La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este jueves una denuncia penal en la que pide a la Justicia que investigue posibles tareas de inteligencia ilegal realizadas por la Policía de la Ciudad o la Federal durante el acto que organismos de Derechos Humanos realizaron junto a trabajadores en la ex ESMA el 27 de diciembre. Aquella jornada se hizo un “abrazo” simbólico en defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el gobierno de Javier Milei busca desmantelar y como protesta ante los despidos en la Secretaría de DDHH. El caso quedó radicado en el juzgado Nº 10 de Comodoro Py.
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“Venimos por la presente a denunciar la posible realización de tareas de inteligencia ilegal, en los términos de la ley 25.520, por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Policía Federal, en el marco de la protesta desarrollada el día viernes 27 de diciembre del corriente a las 16, convocada bajo el lema ‘Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a sus trabajadores’”, señaló la denuncia que presentaron Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, Presidentes y Secretario Ejecutivo de la CPM, respectivamente. La Comisión Provincial es un “Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires” y en esa calidad monitorea diversas manifestaciones en pos de evitar que las fuerzas de seguridad vulneren derechos sociales y políticos.
Según la denuncia, a la que accedió El Destape, la CPM detectó y registró con fotografías y filmaciones acciones de policías de civil que se infiltraron en la manifestación. También señaló a la justicia que las fuerzas de seguridad filmaron a los manifestantes por lo que exige que se investigue si se está violando la Ley de Inteligencia Nacional: “Advertimos la presencia de personal policial no identificado (de civil) que deambulaba entre los manifestantes, se comunicaba telefónicamente y que finalmente permaneció junto al personal identificado durante algunas horas. Asimismo advertimos la obtención de filmaciones respecto de las personas que se encontraban participando de la manifestación, tanto dentro del edificio de la ex ESMA como durante la concentración en la vía pública”, sostuvo el escrito de 12 páginas.
Para los denunciantes, “los hechos que aquí denunciamos, podrían inscribirse en los supuestos vedados en la normativa de inteligencia nacional”. En esa línea, indicaron que “la actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la Ex Esma y las organizaciones sociales que los acompañaban. Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”.
En este marco, como medidas de prueba, el organismo de derechos humanos pidió que la Justicia le reclame al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que informe:
- Quiénes fueron las autoridades y el personal policial que fue asignado al operativo de seguridad en la exESMA.
- Si hubo personal policial de civil actuando.
- Y si hubo presencia de agentes o funcionarios de otras fuerzas policiales, de seguridad o inteligencia del Estado, “incluyendo la participación de personal no identificado”.
- También pidió se informe sobre el “personal asignado a la tarea de captación de imágenes”.
Respecto al Ministerio de Seguridad de la Nación, la CPM requirió a la Justicia para que informe si las fuerzas policiales o de Seguridad que están bajo su órbita tuvieron algún tipo de participación en el operativo. Se hizo un planteo similar respecto a quienes cumplen tareas dentro de la ex ESMA.
En sintonía con lo ocurrido el 27 de diciembre, este jueves policías se apostaron en la exESMA y revisaron el listado de despidos para impedir el ingreso de trabajadores al predio recuperado que durante la última dictadura cívico-militar la Marina utilizó como un centro clandestino de detención y tortura.
De civil ¿e infiltrados?
De acuerdo a la narración de los hechos que hicieron desde la CPM “aproximadamente a las 16:30 se pudo observar a una persona vestida de ‘civil’ que interactuaba con personal de policía de la ciudad. Ante esta situación, mantuvimos la observación de la escena y advertimos que se aproximó una segunda persona que tampoco tenía identificación policial. Luego de unos minutos, uno de ellos se separó y se dirigió al sector en que se encontraba el grueso de los manifestantes”. Todo quedó registrado por la comisión, que aportó a la Justicia fotografías y videos.
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Al encontrarse con esa escena, desde la CPM interpelaron a un policía de la Ciudad que se encontraba frente a la ex ESMA. “Al presentarnos y requerirle nos informe si esas personas eran policías de civil nos manifestó que todo el personal de la policía de la ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo”. Ante esta contestación, desde la CPM fueron a buscar “a quienes presumíamos personal policial no identificado para requerir nos informen al respecto, momento en el cual se cruzan de vereda en sentido contrario y se reúnen con el personal de la policía de la ciudad e interactúan con dos personas que se encontraban vestidas con saco, sin identificación y portando handys”.
Desde la comisión advirtieron que esas personas de civil “estuvieron presentes desde el primer momento en que arribó el equipo de Monitoreo de la CPM y permanecieron circulando tanto entre los manifestantes como con el personal de la policía de la ciudad”.
Inteligencia “en imágenes”
La denuncia también da cuenta de que “durante toda la jornada hubo personal policial filmando tanto en el interior como en el exterior del edificio de la ex ESMA”.
“Al arribar al lugar, siendo aproximadamente las 16 hs, notamos que personal policial identificado y munido de una filmadora, se retiraba del establecimiento filmando de manera continua a los presentes, incluidos los manifestantes”, da cuenta la denuncia. “Esta acción se trasladó a la vereda de enfrente del edificio y se prolongó, tal como advertimos, durante toda la jornada”, se añadió en el escrito.
Antecedentes
En su presentación judicial, la CPM recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia en el que “planteó la necesidad de un marco jurídico que regule la supervisión de las actividades de inteligencia por parte de una institución civil independiente y destacó los límites de la inteligencia estatal a los efectos de lesionar los derechos humanos y en la vida privada de las personas. Para eso deben perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
En esa decisión de la Corte IDH se “señala que la criminalización de la protesta se realiza mediante actividades de espionaje, seguimiento, infiltración y otras tareas encubiertas. Dichas acciones encubiertas son, mayormente, desproporcionadas y excesivas para los bienes jurídicos que pretenden proteger o afectaciones que se buscan prevenir”.
También hizo alusión al procesamiento de tres efectivos de la Policía Bonaerense por hacer inteligencia ilegal en el marco de una concentración en las inmediaciones de un juicio oral en el que eran acusados otros policías de la misma fuerza, “justamente por tomar fotografías y filmaciones a los asistentes, vestidos de civil y sin identificación alguna”, destacó la CPM. Ese procesamiento estuvo a cargo del juzgado federal Nº 2 de Morón y fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Con estos antecedentes, la Comisión Provincial por la Memoria exigió a la Justicia que avance en pos de esclarecer estos hechos.
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