Sin tratamiento del proyecto de Presupuesto de este año, el Gobierno avanzó en la prórroga de la ley de leyes vigentes desde 2023. El Gobierno aprobó la “adecuación” de los gastos y recursos de Presupuesto 2023, prorrogado al ejercicio 2025. La prórroga incluye un ajuste de 1,96 billones de pesos en los recursos (-26,7% interanual descontada la inflación) y un tijeretazo del gasto de 1,51 billones (-26,3% interanual). El recorte es incluso mayor al que se desplegaba en el proyecto de Presupuesto que el mismo Gobierno presentó ante el Congreso.
“El nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una Ley o DNU”, señala el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Tal como se preveía, el gobierno de Javier Milei contará –a partir de no contar con un presupuesto aprobado para el actual ejercicio—total discrecionalidad para ampliar, reducir y reasignar partidas. Si se compara con el proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre por La Libertad Avanza, se destaca un recorte de gastos y recursos aún mayor en esta ampliación. En la iniciativa que no fue tratada en el Congreso, el recorte del gasto era de 22,5 por ciento en los recursos y de 18,4 por ciento en los gastos. La prórroga contempla además un deterioro del resultado financiero, que cerraría con un déficit de 6,56 billones de pesos, equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos totales.
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Afinando los números con motosierra
Este jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la segunda prórroga del Presupuesto 2023, dando cumplimiento artículo 27 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que estipula que en los casos en que, al inicio del ejercicio financiero, no se encontrase aprobado el presupuesto general para la Administración Nacional, el Poder Ejecutivo está facultado a realizar las adecuaciones necesarias en recursos, en gastos y de aplicaciones financieras.
Por el lado de los recursos totales, se determinó un total de 88,01 billones de pesos para el ejercicio 2025, lo que representa una caída nominal de 1,96 billones respecto al total de recursos previstos al cierre del año 2024, lo que ajustado por inflación implica una variación de -26,7 por ciento interanual. Si se considera el monto previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que era de 113,6 billones de pesos, la diferencia asciende a 25,59 billones.
Dentro de los recursos corrientes, la principal diferencia se debe a la disminución de los Ingresos Impositivos que, respecto al total de recursos vigentes al cierre del año 2024, asciende a 5,65 billones de pesos, con una caída del 32,4 por ciento. “Esta disminución coincide exactamente con el nivel de impuesto PAIS previsto en el ejercicio 2024, lo que implica que el resto de los impuestos repiten el nivel nominal de 2024 y, en consecuencia, que no se da cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo 27 en cuanto a los Ingresos Impositivos, ya que no se realizó una estimación para el nuevo ejercicio”, señala ASAP.
La prórroga revé un incremento en la recaudación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social en 3.796.190 millones de pesos (-13,9 por ciento interanual), compensando parcialmente la caída proyectada en la recaudación. En cuanto a los ingresos no impositivos, se prevé menores recursos para el 2025 (-102.467 millones de pesos, -29,5 por ciento).
Por su parte, los gastos previstos para el ejercicio 2025 ascienden a 94,57 billones de pesos, lo que representa una reducción de 1,51 billones en comparación con el cierre del ejercicio 2024 (-26,3 por ciento). Si se considera el total de gastos contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que era de 115,92 billones de pesos, la diferencia es de 21,35 billones.
Entre los cambios de la estructura de funcionamiento, se observa que a nivel institucional se crea el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con su respectivo Servicio de Administración Financiera, mientras que se disuelve el Ministerio del Interior y el Ministerio de Infraestructura, tal como estaba previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025. En el caso de Interior, los créditos pasan principalmente a Jefatura de Gabinete, mientras que los de Infraestructura, pasan a Economía.