociados. Y uno de los candidatos quiere volver a privatizar todo lo que se volvió a recuperar. Podemos charlar si las empresas recuperadas fueron bien recuperadas o no, pero ellos te dicen que YPF no da ganancias y da ganancias extraordinarias en estos últimos años desde que fue recuperada. A través del CONICET, que ellos dicen que no sirve, hicieron Y-TEC, que es una compañía privada-estatal, digamos, donde hacen las baterías de litio; el CONICET dicen que no sirve, pero hizo los barbijos en la época de la pandemia; están en contra de que el hijo del trabajador vaya a la Facultad”, afirma.

La memoria también es bandera en la lucha de los trabajadores y trabajadoras: “hay que volverle a recordar a la gente grande todo lo que vivió, hay que interiorizar a los jóvenes sobre todo lo que nos hicieron. Hoy aparece una candidata que dice que va a solucionar el país. ¿Solucionó algo cuando fue ministra de Seguridad? No solucionó nada. Fue ministra de trabajo y qué hizo: nada. Salió en un programa de televisión, el de los almuerzos, diciendo que ella estaba preocupada por la gente de Aerolíneas y la rajó a la gente de Aerolíneas. Fue ministra de Trabajo y rebajó el 13% a los jubilados. Todo eso hay que hacérselo entender a los jóvenes. Es la misma que estuvo en 2001. No vienen por vos para mejorar tu vida: viene para hacer sus negociados y mejorar la vida de ellos”, señala Jorge.

Por su parte, Sandra Lizza, ex trabajadora de la empresa SEGBA y de Edenor, entró a trabajar en la empresa del Estado por su padre, porque -como recuerda- “en ese entonces los trabajadores entrábamos por herencia”. Si vuelve sobre ese momento, dice que antes “tenía un trabajo super precario” y que entró “a la empresa trabajando muy bien, como recuperadora de Estado”. Sus compañeros la eligieron delegada de su sección sindical. “En ese momento venían y decían que iban a privatizar y se decían cosas que no sabíamos si eran ciertas o no, pero yo tenía compañeros muy grandes que se preocupaban mucho”. El miedo es parte de la memoria: “tengo el recuerdo de que hubo gente que falleció inclusive por lo que se decía, porque había mucha tensión, decían que iban a ir a buscar a los delegados… Era un momento feo. Yo era muy joven, estaba haciendo una carrera universitaria, me estaba casando, y decía… Bueno, me voy con el retiro voluntario, pensando que siendo delegada por ahí me ofrecían más. Al final me fui con una plata, me compré un autito después de unos añitos, porque yo me iba a trabajar de lo mío, me había recibido de paisajista y trabajé 20 años de lo mío, pero cuando estábamos en la empresa sí empezamos todos a hacer un juicio. En la empresa nos decían que no… que teníamos que comprar las acciones… Yo no entendía nada y cuando no entendés nada es porque no es verdad”.

Sandra trae también lo que pasó con su padre: “mi papá se había jubilado, había entrado a trabajar a los 15 años a la empresa. Vivía en la provincia, re lejos, e iba hasta Puerto Nuevo. Era terrible el trabajo que hacía, era muy riesgoso. Él también inició un juicio. Tengo el papel de las acciones otorgadas que le corresponden, que es un papel que parece que no tuviera valor: mi papá nunca las cobró. Falleció en el 2010, trabajó años, se jubiló por tarea riesgosa”.

Como Jorge, cuando vuelve a escuchar propuestas de privatización, no le resulta indiferente: “te da bronca, para mí son personas a las que no les importa lo que pasó. No creo que lleguen a buen puerto con nada, no van a poder sostener todo lo que dicen. Es un desastre, pero también la gente… es mucho de lo particular… no sé si la gente se encarna tanto en la lucha de otros.  A veces hasta que no te pasan no te das cuenta de las cosas. Y te lo digo con conocimiento de causa”.

Que el futuro no se vuelva pasado

En 1989 la Argentina tenía una democracia reciente. Las Juntas Militares genocidas habían sido juzgadas y condenadas hacía apenas cuatro años en el gobierno de Raúl Alfonsín, pero ya corrían leyes de impunidad que los beneficiaban (faltaría todavía para la llegada de los indultos). La miseria planificada impuesta por la dictadura cívico-militar había dejado además de 30.000 víctimas detenidas-desaparecidas, una deuda externa quintuplicada. El pasaje de un Estado terrorista a un Estado de Derecho estaba en una situación de construcción permanente, con ataques y debilidades.

En un contexto de hiperinflación, Carlos Menem había llegado a la presidencia con algunas promesas que se volvieron tragedias. A pocos días de haber asumido, envió al Congreso una ley para reformar el Estado (23.696) y declaró la emergencia de la prestación de los servicios públicos para dejar el camino liberado para su privatización. A esto lo acompañó con la Ley de emergencia económica. Empresas del Estado como ENTel, Aerolíneas Argentinas, el sistema vial, YPF, el mercado eléctrico (Agua y Energía, SEGBA, Hidronor), Gas del Estado y Somisa pasaron a manos privadas o a sociedades con mayoría privada. Sus trabajadoras y trabajadores, en su mayoría con toda una vida en las empresas, quedaron afuera y sin el reconocimiento económico.

"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, dijo el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, y así fue.

La lucha que sigue por el cumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP)

El proceso de privatización tuvo como respuesta la organización de quienes lo sufrieron. En todos estos años se fueron uniendo, reclamando y luchando. Después de más de 31 años de las privatizaciones, los trabajadores y trabajadoras siguen pidiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de reparación histórica. Van al Congreso, se manifiestan. Hay algunos diputados y diputadas que los reciben y les dan respuesta. Otros tantos no. Ahora, el tema está en la oficina de Presupuesto del Congreso. Esperan que se reconozca lo que es justo, lo que les corresponde. Lo que les sacaron y lo que los dañaron. Esperan una forma de justicia.  

Olga Véliz, quien trabajaba en Agua y Energía de Tucumán cuando fue privatizada, reclama el pago de lo que le corresponde por el PPP. “Si me lo hubiesen pagado, yo hubiese podido tener otro pasar. Yo, mujer sola, con un hijo... No nos dieron las acciones que según la ley nos correspondían después de privatizadas las empresas. Nunca nos dieron porque decían que al ya no pertenecer a la empresa no nos correspondían. Por supuesto que ahí entró a jugar la misma empresa, el gobierno y el sindicato. Y quedamos en la nada. Sin poder cobrar esa plata tan importante que era para cada uno de nosotros. Comenzamos a hacer reclamos dos veces por semana. En un momento llamaron a la Policía y a un grupo de nosotros, entre ellos yo, nos llevaron en cana”, cuenta desde su casa, de la que poco puede salir por sus problemas de salud y porque cuida a su hijo.

Al igual que Olga, en el marco de una acción colectiva, Roque Chimirri reclama el pago de lo que le corresponde: “es importante mantener la lucha y la memoria para que esto no vuelva a ocurrir. Primero, para que se nos reconozca el daño que se nos ha hecho y se nos pague lo que nos corresponde, lo que nos están debiendo. El Programa de Propiedad Participada que se puso en práctica por ley nunca llegó a nosotros porque fuimos despedidos. Nos quitaron, arrancándonos de un tirón”. 

31 años después de las privatizaciones, la lucha sigue. En julio de 2023 la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside la diputada Vanesa Siley (FdT), recibió a ex trabajadores y trabajadoras y debatieron algunos proyectos de reparación. Después de ese encuentro, Siley resaltó que se convocó a una reunión informativa para “trabajar con todos ellos, luchadores históricos de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al Programa de Propiedad Participada”. En ese marco, la Comisión le solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe para hacer una estimación institucional sobre los proyectos que se están tratando. A su vez, la Oficina le hizo un pedido de datos al Ministerio de Economía de la Nación para poder avanzar. Las trabajadoras y trabajadores esperan que esperas respuestas lleguen sin muchas más demoras.   

“Los ex trabajadores de AyE tenemos que mantener la lucha constante y más ahora, que ya tenemos el tan ansiado proyecto de ley. Las cinco empresas, AyE, SEGBA, Correo, Gasnor y Petroquímica General Mosconi, tenemos los proyectos de ley en la oficina de presupuesto. Somos viejos y cobramos la mínima”, sostiene Olga Véliz.

Sandra Lizza, ex trabajadora de la empresa SEGBA y de Edenor, cuenta que tiene esperanza. “En mi caso en particular lucho para acompañar la lucha de muchos compañeros. Me hace muy bien estar con ellos. Es como que la lucha te mantiene viva. También pienso que si luchara más gente las cosas serían diferentes”.

“Hay gente muy grande que va a la puerta del Congreso, ponen voluntad, y no sabés si lo van a llegar a cobrar. Es muy triste ir a la puerta del Congreso, a pesar de que hay diputados que se acercan, pero estamos ahí y decimos: ¿por qué no podemos entrar al Congreso?”, reflexiona Sandra.

A la vez que expresan una gran lucha, los testimonios de las privatizaciones reflejan dolor e injusticia: “se nos utilizó, nos mintieron para poder privatizar. Hay mucha gente que es el día de hoy no tiene ni una vivienda, que trabajó toda su vida. Nunca más tuvieron un trabajo bueno, bueno. Hubo gente que se suicidó”, sintetiza Sandra Lizza.