El presidente Alberto Fernández le contestó este viernes al procurador interino, Eduardo Casal, por las críticas que vertió sobre él a raíz de su defensa a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en el marco de la avanzada del lawfare.
Fernández le cuestionó su "doble vara" a la hora de evaluar hechos institucionales y su falta de impulso de investigaciones respecto al vínculo del ex presidente Mauricio Macri y su "mesa judicial" con ciertos fiscales y jueces que iban a la Quinta de Olivos.
El Presidente cuestionó el "celo" de Casal por los "procesos penales" en su carta, mientras que "hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes" respecto a visitas de "destacados miembros del Poder Judicial a Macri" en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada", el rol del "prófugo" operador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y otros ex funcionarios de la “Mesa Judicial” y en "garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en el ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos".
"En todos estos casos es imprescindible que los procesos sean transparentes y que los funcionarios y magistrados intervinientes no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad", sentenció.
Fue así que cuestionó la "doble vara para medir hechos institucionales" y la "sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos".
Es por eso que, sostuvo, "tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos".
También le recordó a Casal que fue "convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias".
Fernández acusó a Casal de no haberse "preocupado, ni ha visto injerencia alguna" cuando Macri, "estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado", recordando que en su Twitter sostuvo: “Lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.
En la misma tesitura, el Presidente añadió que a Casal no le "llamó la atención" que Macri "instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara (textual) 'creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político'", y le advirtió al Consejo de la Magistratura que el magistrado hizo “varias" y anheló que con "todas las pruebas" el Cuerpo evaluara "seriamente destituirlo”.
En este caso, indicó el Jefe de Estado, "no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal"
La carta del mandatario fue en respuesta a una nota enviada por el Procurador el jueves, por intermedio del Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. En la misma, según Fernández, Casal definió como una "'perturbación' al ejercicio de las funciones de un fiscal" los dichos en el canal TN, donde el Presidente denunció una “persecución judicial y mediática” contra Vicepresidenta.
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Fernández comenzó señalando que sus expresiones fueron realizadas no buscaron" condicionar el accionar de un funcionario" y que "fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso".
Según el Jefe de Estado, "el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática". En ese marco, puso como ejemplo que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva "fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales".
"El Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU", recordó Fernández, sostuvo que ese proceso judicial fue "una persecución judicial, mediática y política" con el objetivo de que "Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular".
Fernández sostuvo que "cualquier ciudadano, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar".
En ese sentido, afirmó que no infringió los límites establecidos en el artículo 109 de la Constitucion, "toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas". Bajo este punto, Juntos por el Cambio anunció su intención de impulsar un juicio político al Presidente.
Por último, el Presidente sostuvo que la democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aun en fuerte disidencia", añadiendo que "nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad", para no repetir las "experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño" y que se pueda "vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana".
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