Convocado por el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el encuentro “Espacio público y derechos humanos. Aportes para una reforma legislativa”, con el fin de discutir las problemáticas que enfrentan quienes habitan o trabajan en la vía pública. En el evento, referentes del ámbito judicial, legislativo y de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron la creciente criminalización de estas personas y llamaron a impulsar una legislación más justa e inclusiva.
El pasado 3 de octubre, la sede del Instituto Fray Bartolomé de las Casas (Ingeniero Huergo 1189, CABA) fue el escenario de una jornada de reflexión y análisis sobre la situación que viven las personas en situación de calle y los trabajadores de la economía popular que desarrollan su actividad en el espacio público. Bajo el lema “Espacio público y derechos humanos. Aportes para una reforma legislativa”, los organizadores buscaron poner en agenda la necesidad de cambiar las leyes vigentes para evitar la persecución de quienes no tienen otro lugar para sobrevivir más que la calle o ven en la venta ambulante su única fuente de sustento.
El encuentro, que contó con la participación de jueces, legisladores y representantes de distintas organizaciones sociales, se centró en visibilizar las violencias institucionales que padecen estos colectivos y en proponer alternativas legislativas que permitan un uso del espacio público basado en la dignidad y el respeto de los derechos humanos.
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El juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, inauguró la charla subrayando que “analizar el espacio público sin tener en cuenta el contexto económico, social y político es una tarea en vano”. Gallardo describió tres tipos de expulsión que llevan a las personas a utilizar la vía pública para habitar o trabajar: la vinculada a la pobreza y la falta de empleo formal; la búsqueda de un lugar donde expresarse y protestar; y la de quienes, en una situación de extrema vulnerabilidad, no tienen otra opción que vivir en la calle.
“La reacción del poder, tanto nacional como local, es la represión en distintas formas”, afirmó el magistrado. Frente a la falta de políticas públicas que contengan y superen las condiciones de vulnerabilidad, el desplazamiento y la violencia estatal se convierten en las únicas respuestas visibles. “En vez de asistir y dar soluciones, lo que se hace es potenciar la exclusión”, concluyó.
La descripción de Gallardo fue complementada por las intervenciones de otros especialistas que, desde diferentes perspectivas, profundizaron en cómo las normativas vigentes y la acción de las fuerzas de seguridad construyen un sistema de criminalización de la pobreza y la marginalidad.
Lucas Ciarniello Ibáñez, secretario académico del IFBC y moderador de la jornada, habló sobre la “necesaria reforma de las normas utilizadas por operadores judiciales y fuerzas de seguridad para criminalizar a las personas que viven y trabajan en las calles”. Para Ciarniello, esto es una manifestación de la violencia institucional que se caracteriza por prácticas específicas —como detenciones arbitrarias y requisas ilegales— perpetradas por funcionarios públicos en un contexto de vulneración de derechos en la vía pública.
Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos, aportó la mirada de quienes ejercen actividades de la economía popular en la calle. “Los trabajadores de la economía popular existen y no son un fenómeno en transición”, aseguró, aludiendo a más de seis millones de personas que se ven forzadas a ganarse la vida en la informalidad, sin reconocimiento legal ni protección estatal. “La falta de reconocimiento como sujetos de derecho o de legitimidad de nuestro trabajo se traduce en criminalización, discriminación y, en muchos casos, en el robo de nuestro material de trabajo”, denunció.
Vaimbrand también se refirió al uso desmedido de la ley de marcas (Nº 22.362), creada para proteger los derechos de propiedad intelectual de las grandes corporaciones, pero que en la práctica se usa para decomisar y destruir la mercadería de los vendedores ambulantes, en especial de los migrantes. “Todos sabemos que las prendas que vendemos no compiten con las grandes marcas y no generan una competencia desleal”, afirmó, al tiempo que cuestionó: “¿Qué pasa con la mercadería secuestrada? No aparece nunca”.
En la misma línea, Fabián Carrizo, de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular (RITEP), sumó que la ley de marcas se utiliza para “criminalizar a un conjunto de trabajadores expulsados del mercado laboral”. A través de la venta de productos a precios accesibles, estos vendedores atienden las necesidades de sectores populares que no pueden pagar los precios del mercado formal, generando una suerte de “regulador social” para que más personas puedan acceder a productos básicos.
Jorgelina Di Iorio, integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, explicó el funcionamiento del Registro Unificado de Violencia contra Personas en Situación de Calle, una herramienta colaborativa que permite geolocalizar hechos de violencia institucional en todo el país. Entre agosto de 2023 y 2024, se registraron más de 320 casos de violencia hacia personas en situación de calle, incluyendo detenciones arbitrarias, desalojos y agresiones.
“Los datos están extraviados porque no es una prioridad para el Estado registrar estas violencias. Fundamentalmente, porque el Estado las produce”, remarcó Di Iorio. También denunció la existencia de un protocolo del gobierno de la Ciudad que patologiza la pobreza al aplicar procedimientos destinados a personas en situación de calle con padecimientos de salud mental, una práctica que —según indicó— “busca legitimar intervenciones punitivas disfrazadas de asistencia”.
La jueza Natalia Ohman, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad, relató un caso emblemático en el que anuló 188 requisas sin orden judicial a personas en situación de vulnerabilidad, como cartoneros o personas que recogían residuos. “Se están usando herramientas de coerción procesal propias del derecho penal para castigar sin pena, sin juicio”, advirtió. Para la magistrada, estas prácticas reemplazan los antiguos edictos policiales con medidas que aparentan ser más legítimas, pero cumplen la misma función de persecución y estigmatización.
Ohman enfatizó que los jueces tienen una responsabilidad en defender los derechos de los sectores más desfavorecidos: “Los jueces integramos un poder del Estado. Y en la medida en que no lo ejerzamos, ese poder se pierde”.
Natalia Zaracho, diputada nacional de Unión por la Patria, y María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad, coincidieron en que es urgente avanzar hacia un nuevo marco normativo que priorice la dignidad de las personas por sobre la propiedad privada del espacio público. Muiños criticó duramente la falta de legalidad del protocolo de la exministra Patricia Bullrich y subrayó que “hoy la Ciudad está en un virtual estado de sitio” ante cada manifestación que es reprimida por las fuerzas de seguridad.
El encuentro dejó en claro que la criminalización de la pobreza y el trabajo en la vía pública no es solo una cuestión de orden público, sino un reflejo de una crisis social que requiere una respuesta estructural. Si no se abordan las causas de fondo que llevan a miles de personas a vivir o trabajar en las calles, cualquier intervención no será más que una forma de profundizar la exclusión y la violencia.
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