El embajador en Nicaragua, Daniel Capitanich, llegó a Buenos Aires llamado "a consulta" y, adelantaban en Cancillería, no volverá a su puesto hasta que el gobierno de Daniel Ortega no ofrezca alguna señal concreta de modificar la actitud persecutoria a dirigentes opositores de las últimas semanas. En el equilibrio que busca mantener el Gobierno sobre este tema, en la reunión de este martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el representante argentino dio un discurso marcando la preocupación por las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, al tiempo que no acompañó un documento condenatorio propiciado por Estados Unidos, por considerar que busca intervenir en el proceso electoral nicaragüense. "Mantenemos una posición clara y digna", resaltaban en el Gobierno.
Lo sucedido en los últimos días no invitaba al optimismo. Luego de que la semana pasada Argentina y México se abstuvieran de condenar al gobierno de Ortega en la votación que promovió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller Felipe Solá intercambió mensajes con su par nicaragüense, Denis Moncada. Desde Managua llegó un agradecimiento al Palacio San Martín por no haberse plegado a la estrategia armada desde Washington. Solá respondió con un pedido de apertura de diálogo, en una gestión que buscaba conseguir avances en la situación interna en Nicaragua. Que no avalara la condena fogoneada por Almagro -el gobierno argentino no le reconoce ninguna entidad política al secretario de la OEA- no significaba que no tuviera conocimiento de los graves problemas que arrastra la administración de Ortega.
Pero el canciller sólo recogió silencio. No sólo no hubo señales de un cambio de actitud sino que el gobierno de Nicaragua detuvo a otros cinco dirigentes opositores. En total, ya suma al menos 16 dirigentes detenidos -incluyendo cinco precandidatos a la presidencia para las elecciones de noviembre- en virtud de una ley aprobada por la Asamblea Nacional que califica como “traidores a la patria” e inhabilita para cargos electivos a quienes el Gobierno considere que promueven la injerencia extranjera en los asuntos internos. En la Cancillería presumían que, si en estos días no habían tenido novedades desde Managua, no veían razones para que hubiera algún cambio en el futuro cercano. Por eso imaginaban una larga estadía del embajador Capitanich en Buenos Aires.
"Queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular por las detenciones de figuras políticas de la oposición -medida cuya reconsideración solicitamos-, así como por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia", manifestó ayer el embajador Federico Villegas Beltrán, representante argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, instó al gobierno de Ortega a cooperar con los mecanismos del Consejo e implemente las medidas recomendadas por la alta comisionada, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
Fue una intervención crítica del diplomático argentino, en sintonía con lo que expresó la propia Bachelet, quien subrayó que la crisis de Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante” y denunció un “clima de temor” impuesto por Ortega. Pero la postura argentina se mezcló en las noticias con la decisión de no acompañar un documento propiciado por Estados Unidos, que votaron 59 países, condenando al régimen nicaragüense. Como es habitual en estos casos, en paralelo el Parlamento estadounidense prepara un proyecto de ley con una batería de sanciones contra Nicaragua, incluyendo su expulsión del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.
"Nosotros acompañamos las propuestas de Bachelet y sus investigaciones, pero nunca aprobamos documentos dirigidos contra un país", explicaban en el Palacio San Martín. En este caso en particular, sostenían que Estados Unidos buscaba intervenir en el proceso electoral nicaragüense, como lo viene intentado desde hace tiempo en Venezuela. "De ninguna manera avalamos violaciones a los derechos humanos, pero no hacemos seguidismo de Estados Unidos", completaban cerca de Felipe Solá, quien justamente ayer estuvo en las Naciones Unidas, pero en su sede central de Nueva York, para participar de la reunión del Comité de Descolonización donde volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía en las islas Malvinas.
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